El PAE comenzó 2022 con improvisación y baja cobertura

La vuelta al colegio después de la pandemia ha deteriorado aún más las condiciones para miles de estudiantes en todo el territorio nacional, esto por cuenta de las fallas en el suministro de alimentación escolar. 

En un barrido hecho por la Contraloría para la semana del 3 de febrero, solo 3.172.000 estudiantes estaban recibiendo la alimentación escolar del Estado. Aún no se conoce el total de niños matriculados en los colegios para 2022, pero esta cifra ya representa una disminución considerable con respecto al año pasado, cuando el programa llegó a 5,8 millones. Se trata de 46 por ciento menos de niños y niñas beneficiados.

Lo más preocupante es que, entre los centros escolares cubiertos, ya hay denuncias de algunos que recibieron alimentos podridos o vencidos y otros no tienen ni dónde sentar a los niños a comer.

La Contraloría ha encontrado que muchas entidades territoriales empezaron tarde la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), hay sitios donde la cobertura es menor al 50 por ciento, tales como Chocó, Pitalito, Lorica, Guaviare, Neiva, Piedecuesta, Quibdó y Buenaventura. Allí los niños llevan tres semanas de clases presenciales sin nada para comer.

Hay otros lugares donde el operador ya empezó pero el servicio es deficiente. Es el caso de una institución educativa de Bucaramanga, donde denuncian que los pequeños deben alimentarse sentados en el piso. Otro problema relacionado con la calidad ocurrió la semana pasada en Huila. Allí, padres de familia denunciaron que el primer desayuno del año escolar llegó podrido a los colegios de La Plata, Iquira y Villavieja, municipios donde los niños empezaron el colegio pasando hambre. Esta semana la historia se repitió en algunos colegios de Saladoblanco.

A raíz de lo ocurrido en Huila, con tan solo dos semanas del inicio de clases y la presencialidad como norma general, el contralor encargado del PAE, Luis Carlos Pineda, llegó sorpresivamente a Neiva, donde recogió evidencias para abrir nuevos procesos y verificar las denuncias de suministros podridos. También le hizo seguimiento a la situación de Pitalito y otros municipios en los que no han empezado a operar los programas de alimentación escolar. 

“En este momento el principal problema es la cobertura”, señala el contralor luego de una reunión que sostuvo con varios alcaldes de la región. El asunto es prioritario pues, a las entidades territoriales que llevan tres semanas sin alimentos, se suman las que llevan dos: Caquetá, Apartadó, Buga, Cesar, Caldas, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, Facatativá, Fusagasugá, Magdalena, Turbo, Santa Marta y Florencia. Además, hay sitios tan críticos como Magdalena, Santa Marta y Sincelejo donde, según conoció la Contraloría, solo hasta marzo podrán empezar el PAE.

Para el contralor Pineda, “el gran riesgo del año electoral es que los dineros públicos se usen para hacer política”, razón por la cual está empecinado en exigir a las entidades territoriales que contraten lo más pronto posible a los operadores para el programa y que se aseguren de que no sean los mismos que ya están inhabilitados por los 35 fallos con responsabilidad fiscal que la Contraloría ha emitido en seis departamento y 17 municipios.

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Hay 35 anteriores operadores del PAE vetados por fallos en su contra de la Contraloría

El contralor sabe, sin embargo, que el trabajo es arduo. La institución mantiene abiertos 144 procesos más, que comprometen unos 42.046 millones de pesos. Además, explica que “tenemos un reto en el cobro coactivo”, esto porque de los 7.800 millones de pesos que los corruptos del PAE le deben a la nación, la entidad ha recuperado solo 1.710. 

Tristemente, problemas con el PAE no son nuevos. La leche con gusanos, los huevos pasados y la fruta descompuesta en los colegios del Huila son una nueva decepción que se suma a la larga lista de problemas que arrastra el PAE en todo el país. Uno de los más recordados es el episodio de 2019, cuando el programa compró pechugas a 40.000 pesos cada una en Cartagena, gastó 900 pesos por cada huevo que llevaba al Amazonas y pagó 35 millones de pesos por 2.000 kilos de canela. En 2021, Cúcuta padeció la falta de contratación de un operador para el programa, además, en once entidades territoriales del país los operadores empezaron tarde el suministro de alimentación escolar.

Hacer que los que se roban la comida de los niños en el país paguen, es un deber que la Contraloría asumió desde hace cuatro años, sin embargo, en el actual contexto de la pandemia, la crisis del empleo y el aumento de la pobreza, la misión de Pineda resulta crucial para evitar que niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país retornen a clases en condiciones dignas.

Según el Dane, solo el 68,4 por ciento de los hogares de Neiva pueden desayunar, almorzar y cenar. Que un programa estatal gaste dinero público en comida que luego deja perder, es un desperdicio de bienes que están escasos en los hogares de muchos contribuyentes.