Según los datos más recientes del Dane, en el país el desempleo juvenil (entre 15 y 28 años) llegó al 19,3% (febrero 2024), lo que representa un aumento de 0,6 puntos frente al mismo periodo de 2023. Las ciudades con la mayor tasa de desempleo juvenil son: Quibdó (37,7%), Riohacha (29,4%), Cúcuta (25,6%), Cartagena (24,9%) y Sincelejo (24,15%). De otro lado, la matrícula en educación superior (universitaria, técnica y tecnológica) se ha ido rezagando frente al ritmo de crecimiento de la población juvenil. Pasamos de una matrícula en pregrado, en 2022, de 2.259.970 estudiantes a 2.284.637 en 2023. De ese aumento, 21.407 cupos fueron en instituciones de educación superior oficiales y 3.260 en privadas. Las ciudades que ofrecen más cupos son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
Estos datos muestran que en la mayoría de las ciudades la juventud no encuentra oportunidades laborales ni académicas. En donde hay más cupos universitarios, el desempleo es menor. Las ciudades pueden cumplir un papel importante, tanto en la generación de empleo, como en el mejoramiento de la cobertura educativa. Estas iniciativas de las ciudades tienen que estar articuladas a los programas nacionales. Desafortunadamente, esta integración no se está llevando a cabo.
Uno de los principales obstáculos que enfrentan las ciudades para ser más competitivas, es que no cuentan con talento humano pertinente, suficiente y formado con calidad. De acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta Manpower Group Talent Shortage (2022), el 75% de los empleadores a nivel mundial reportaron dificultades para suplir los puestos de trabajo que tenían disponibles. Esta situación es especialmente notoria en las ciudades.
En todo el mundo, desde las administraciones locales, en alianza con el sector privado y las instituciones de educación superior (públicas y privadas), se están desarrollando proyectos que buscan cerrar las brechas, de tal forma que se pueda contar con el talento humano requerido para asegurar el desarrollo exitoso de los sectores líderes de las economías metropolitanas.
Uno de los grandes logros del siglo XX fue el avance en la masificación de la educación superior. Actualmente, según la Unesco, unos 254 millones de estudiantes están matriculados en educación superior en el mundo. Sin embargo, las tasas brutas de cobertura tan solo se acercan al 42%, y existen grandes desigualdades entre los países, zonas y regiones. En Colombia, a pesar del creciente dinamismo de los últimos 20 años, la cobertura llega al 55%, muy cerca al promedio de América Latina (54%), pero aún muy por debajo de países como Chile (95%), Argentina (93%) o Uruguay (65%). Según datos de la Ocde, persiste una fuerte brecha entre Colombia y el promedio de países desarrollados que alcanzan una cobertura de 75,1 %
Las ciudades invierten en estrategias de acceso a educación superior y de formación para el trabajo por varias razones, entre ellas: i) El mayor nivel educativo se expresa en una economía más dinámica y competitiva, ii) La promoción de una economía basada en la generación de conocimiento promueve la innovación y el desarrollo. iii) El acceso a educación superior de calidad es esencial para la generación de empleo y el crecimiento de la productividad de las ciudades. iv) Un talento humano preparado tiene la capacidad de adaptarse mejor a los cambios tecnológicos y a las nuevas necesidades del mercado laboral. Los beneficios son múltiples. Rescato cuatro: i) Mayor crecimiento económico y productividad en el mediano y largo plazo, ii) Mayor recaudo de impuestos en el futuro (las personas que acceden a educación posmedia tienen mayores ingresos), iii) Mejores decisiones políticas (fortalecimiento de la democracia) y iv) Mayor movilidad y cohesión social.
En Colombia, la financiación –a gran escala- del acceso a educación superior ha sido una responsabilidad casi que exclusiva del Gobierno Nacional. Algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Manizales y Bucaramanga han diseñado programas que permiten el aumento de las coberturas. En este proceso han sido muy importantes los créditos educativos en alianza con el Icetex. No obstante, el alcance de estas intervenciones, los resultados están lejos del tamaño del desafío. En Bogotá, por ejemplo, cuando el presidente Gustavo Petro era alcalde, con la estrategia de educación superior se tuvieron 3.015 beneficiarios durante los cuatro años, y en la del exalcalde Enrique Peñalosa, se otorgaron 4.251 cupos. En Bogotá se gradúan del bachillerato un poco más de 73.000 jóvenes al año y cerca de la mitad no logra acceder a educación superior de manera inmediata. El impacto fue muy poco.
En el cuatrienio 2020-2024 (alcaldesa Claudia López), Bogotá invirtió alrededor de 2 billones de pesos en educación superior, educación para el trabajo y cursos cortos. Se logró beneficiar a 41.075 estudiantes en superior (Jóvenes a la U) y a 35.216 personas con programas de educación para el trabajo y cursos cortos (Todos a la U). La semana pasada, el alcalde Carlos Fernando Galán lanzó el programa Jóvenes a la E que, manteniendo en líneas generales lo avanzado en la anterior administración, espera beneficiar a 27.700 jóvenes durante los cuatro años en educación superior y a 12.000 en cursos cortos de educación para el trabajo y el desarrollo humano. La inversión será de cerca de 1,7 billones de pesos. Bogotá demuestra la importancia de construir sobre lo construido y, en este caso, beneficiar a la juventud.
Las ciudades que hoy quieren competir en el mundo globalizado deben destinar recursos de sus presupuestos para financiar programas de acceso a educación posmedia de calidad y pertinentes. En Bogotá, durante la administración de Claudia López, el aumento de cobertura fue posible porque la deuda se incrementó, y ello permitió multiplicar por diez los avances en cobertura. Acceder a recursos de crédito para financiar este tipo de programas está más que justificado si tenemos en cuenta los beneficios de invertir en el capital humano. Es claro que las ciudades deben buscar nuevas fuentes de recursos para financiar programas de acceso a educación posmedia a gran escala. Puesto que el crédito finalmente se tiene que pagar, las fuentes alternativas de recursos debe ser uno de los puntos de discusión en la agenda de descentralización en Colombia, y ojalá sea un asunto central en las reformas que se propongan a la Ley de Educación Superior (en la que se pueda avanzar en un concepto de educación posmedia) y del Sistema General de Participaciones.
La falta de articulación entre las ciudades y el gobierno nacional, impide que se cumplan las metas en educación superior, y que el país mejore de manera significativa la cobertura y la calidad. La elaboración de los planes de desarrollo municipales es la oportunidad para avanzar en ese propósito, y para que el gobierno nacional revise sus metas y la forma de trabajar con los entes territoriales. Los jóvenes necesitan oportunidades y el Estado está en obligación de ofrecérselas.
Posdata. Profundamente doloroso vivir la situación por la que atraviesa la Universidad Nacional. El no cumplimiento por las reglas de juego establecidas, el recurrir a acciones violentas para expresar los desacuerdos, el irrespeto por los miembros de la comunidad universitaria, entre otros, están dejando profundas cicatrices. Insisto en mi llamado a la serenidad, al diálogo y al cuidado de nuestra UN.
