Presidente Petro pidió a la Fiscalía investigar contrato del dique en Caregato. ¿Nuevo caso de corrupción en la UNGRD?

Este 7 de mayo el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la ruptura en las obras de reparación del canal del dique en el sector de Caregato en La Mojana.

De acuerdo con el mandatario, desde que se inició su Gobierno hace dos años, advirtió que el problema que existe en esta zona del país con la ruptura del dique y las inundaciones no se soluciona con una obra, sino restableciendo el flujo del río.  

"Desde el inicio del gobierno se advirtió a autoridades locales y a la población campesina que Caregato no era un problema que se arreglara tapando un boquete con un jugoso contrato, sino que había que liberar el agua y restablecer sus flujos naturales cortados por terratenientes", escribió en jefe de Estado. 

Petro aclaró que la Unidad de Gestión del Riesgo, en ese momento dirigida por Olmedo López -involucrado en el caso de corrupción de carrotanques en La Guajira- firmó sin autorización el contrato de reparación del dique. Sin embargo, pese a esta irregularidad, Carlos Carrillo, actual director de la entidad, sostuvo que continuará con la ejecución del mismo. 

"Esta indicación del presidente fue desobedecida por la UNGRD. Aquí está lo peor en estos años de una entidad cooptada por una corrupción estructural y profesional que nosotros debemos acabar", agregó el jefe de Estado. 

Por lo anterior, el presidente pidió a las autoridades correspondientes que investiguen el proceso: "Solicito a la Fiscalía investigar el contrato de Caregato por 130.000 millones, como todos los contratos en los últimos ocho años", puntualizó. 

Hace unos días, Carrillo explicó a CAMBIO que el contrato de reparación fue ampliado por López con el mismo contratista que comenzó la obra en 2021, año en el que el río Cauca ocasionó inundaciones en Sucre y Bolívar, afectando a más de 30.000 familias.

Hasta el momento, el contratista ha recibido más de 26.000 millones de pesos, de un total de 130.000 millones de pesos. Además, el director de la UNGRD sostuvo que no se harán adiciones al contrato.

"El contratista tiene la obligación de cumplir, porque los incumplimientos del contratista afectan a las personas que viven ahí. No vamos a aceptar presiones de este contratista ni de actores económicos interesados", dijo.