La historia del bachiller que se fue a prestar el servicio militar y nunca volvió

En enero de 2021, Sebastián Quiñones Echavarría, un joven de 18 años, llegó con su padre a las oficinas de la Registraduría Nacional, en el centro de Cali, Valle del Cauca, con la intención de sacar su cédula de ciudadanía. Tras salir de cumplir con el trámite, un grupo de uniformados lo detuvieron para preguntarle si ya había solucionado su situación militar y le informaron que allí podría terminar su bachillerato, por lo que lo invitaron a acercarse a las oficinas del batallón Pichincha de la Tercera División del Ejército.

Con el deseo de obtener su libreta militar, Quiñones se presentó el 27 de enero y pasó los exámenes médicos. Fue declarado apto para el servicio e ingresó a comienzos de febrero, cuando se realizaba la incorporación de los soldados bachilleres.

Durante siete meses permaneció en el batallón Pichincha, realizando tareas de seguridad en Cali y en varios municipios cercanos a la capital del Valle. Por su liderazgo y capacidad de trabajo, fue escogido por sus superiores para ir a prestar seguridad a una estación de energía en la base militar de Bajo Anchicayá, adscrita al batallón de alta montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo, ubicado en el municipio de Dagua, Valle del Cauca.

Su vida cambió drásticamente el 23 de agosto de 2021. Sebastián Quiñones fue despojado de sus prendas militares, de su arma de dotación y, posteriormente, fue expulsado, sin ninguna razón legal justificada, de las instalaciones del batallón, por orden del sargento Duberney Chacón Hernández, encargado del pelotón al que pertenecía. Quiñones fue acompañado hasta la salida de la base militar por el cabo segundo Jhonatan Orozco.

Según la versión de los compañeros del joven uniformado, en la cafetería del batallón, Quiñones tuvo una discusión con un compañero, al parecer por el robo de unos panes, lo que originó una fuerte pelea que al final hizo que Quiñones tomara la decisión de salir de la base.

El cabo Orozco, que se aproximó al lugar para mediar en la discusión, le pidió a Quiñones que se calmara y le ordenó al sargento Chacón que lo dejara salir, pero que dejara sus elementos militares y su arma de dotación. 

En videos de las cámaras de seguridad se ve cuando Quiñones sale caminando solo hacia la salida de la instalación militar, vistiendo una camiseta y pantaloneta negra. En su espalda lleva un morral con sus artículos personales.

Minutos después, se ve al cabo Orozco caminando también hacia a la salida, donde al parecer habla con el joven. Según Orozco, le recordó que no iba a interferir con su decisión y que era libre de irse porque en el Ejército a nadie se le obliga a permanecer, y que tendría que responder ante una posible investigación por deserción.

En el video se ve la última imagen con vida de Quiñones, cuando, según contó Orozco, este le advirtió que la base estaba en una zona de alto peligro, por la presencia de grupos ilegales.

La base militar está ubicada entre el parque Farallones y es la entrada al mar Pacifico, zona que históricamente es un corredor del ELN y las disidencias de las Farc, así como de bandas delincuenciales que ejercen control a las operaciones ilegales de minería y el narcotráfico. 

La versión de los militares es que el joven era consciente de que la base estaba alejada de la población, de que no habría comercio ni transporte público; la única manera de salir sería caminando, a lomo de mula, vía aérea o con un transporte terrestre previamente organizado.

En el momento de su salida, un compañero le envió un mensaje de Facebook a la hermana de Quiñones, informándole que un sargento había decidido poner de civil a Sebastián y bajarlo de guardia: “Dicho traslado habría sido efectuado por un cabo y dos soldados, quienes luego de bajarlo a la guardia lo despojaron del fusil y el uniforme. Posteriormente, un cabo habría ordenado que lo expulsaran del  perímetro de la base militar”.

Al conocer de su pronta salida y del mensaje del compañero de servicio, la familia del uniformado comenzó a preguntar cómo podrían ayudar a su hijo. Las horas pasaron sin que tuvieran noticias de Sebastián. 

Solo a las ocho de la noche de ese 23 de agosto, el  sargento Chacón se comunicó con ellos para contarles que su hijo se había ido del batallón y que estaba pendiente de cuando se comunicara para saber qué había pasado con su subordinado.

Las semanas pasaron y el joven nunca llegó a su casa, por lo que su familia comenzó a denunciar la desaparición en redes sociales y medios de comunicación, así como a adelantar una búsqueda por la zona. 

El 3 de septiembre de 2021, por intermedio de la Personería del Municipio de Dagua, Leydi Echavarría, madre de Sebastián, pudo llegar a donde fue visto por última vez, y encontró varias inconsistencias: las pertenencias de Sebastián estaban incompletas; y en la libreta de la entrada al batallón, el nombre de Sebastián estaba escrito en una esquina, fuera de margen. Además, le impidieron interrogar a la persona encargada.

En busca de respuestas, el 8 de septiembre de 2021, los padres del joven desaparecido presentaron un derecho de petición ante los comandantes de la Tercera Brigada y de la Tercera División del Ejército, solicitando información sobre el paradero de Sebastián y la entrega de elementos de prueba.

El 13 de septiembre de 2021, conocieron que, según el Ejército, su hijo, el soldado Quiñones, se encontraba evadido del área de operaciones y, por lo tanto, se le había iniciado un procedimiento administrativo por el delito de deserción.

Buscando claridad por parte de la Tercera División del Ejército, los padres del soldado presentaron una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, frente a la gravedad de los hechos, les otorgó medidas cautelares.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación abrió dos investigaciones por el delito de desaparición forzada: una, adelantada por la Fiscalía 32 Especializada de Cali; y otra, por la Fiscalía 4 especializada de Tuluá, con la tarea de dar con la ubicación de Sebastián Quiñones Echavarría. 

Luego de organizar varios plantones en las instalaciones militares y en la Alcaldía de Cali, la familia de Quiñones se enfrentó a una dura realidad: el 28 de febrero de 2022, en zona rural de Dagua, había sido encontrado, en una fosa común, un cuerpo con las características del joven desaparecido.

Luego de varios exámenes en Medicina Legal, se pudo confirmar el 15 de marzo que los restos sí eran de Sebastián Quiñones Echavarría. Para su familia terminaba la incertidumbre de saber qué había pasado con su hijo, pero comenzaba el litigio por conocer las verdaderas razones de su muerte.

Qué dijo el Ejército 

Cuando se conoció de la desaparición, el Comando de la Tercera Brigada emitió dos comunicados, el 27 de agosto y el 9 de septiembre de 2021, en los que indicaron que Sebastián había salido de la base militar, y que, de inmediato, habían activado los protocolos de seguridad y búsqueda del soldado. 

La división emitió una nueva comunicación en la que aseguró que "el soldado Sebastián Quiñones Echavarría, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa común cercana a la base del Bajo Anchicayá, entre Dagua y Buenaventura, fue asesinado por integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Sexta, de la Compañía Jaime Martínez, disidencias de las Farc".

En el comunicado, el Ejército aseguró que había adelantado las acciones de búsqueda para dar con su ubicación, luego de que desapareciera el 23 de agosto de 2021, y que fue durante una operación militar llevada a cabo el 11 de enero de 2022, cuando se tuvo información de una fosa común en zona rural del municipio de Dagua.

“Ayer, 15 de marzo, el CTI de la Fiscalía General de la Nación confirmó que la identidad del cuerpo sin vida encontrado el día 28 de febrero corresponde a Sebastián Quiñones Echavarría, quien fue soldado del Ejército Nacional. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cumpliendo los protocolos, entregó el cuerpo a sus familiares. Inmediatamente, con la información obtenida, se hicieron las coordinaciones respectivas para que junto con la Fiscalía General de la Nación se realizaran los actos urgentes”, aseguró el Ejercito.

El Comando de la Tercera Brigada agregó que desde el primer momento se prestó acompañamiento con el área de psicología militar y otros especialistas del Centro de Familia, hasta cuando la familia lo permitió.

El Ejército sostuvo que, sobre las acciones desarrolladas, mantuvo comunicación permanente con las autoridades locales, el Ministerio Público, instituciones y veedores de derechos humanos, quienes se sumaron desde sus competencias en la búsqueda de Sebastián Quiñones, brindando información y apoyo a sus familiares.

“En cumplimiento del principio constitucional de colaboración armónica entre las instituciones, el Ejército Nacional continuará presto, como lo ha hecho hasta el momento, para atender los requerimientos de las autoridades judiciales, con el fin de que se adelanten con celeridad y total transparencia las investigaciones correspondientes”.

La familia no cree

Lorenzo Quiñones, padre de Sebastián, cree que la muerte de su hijo tiene muchas inconsistencias y que e Ejército deberá responder por ellas. Mientras tanto, espera que la Fiscalía avance en las investigaciones que dos años después de su desaparición y muerte no han llegado a ninguna conclusión.

Para el padre del joven fallecido, se debe investigar no solo a los sargentos Duberney Chacón y Orozco, encargados del soldado, sino también el mayor Cristian Camilo Botina, segundo comandante del batallón Anchicayá, quien cubría las vacaciones del comandante Raúl Llanos en el momento en que Quiñones salió del batallón.

Expertos consultados por CAMBIO aseguran que el primer error fue del mismo Ejército, que permitió la salida del soldado Quiñones, a sabiendas de que corría el riesgo de ser atrapado e interrogado por las disidencias. 

En todo caso, la hipótesis presentada por el Ejército de que la muerte del joven fue a manos de las disidencias no lo cree la familia, que sospecha que el hecho pudo haber sido cometido por los mismos militares.