Muelle 13 en Buenaventura: Ministerio de Transporte explicó en el Congreso por qué le quitaron el contrato a Ventura Group

Este martes asistieron a un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado el ministro de Transporte, William Camargo, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el viceministro de Ambiente, Mauricio Cabrera Leal, quienes fueron citados para explicar por qué reversaron la decisión de prorrogar hasta 2024 el contrato de Muelle 13 en el puerto de Buenaventura. 

En la diligencia, convocada por el senador Guido Echeverri, los representantes del Gobierno respondieron a varios cuestionamientos sobre el procedimiento por el que ya hay vigente un proceso de conciliación en el que la empresa afectada está pidiendo 60 millones de dólares de reparación y que además tiene al país ad portas de una millonaria demanda si no se logra negociar el futuro de la concesión. 
 

Así tomaron la decisión sobre Muelle 13 de Buenaventura, según Camargo

Fue el ministro de Transporte el encargado de explicar cómo se tomaron las decisiones que arrancaron en diciembre de 2023 con la extensión de la operación del muelle al Grupo Portuario de la empresa Ventura Group durante 20 años más. Sin embargo, solo cinco días después, el mismo Gobierno, a través del Consejo Directivo de la ANI, echó para atrás la medida.

En primer lugar, el funcionario advirtió que en la sesión del Consejo Directivo de la ANI del pasado 22 de diciembre los participantes votaron de forma asincrónica y virtual. Camargo señaló que la cartera de Transporte se conectó y votó a las 5:20 de la tarde de ese día. 

Entre tanto, los representantes del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda votaron a las 5:26 y 5:47 de ese mismo día, respectivamente y, finalmente, la persona encargada del Ministerio de Ambiente en el Consejo hizo lo propio hacia las ocho de la noche. 

Los tres primeros votos, incluyendo el del Ministerio de Transporte, según la información que se reveló en el debate, fueron a favor de dejar la concesión del Muelle 13 de Buenaventura en manos de Ventura Group hasta el año 2045. 

En contraste, la delegada del Ministerio de Ambiente votó de forma negativa argumentando un supuesto principio de precaución por las afectaciones que se pueden generan en la terminal debido al cargue de carbón. 

“La delegada del Ministerio de Ambiente advirtió que hay una explotación de carbón presente en la zona que afectaría la adhesión de Colombia a la COP28 con la que el Gobierno se comprometió y que busca desincentivar el uso del petróleo, el carbón y el gas. Los principios de precaución buscan evitar afectaciones que después de que se generan son difíciles de modificar”, indicó Camargo. 
 
A pesar del voto en contra, la decisión que se tomó ese día fue a favor de la empresa que opera el muelle desde hace 33 años. Días después, en una nueva reunión del Consejo Directivo de la ANI, que se convocó para el 28 de diciembre, todos los votos negaron la prórroga, según el ministro, para acoger las preocupaciones que el Ministerio de Ambiente puso sobre la mesa. 

El ministro de Transporte dijo que, pese a esa nueva situación, el muelle y las actividades allí siguen operando sin ninguna afectación y agregó que en medio del proceso de conciliación que está vigente con la empresa “existen mecanismos que posibilitarían que esa operación se pueda preservar en el tiempo”.

No obstante, el funcionario, que por este caso está siendo investigado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación, no explicó por qué cambió de opinión si se tiene en cuenta que en la primera reunión del consejo directivo de la ANI votó a favor de la adición y luego, en la segunda, voto en contra de la misma. 

Supuestas afectaciones ambientales 

El ministro Camargo sorprendió también en el debate cuando habló de un supuesto documento del Ministerio de Ambiente que hacía referencia a algunas afectaciones ambientales en el puerto de Buenaventura reportadas en 2018.

Aunque dijo que esos impactos todavía existen, no profundizó en explicar en qué consisten. Tampoco mencionó que esa discusión, según ha señalado Ventura Group, no tendría sustento, pues la empresa le entregó a la ANI, para poder obtener la prórroga, todas las licencias y trámites que se hicieron ante las autoridades competentes, las cuales avalaron los procesos y dieron el visto bueno al plan de manejo ambiental.

Lo que más llamó la atención es que el ministro también sacó un artículo de prensa en el que registran una protesta en dos barrios de Buenaventura por el impacto del carbón en la zona, supuestamente provocado por la operación del muelle. El problema es que se trata de un informe publicado en 2012, es decir hace 12 años. 

Puertos en manos del Estado 

Otros argumentos que utilizó el ministro Camargo para justificar la decisión de quitarle el contrato en el puerto de Buenaventura a Ventura Group tienen que ver con la nueva política del Gobierno de dejar en el sector público la operación portuaria del país. 

Según Camargo, en este momento la operación del Muelle 13, en el Pacífico colombiano, en manos de Ventura Group, solo representa el 1,30 por ciento de las importaciones y exportaciones colombianas. 

Así mismo, señaló que la actividad portuaria ha venido mutando en el mundo entero y, por ejemplo, el puerto de Bilbao en España está completamente a cargo del Estado y eso ha hecho que a la fecha esa zona sea una de las que más mueven el PIB de ese país.  

“El Conpes portuario le entregó la tarea al Ministerio de Transporte de empezar a revisar y actualizar las concesiones para ver cuál podría ser una mejor participación del Estado frente a esa operación. Adicionalmente, el Plan de Desarrollo del Gobierno tiene un énfasis importante con las comunidades, no solamente pesqueras sino productivas en las zonas donde se aplicará esta nueva política”.
 
Finalmente, el ministro habló sobre las pocas oportunidades que han tenido las comunidades étnicas en Buenaventura, que no han contado con las ventajas de la explotación de los puertos ni con las contraprestaciones de esa actividad económica. 

Además, recordó, que es una ciudad históricamente azotada por la violencia y también por la entrada y salida de mercancías ilícitas que han permanecido en la región beneficiándose de las operaciones que hay en este tipo de instalaciones. 

“El modelo predominante de actividades portuarias dice que el control del negocio lo tienen los gobiernos. Hay que buscar mecanismos que permitan que el Estado tenga una mejor participación y que la integración entre operadores públicos y privados se pueda gestionar", agregó.

Al terminar su intervención en el debate, el titular de la cartera de Transporte fue enfático en asegurar que nunca hubo un acto administrativo que prorrogara la concesión y que por eso no se violaron los derechos adquiridos. Frente a ese último punto, advirtió que los derechos solo se pregonan sobre contratos que ya cuenten con el otrosí firmado y en ese caso no alcanzaron a llegar hasta allá.