Paz total, apuesta total: el capital político que se juega Petro con el cese al fuego bilateral
2 Enero 2023 11:01 am

Paz total, apuesta total: el capital político que se juega Petro con el cese al fuego bilateral

Crédito: Fotoilustración de Yamith Mariño

La decisión del Gobierno de cesar hostilidades con cinco organizaciones armadas representa la apuesta más audaz en materia de orden público. ¿Valdrá la pena?

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A punto de terminar  2022, el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de Twitter que había logrado un acuerdo de cese bilateral del fuego entre la fuerza pública y cinco organizaciones armadas con presencia en varios territorios del país.

Hasta junio de este año y con posibilidad de prórroga, el Estado dejará de llevar a cabo acciones armadas contra la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada. En reciprocidad, se espera que estos grupos cesen hostilidades.

La decisión del Gobierno es la más arriesgada que ha tomado desde la puesta en marcha de la iniciativa de paz total. Cualquier movimiento en falso que rompa la tregua significará un golpe crítico a los avances de las negociaciones, a la credibilidad de la paz total y a la del propio presidente, y hasta podría ocasionar un castigo en las urnas para el Pacto Histórico en las elecciones territoriales de octubre.

Conscientes de ello, en los cuatro partidos que conforman el Pacto Histórico –y en algunas fuerzas políticas que son de la coalición de Gobierno– las voces de apoyo han sido contundentes. Para el senador y presidente de la Comisión de Paz del Congreso Iván Cepeda, el alto fuego "es una muestra fáctica que la paz total no es un sueño" y que ya "se está plasmando en una realidad tangible para Colombia que tanto la necesitaba". Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc y hoy presidente del Partido Comunes, también celebró el anuncio y dijo que esto "aliviará los horrores de la guerra". Para quien era conocido como Timochenko antes de la desmovilización, "el éxito de esta medida dependerá de la voluntad de paz de todas las fuerzas en confrontación”.

¿Y el cese al fuego entre ellos?

Uno de los retos más sensibles para que el cese al fuego bilateral sea sostenible es el hecho de que no hay un acuerdo de no agresión entre las mismas organizaciones armadas, por lo que la violencia en los territorios no cesará por completo. Este es uno de los argumentos principales de otros sectores políticos que han reaccionado a la noticia con más moderación y cautela, buscando no abandonar el barco de la paz total pero manteniendo el salvavidas en caso de que el proyecto fracase.

Para Ariel Ávila, analista político y senador del Partido Verde, el cese al fuego bilateral "es un gran paso y una noticia impresionante para Colombia", pero los retos son mayúsculos al no ser un alto al fuego multilateral. Además, se trata de organizaciones muy distintas entre sí, pues oscilan entre antiguas autodefensas y una antigua guerrilla como el ELN, pasando por grupos que son, simplemente, narcotraficantes.

"El secreto está en la arquitectura de los protocolos, en la identificación de los bandos y el papel que vayan a tener las Fuerzas Militares de Colombia" dijo Ávila.

Otras figuras políticas como el senador liberal Mauricio Gómez Amín y la directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, celebraron el anuncio pero condicionaron el éxito del cese al fuego a la verificación y el compromiso de las organizaciones armadas de no aprovechar la tregua para fortalecerse y seguir delinquiendo.

Según datos de Indepaz, son más de 80 estructuras entre frentes y columnas las que entrarán en el cese al fuego, las cuales agrupan a cerca de 15.000 hombres y mujeres en armas con presencia en 315 municipios de Colombia.  Camilo González Posso, presidente de esta ONG, ha dicho que "lo importante es que se den ceses multilaterales entre estas organizaciones que han venido chocando entre ellas. Ha habido cerca de 70 confrontaciones en lo que va de este Gobierno, con afectaciones muy graves para la población civil". Indepaz pide al Gobierno no dejar de perseguir a las economías ilegales de estas organizaciones, como la extorsión y la minería, con las herramientas de la fuerza pública, a pesar del cese de hostilidades.

Para muchos, el cese al fuego deja a los organismos de seguridad del Estado en el limbo: ni pueden intervenir, ni pueden dejar de actuar, lo cual parece una contradicción. Enrique Gómez, excandidato presidencial y dirigente de Salvación Nacional, considera que el cese al fuego "le amarra las manos al Ejército y a la Policía", lo que traerá "la consolidación del narcotráfico con la ayuda de Petro". Gómez advierte que las elecciones territoriales también están en riesgo por la influencia de las organizaciones armadas que no estarán confrontadas por el Estado por lo menos en el primer semestre del 2023.

El Centro Democrático y el Partido Conservador también consideran el cese al fuego como una "claudicación". Así lo han definido, por ejemplo, Rafael Nieto Loaiza y Omar Yepes. El expresidente Álvaro Uribe aún no se ha pronunciado sobre la noticia. 

¿Qué tanto cesará la horrible noche?

Más allá del optimismo de los sectores a favor del Gobierno y la incredulidad de la oposición, el cese al fuego bilateral es una noticia que hay que tomar con cautela por sus alcances y consecuencias.

En diálogo con CAMBIO, el exjefe del equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, dijo que aunque el anuncio del cese al fuego es una decisión "audaz, novedosa e interesante" sigue generando "importantes incertidumbres" principalmente por la forma en la que se ha anunciado.

Para Restrepo es muy llamativo que el anuncio lo haya hecho el Gobierno a través de un trino en Twitter y no haya sido una declaración conjunta, como normalmente se ha hecho en el mundo. "Uno echa de menos que esto haya sido un anuncio de una de las partes y no de las dos", apuntó el exministro, quien también explicó que, más allá de lo anécdótico, lo anterior implica que no se conozcan todavía los compromisos de las organizaciones armadas para la sotenibilidad del cese al fuego. "No se sabe qué se va a verificar" recalcó.

Una de las experiencias más recientes de cese al fuego bilateral fue el ocurrido entre octubre de 2017 y enero de 2018, pactado entre el ELN y el Gobierno. La tregua apenas duró tres meses, por las diferencias entre ambas partes en la interpretación de los protocolos y los señalamientos de violación al cese por el Gobierno hechos por la comandancia de la guerrilla, a pesar de existir verificación de las Naciones Unidas.

Los diálogos terminaron un año después por el atentado del ELN a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, que dejó 22 muertos y acabó con el capital político para continuar con el proceso. Por eso, para Restrepo es indispensable una "verificación sólida y confiable del cese al fuego y las condiciones que se deben cumplir".

Isaac Morales, politólogo y coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), resaltó que el anuncio es muy importante para regiones del país tradicionalmente golpeadas por la violencia. "Seguramente va a haber un alivio humanitario en zonas como el Catatumbo, el norte del Cauca, en donde hay disputas entre organizaciones y el Estado". Sin embargo, el tema más complejo está en las disputas que continuarán entre las mismas organizaciones armadas que confluyen en un mismo territorio.

"No se puede bajar la guardia, el Estado tiene que seguir en su misión constitucional de protección de la soberanía y la seguridad de la ciudadanía. Siendo así, hay riesgo para la población y los diálogos si no se conocen cuáles van a ser las condiciones de reacción del Estado en caso que estas organizaciones violen el cese al fuego bilateral y en qué caso va a actuar cuando haya confrontaciones entre grupos" dijo Morales.

La tregua anunciada por el Gobierno por el momento solo incluye a cinco organizaciones armadas, de las más de 24 que han manifestado su intención de acogerse a la paz total. A esto hay que sumarle otras estructuras criminales urbanas y territoriales más pequeñas y fragmentadas que no han expresado ninguna voluntad de diálogo.

Aquí también se debe tener en cuenta la articulación con alcaldes y gobernadores, que entraron a su último año en ejercicio de su cargo y que deben atender de primera mano los hechos de orden público que afecten a sus poblaciones. La cautela de las autoridades locales será mayor al ser un año electoral.

Morales también resaltó el hecho de que la tregua se haya pactado con grupos que en su mayoría no tienen estatus político y con quienes va a ser difícil reconocerlo, como el caso del Clan del Golfo o las Autodefensas de la Sierra Nevada; lo cual hace al cese al fuego mucho más frágil. "Con el ELN, por ejemplo, se puede acudir al Derecho Internacional Humanitario, pero con organizaciones criminales sin reconocimiento político es mucho más difícil saber a qué normas acudir en caso de incumplimiento al cese de hostilidades".

En la misma vía, el exjefe negociador con las extintas Farc, Humberto de la Calle, ha celebrado la decisión del Gobierno, calificándola como un gran anuncio "a pesar de las dificultades de sostenibilidad y verificación", y exaltó el acompañamiento de la Iglesia católica en la verificación. Aún así, De la Calle dijo que si bien hay un "conflicto social"  por resolver "esta no es la causa de la confrontación. Hay intereses políticos y delincuenciales que no es prudente omitir en el análisis".

El también senador de la Coalición de la Esperanza se refiere a la diversidad de actores armados que confluyen dentro de la paz total y que tienen que seguir el camino de la negociación o el sometimiento a la justicia, según el reconocimiento político que haga o rechace el Gobierno. De la Calle y Sergio Jaramillo han expresado su preocupación con varios puntos de la paz total, como la seguridad en los territorios y el lento avance de la implementación del Acuerdo de La Habana. Además, se han opuesto a que las disidencias de las Farc puedan negociar con el Gobierno nuevamente, al ser desertores de un proceso de paz, por lo que deberían someterse a la justicia, en vez de negociarla.

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