La JEP le pide a la Fiscalía investigar presuntas 'chuzadas' en contra de sus magistrados de la Corte

Mediante una misiva, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, que investigue las supuestas interceptaciones ilegales contra sus magistrados. Esta solicitud se da en medio de indagaciones por otra denuncia de interceptaciones a miembros de la Corte Constitucional.

"La JEP no puede dejar de expresar su preocupación, ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía; además se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos (…) así como una clara amenaza a la seguridad de los magistrados y magistradas de esta Jurisdicción”, se lee en el documento.

Según el tribunal especial, durante 2023, sus magistrados recibieron amenazas de muerte por llevar a cabo las funciones "que constitucional y legalmente les fueron asignadas". Por lo tanto, le piden a la Fiscalía que investigue las causas que motivaron estas acciones, así como a los responsables cuanto antes debido a la gravedad de la situación.

Otros presuntos afectados por 'chuzadas' también pidieron acciones de la Fiscalía

El lunes 24 de junio, los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, expresaron su preocupación por las acusaciones del magistrado Ibáñez sobre presuntas interceptaciones, monitoreos y seguimientos ilegales.

Ibáñez denunció que tanto sus comunicaciones como las de su equipo y su esposa, están siendo interceptadas por los servicios de inteligencia del Estado. Además, menciona que sus correos electrónicos y cuentas bancarias también están siendo vigilados.

Por tal razón, los presidentes de los altos tribunales firmaron un documento en el que manifiestan su rechazo y le piden celeridad a la Fiscalía en las investigaciones. En la carta indican que, de comprobarse que el magistrado está siendo interceptado, se pone "en riesgo la independencia de la Rama Judicial y se constituye en una grave afrenta a la democracia colombiana y a la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia".