Nuevo modelo de salud para los docentes públicos es improvisado: Procuraduría

A principios de abril el Gobierno y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) acordaron poner en funcionamiento el nuevo modelo de salud para los y las docentes del Estado. 

La razón por la que acordaron un nuevo modelo es porque el presidente Gustavo Petro anunció que suspendería la licitación para elegir los nuevos operadores por una presunta red de corrupción. 

Se espera que en mayo comience el nuevo modelo, es decir, en menos de dos días. Sin embargo, la Procuraduría alertó sobre “las graves inconsistencias operativas y en contratación que presenta el plan adoptado por el Gobierno nacional”.  

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Las inconsistencias que describe el Ministerio Público

En ese sentido, desde la Procuraduría consideran que la transición que pretende hacer el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) “es improvisada al no tener claridad en temas esenciales como la conformación de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud de la que aún no hay nada concreto y ni siquiera ha sido presentada ante el consejo directivo”. 

Además, el Ministerio Público afirma que la red de servicios, que tendrá 32 coordinaciones regionales, forma parte del nuevo sistema que busca, además, acabar con intermediarios y estar bajo la gerencia de Fiduprevisora, “lo que ha generado gran controversia entre maestro y agremiado de Fecode”. 

Además de esto, el órgano de control también señala que hay serias dudas en la estructuración de ese nuevo sistema. Argumenta que no se muestran precisiones frente a la cantidad de personal que demandará, el presupuesto destinado y quiénes estarán a cargo de la supervisión a nivel regional y local que administren la base de datos y autorizaciones de cada uno de los servicios que se van a prestar. 

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“Se cuestiona el aumento de costos que traerá la implementación del nuevo sistema, que en comparación con el modelo anterior equivaldrá a un billón cien mil millones de pesos por cada año”, describe el Ministerio Público. 

Tampoco hay firmas de contratos, capacitación de personal que operará el nuevo sistema, claridad ni diferenciación entre los servicios médicos y servicios administrativos, por lo que se percibe un alto riesgo en la contratación de cada uno de estos. 

Así mismo, a la Procuraduría le preocupa que la Fiduprevisora quede como operador de la gestión del servicio, porque se trata de una entidad financiera y la Supersalud no podrá hacer vigilancia y control sobre ella. 

A esto se suma que el nuevo modelo no establece un responsable que vigile la calidad de la prestación de los servicios ni la gestión del riesgo. 

“En los análisis realizados por la Procuraduría General de la Nación al nuevo manual de contratación se evidencian riesgos de gran magnitud en el instrumento jurídico dispuesto para la implementación del nuevo modelo en salud para los miembros del magisterio y sus beneficiarios”, describe la Procuraduría. 

El órgano de control también ha puesto de manifiesto las posibles nulidades de los contratos que se suscriban. Esto, si se tiene en cuenta que se proteja el patrimonio público y el respeto al ordenamiento jurídico en los medios o instrumentos por los cuales se pondrá en funcionamiento dicho modelo. 

Así las cosas, la Procuraduría hace un llamado a las directivas para que aterricen el proyecto y lo ajusten “o de lo contrario la atención en salud de los profesores quedará en el limbo”.