Por todos lados estamos jodidos

El entonces presidente del Congreso Juan Diego Gómez convocó la Comisión de Acreditación para llevar a cabo el proceso de elección de contralor general durante el receso legislativo, al hacerlo creó un vicio de trámite. A pesar de esto, esa misma comisión se reunió y creó la primera lista de los diez elegibles, lista que profundamente viciada no cumplió con la cuota de género ni con el principio de meritocracia.

Dos fallos, uno del Tribunal Superior de Medellín y otro del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tumbaron la lista. El primero, al tratarse de la violación de un derecho fundamental ordenó armar una nueva lista en 48 horas, el segundo le otorgó esa responsabilidad al nuevo Congreso.

Juan Diego Gómez, acatando el fallo del Tribunal Superior de Medellín en 48 horas, armó una nueva lista corrigiendo los vicios de mérito y de género, dejando a un lado el vicio principal, el de trámite. Pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió un incidente de desacato. Le pidió respuesta al nuevo Congreso, preguntando si la nueva lista logra incluir los criterios pedidos. Criterios cumplidos pero que la actual mesa directiva intenta contradecir, al decir que la renuncia de Karol González afecta la cuota de género y al no realizar la entrevista para ponderar junto al examen y la hoja de vida se violó el criterio de meritocracia. 

Pero eso es mentira, ya que la ley establece que si la lista se armó cumpliendo la cuota de género, si alguien llega a renunciar no incumpliría tal principio. Asimismo, la ley afirma que la entrevista se debe hacer a los finalistas y no a todos los integrantes de la lista.
 
Roy creó y convocó la Comisión Accidental bajo el argumento de que se encuentra cumpliendo el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cosa que parcialmente es cierta, el fallo ordenaba responder el proceso de desacato, no armar una nueva lista. 

Jennifer Pedraza expresó esto antes de retirarse definitivamente de la comisión, argumentando su derecho a la protesta en representación de un partido minoritario, incluso me confirmó personalmente que demandará el proceso de elección a contralor.

Se vuelve más compleja la situación cuando se toma en cuenta que varios partidos, que habían dicho ser de gobierno sin que el Congreso tenga una lista definitiva, firmaron una carta apoyando a la que según Gustavo Bolívar es la candidata personal de Roy, María Fernanda Rangel, quien también sería la heredera de Iván Duque y Felipe Córdoba.
 
Una persona ineficiente, incompetente, representante del continuismo de una nefasta Contraloría General y con varios cuestionamientos por conflicto de interés. Su hermano Carlos Rangel, es socio de CGR S.A, empresa que actualmente tiene un conflicto de incumplimiento con el Distrito de Bogotá y la Contraloría General tomó acción ante esto inexplicablemente luego de dos años, para luego decir que carece de competencia.

Según la alcaldesa Claudia López, tal empresa, siendo la operadora de Doña Juana, se ha embolsillado 163.000 millones de pesos y no ha pasado nada en la Contraloría. Como si fuera poco, el senador Ariel Ávila denunció un posible carrusel de la contratación en cabeza de Carlos Rangel. CGR contrataría y subcontrataría con USA Global Market S.A y GESPROYECT S.A empresas en las cuales Carlos Rangel tiene una significante participación.
 
La Comisión Accidental no le respondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no subsanó el vicio de trámite que viene desde la creación de la primera lista y creó una inestabilidad en el cargo. Además, con esta lista, la cuestionada heredera de Felipe Córdoba se podría quedar con la Contraloría General. Por todos lados estamos jodidos. Al final del día es la clase política la que quiere elegir a quien les tape los mandados de sus amigos y a quien les destape los de sus enemigos.
 
De todos los comentarios sobre la elección de la Contraloría General, encontré el más acertado en las palabras de Julio Sánchez Cristo: “Un penoso espectáculo lo que está dando el Congreso… una rapiña por la Contraloría”. Vemos cómo el Congreso pelea entre sí por quién investigará a los ordenadores de gasto, pelea donde el único perdedor termina siendo el pueblo colombiano.