En estos dos meses largos de gobierno, sin duda azarosos e intensos, se ha confirmado que las expresiones de buena voluntad de Petro hacia el diálogo y en favor de un amplio acuerdo nacional no eran mucho más que esparcimientos retóricos. Esas palabras esperanzadoras se las llevó el viento. Hoy el gobierno y su “dictadura” en el Congreso, como la llamara en su columna Germán Vargas Lleras, se han convertido en una aplanadora que sin miramientos aplasta hasta los esfuerzos más bienintencionados por ayudar a traducir el “cambio” en políticas públicas sensatas.
Petro se ha encargado de acabar con buena parte de la división de poderes. Con gabelas burocráticas -cuyas connotaciones de corrupción, burocratismo y nepotismo ya se empiezan a vislumbrar- ha comprado a todos los partidos en el Congreso con excepción de Cambio Radical y el Centro Democrático. Petro, además, ha doblegado a su antes feroz contradictor, Álvaro Uribe, quien se ha acomodado suavemente porque hay muchas más cosas que en el fondo los unen que aquellas que los separan.
La función crítica y de control político no solo se ha esfumado en el legislativo, si no que con la férrea conducción del senador Roy Barreras se ha violentado el debido proceso legislativo hasta un punto que como dice el senador David Luna: “Definitivamente están sacando todo a pupitrazo, sin permitir la discusión y sin permitir el debate…” (El Tiempo, octubre 15, 2022). Vendrán muchos cuestionamientos y posibles demandas por protuberantes vicios de forma y de procedimiento, que pondrán en el ojo del huracán al poder judicial.
El poder judicial está sentado en la banca. No les ha llegado el turno, pero más vale que vayan calentando. Son tan manifiestas las violaciones a las pautas del proceso legislativo y tan obvios los innumerables componentes inconstitucionales de la legislación en curso que es inevitable pensar que nos estamos encaminando hacia un choque de trenes entre un Ejecutivo con ínfulas de omnipotencia -con el legislativo en el bolsillo- y las Cortes. Cuando el presidente Gustavo Petro dice que “el enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios…”, cabe preguntarse si no está anticipando desde ya su declaratoria de ilegitimidad a las decisiones judiciales que llegasen a obstaculizar sus designios.
También va in crescendo esa línea de argumentación mediante la cual el haber obtenido una escasa mayoría los deja empoderados para abrogarse el derecho a hablar, sin modestia alguna, en nombre de “el pueblo” colombiano. Aplicando el “Vox populi, vox Dei” todo se hace posible invocando a las bases. No son pocas las veces en que los líderes del Pacto Histórico argumentan que será la gente en las calles y en manifestaciones de respaldo a Petro quienes permitirán arrasar con los obstáculos que imponga la legalidad o las limitaciones constitucionales.
Los medios de comunicación también son hoy objetivo político del Pacto Histórico y del gobierno. Se les acusa de ser enemigos del cambio, de ser herramientas de los poderosos; el propio Petro insulta y agrade a periodistas que no comulgan con él, todo ello claramente para intimidar a quienes no concurren unánimemente con las piezas del proyecto de cambio del primer mandatario. Se percibe una creciente preocupación entre los periodistas ante el riesgo de que esos comportamientos se conviertan en verdadera persecución a la libertad de prensa.
Las manifestaciones y las marchas de quienes no comulgan con el gobierno son ridiculizadas o acusadas de ser compradas. No dista mucho ese comportamiento del que se le vio al presidente Duque estigmatizando la protesta social. El arraigado compromiso del Pacto Histórico con el sacrosanto derecho a la protesta parecería haberse esfumado con la llegada al poder.
Finalmente, si se lee entre líneas la reforma política no es difícil concluir que está diseñada a la medida de las intenciones del Pacto Histórico de convertirse en un partido hegemónico. Ya Petro ha dado la instrucción de transformar la coalición a partido único y de llegar consolidados a las elecciones regionales y municipales del 2023. El presidente tiene contralor y la procuradora Margarita Cabello se sigue comportando como si fuera funcionaria del gobierno de turno. La gran paradoja es que con la llegada al poder del Pacto Histórico los principales coautores y beneficiarios de la Constitución de 1991 ahora amenazan con volverse sus peores enemigos.
Twitter: @gabrielsilvaluj
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