Gustavo Petro y los militares cierran el año con una relación muy golpeada
31 Diciembre 2022

Gustavo Petro y los militares cierran el año con una relación muy golpeada

Crédito: Ilustración: Yamith Mariño Díaz

Desde el inicio de su Gobierno, el diálogo ha sido tenso alrededor de la política de la "seguridad humana". ¿Será 2023 el año de la reconciliación?

Por: Javier Patiño C.

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Los cuatro primeros meses del Gobierno de Gustavo Petro se han caracterizado, en materia de seguridad, por las tensas relaciones entre el presidente y los altos mandos de la fuerza pública.

La tensión empezó incluso durante la campaña presidencial, por propuestas como la salida de la Policía del Ministerio de Defensa y acabar con el servicio militar obligatorio, las cuales, en criterio de los altos mandos, debilitarían la unidad de mando.

El tema traspasó la línea roja con el nombramiento de Iván Velásquez como ministro de Defensa, pues se trataba del abogado que investigó a varios militares por casos de violación de los derechos humanos. En consideración de los generales, Velásquez era un enemigo de los militares.

Para completar, el martes 16 de agosto, cuando las tropas en pleno se disponían a iniciar la tradicional ceremonia de reconocimiento al nuevo presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, Petro dejó plantados a los uniformados, argumentando "reuniones urgentes" en la Casa de Nariño, y aplazó el evento para el fin de semana.

El tema no mejoró con la orden de salida de más de 60 generales de la Policía y del Ejército, entre ellos algunos con investigaciones por derechos humanos, un remezón en el que se colaron altos oficiales con experiencia y hojas de vida sin ninguna tacha.

La estrategia de la seguridad humana

El 19 de agosto, durante la ceremonia de reconocimiento del mayor general Henry Sanabria como nuevo director de la Policía Nacional, Petro trazó las directrices de su estrategia de seguridad: "Creo que tenemos la opción de construir entonces un concepto diferente de seguridad humana. Escoger bien a quién es el que hay que confrontar. No es el pobre, es la organización poderosa multicrimen”.

A partir de entonces, las Fuerzas Militares y de Policía han interpretado la "seguridad humana" como un impedimento para confrontar a la delincuencia organizada. ¿Desde cuándo un campesino que cosecha hoja de coca es un criminal, si lo que es un simple campesino que no tiene más que cultivar?... ¿Desde cuándo es un criminal un joven que consume y que debería tener un médico o un psicólogo al lado”.

La estrategia de Petro, más allá de proteger a quienes también son víctimas de la criminalidad, ha sido devorada por las cifras.

Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante los primeros 100 días del Gobierno se presentó un descenso en las operaciones de la fuerza pública de cerca de un 70 por ciento con respecto a 2021.

“La mayor alerta que demuestran las cifras es la falta de decisiones y anuncios para contener los homicidios que se presentan en el país. En especial los casos de líderes sociales, que fue una promesa de campaña y ha sido el esfuerzo central de la nueva política de seguridad durante este trimestre que, a través de un plan de choque, se propuso 29 acciones en cerca de 65 municipios priorizados por el nuevo Gobierno”, asegura el informe.

Según los resultados del mencionado informe de la FIP, se conoció que aunque disminuyeron las formas de violencia asociadas al conflicto contra la fuerza pública, sí aumentaron los casos de asesinatos a líderes sociales y civiles.

Según la FIP, este fenómeno se venía agudizando durante 2022, pero "registró un incremento de 79 por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior –la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz–, comparando con los últimos meses del gobierno Duque”.

Ante la situación que viven miles de habitantes, el reto que tienen el presidente, Gustavo Petro, y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, en 2023 es tender lazos de confianza y mejorar las relaciones con los integrantes de la fuerza pública.

El general en retiro Guillermo León afirma que en las últimas semanas el presidente ha puesto en funcionamiento una estrategia para atender algunos requerimientos de los uniformados para ganarse su confianza, en especial con la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, al apoyar la compra de aviones de combate, radares y la construcción de la primera fragata colombiana. 

“La preocupación es que no se habla nada del Ejército, que es la fuerza más grande. Uno no sabe si el Gobierno los tiene apartados o puede ser también que no han finalizado los procesos de adquisición de equipos que tanto requieren sus hombres en sus labores diarias”, aseguró el general en retiro.

Para el profesor de la Universidad Militar Jean Carlo Mejía, la relación actual es muy tensa y más con el incremento notorio en el descenso de operaciones y operativos de la fuerza pública en zonas estratégicas en el país.

“Los uniformados sienten que no hay un direccionamiento estratégico, que nadie asume el mando, por lo que se sienten satanizados y excluidos de las decisiones que han llevado a un alto nivel de desmoralización". 

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¿Y la paz total?

Un tema de trascendencia en 2023 serán los avances de la llamada Paz Total, que podría generar más resquebrajamientos en la relación entre el presidente y los integrantes de la fuerza pública.

Para el general León, puede haber riesgos de conflicto en dos temas fundamentales: los llamados diálogos regionales con los grupos ilegales, donde estos grupos tendrán gran representación y poder en la toma de decisiones, y el tema de los alivios humanitarios para el ELN, que ha sido un avance en las negociaciones, aunque todavía no se sabe quiénes serán los beneficiados. 

“El Gobierno no ha sido claro en expresar realmente cuál va a ser el rol de las Fuerzas Militares en esas áreas. Uno no sabe si es un cese bilateral disfrazado, que podría ser aprovechado por los grupos ilegales para afectar más a la población y tomar control de zonas estratégicas”, aseguró León.

Según el profesor Jean Carlo Mejía, este tema puede acrecentar la violencia en el país, por la falta de preparación de la mayoría de los integrantes del Ministerio de Defensa y del Gobierno nacional en temas de seguridad y defensa. 

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El lío de los gestores de paz

La decisión del Gobierno de sacar de las cárceles a cientos de jóvenes que participaron en la protesta social ha generado diferencias entre los integrantes de la fuerza pública, en especial en la Policía.

Para el profesor Mejía, la liberación de los integrantes de la primera línea es un mal mensaje: "Es darles una nueva oportunidad de que se sigan organizando con otros propósitos, porque esa gente no ha pagado condena por esos hechos”.

El general León, por su parte, asegura que los colombianos son conscientes de lo que se vivió en los días de protesta social, en especial los integrantes de la fuerza pública, quienes enfrentaron el fenómeno durante largas jornadas: "El ataque indiscriminado a civiles y uniformados no fueron falacias, y a la fuerza pública le tocó de primera mano ver eso y causa indignación”.

Los analistas ven un futuro incierto en la relación entre Gobierno y fuerza pública, que comenzó muy debilitada por la salida de importantes altos oficiales y con el paso del tiempo ha tratado de recomponerse. En lo que sí están de acuerdo todos es en que se requiere un mayor compromiso de ambas partes para que el propósito común de la paz y la desarticulación de la delincuencia organizada sea por fin un hecho. 
 

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