27 Julio 2022

Deforestación: más allá de tumbar y sembrar árboles

Crédito: FCDS

La sobrevivencia de los bosques en Colombia y de la Amazonía sigue en vilo y su situación, lejos de mejorar, empeora. Esta afirmación se desprende del reciente reporte de deforestación entregado hace 10 días por el Ministerio de Ambiente, que muestra un aumento de un 1,5 por ciento de hectáreas deforestadas con respecto a 2020. Es decir, mientras que en ese año se reportaron 171.685 hectáreas deforestadas, en 2021, se alcanzaron las 174.103.

Pese a la mala noticia, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, celebró la cifra. Durante la presentación de las cifras oficiales dijo: “Hemos logrado contener el comportamiento creciente de la deforestación, demostrando que nuestra estrategia integral de protección de bosques funciona. Pese a que en 2021 tuvimos un aumento de 1,5 por ciento”. También aseguró que con estas cifras “el gobierno del presidente Duque cierra su gestión quebrando la curva ascendente de la deforestación en Colombia”.

Ministro de Ambiente
Ministro de ambiente Carlos Eduardo Correa 
Crédito: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Un anuncio que encubre la verdad

Tanto el informe como las declaraciones del ministro no fueron bien recibidas por la comunidad ambientalista y científica del país. Por una parte, es falso afirmar que un aumento del 1,5 por ciento significa quebrar la curva ascendente, si se tiene en cuenta que, tras un descenso importante en el área deforestada entre 2017 y 2019 de un poco más de 61.000 hectáreas, en 2020 la curva volvió a ascender al pasar de 158.894 hectáreas en 2019 a 171.985 en 2020 y a 174.103 en 2022. En ese sentido, tal y como lo escribió el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, el gobierno deja un saldo de 701.840 hectáreas deforestadas (2018-2021), un aumento del 5,9 por ciento con respecto al periodo 2014-2017 en el que la deforestación alcanzó 662.951 hectáreas.

Hectáreas deforestadas
Crédito: Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono IDEAM

Más grave aún, los datos revelados en los últimos días por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) dan cuenta de que la deforestación durante el año en curso sigue creciendo. Entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2022 se habrían perdido 40.650 hectáreas. Si se continúa con esta tendencia, a finales de este año podrían superarse las 200.000 hectáreas deforestadas. Y si se toman las cifras de incendios forestales, la situación preocupa más. Según la fundación, en los dos primeros meses de 2022 se presentaron más alertas de incendios que en todo 2021 y alcanza un pico nunca visto en las últimas dos décadas. Los datos son escandalosos: en 2021 hubo 24.939 alertas; en 2021, 28.191; y 50.571 durante los dos primeros meses de 2022.

Deforestacion mapa
Crédito: FCDS

Por otra parte, a la comunidad ambientalista le dejó un sinsabor el tono triunfalista del ministro Correa. En su cuenta de Twitter, el exministro Rodríguez escribió: “¿Fake news o cinismo? El gobierno de @IvanDuque afirmó hoy que, como resultado de su política contra la deforestación, se presenta una ‘reducción y contención de la tendencia’”

Ole Reidar Bergum, consejero de Clima y Bosques de la Embajada de Noruega en Bogotá le expresó a CAMBIO su preocupación por la posibilidad de que Colombia no logre alcanzar las metas acordadas con los países donantes Alemania, Reino Unido y Noruega en términos de reducción de la deforestación: “En el acuerdo suscrito entre los cuatro gobiernos, en 2019, se estipulaba que en 2022 el número de hectáreas deforestadas debía reducirse a 155.000, a 100.000 en 2025 y a 0 en 2030, desafortunadamente las más de 174.000 hectáreas de bosque natural perdidas en 2021 dificultan alcanzar esas metas”.

Incendios
Crédito: FCDS

El problema de no lograr las metas acordadas con los tres gobiernos donantes significa que Colombia podría perder millonarios recursos para luchar contra la deforestación. La partida de recursos –bajo la modalidad de pagos por resultados por reducción en deforestación– más importantes proviene de Noruega, y en la llamada Declaración Conjunta de Intención de 2019, se detallan los compromisos adquiridos tanto por Colombia como por Noruega y los otros dos países donantes firmantes. Según la declaración conjunta, el Estado noruego aportaría hasta 310 millones de dólares a 2025 mediante las modalidades de pago por objetivos políticos cumplidos y por reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación.

Hasta ahora, sin embargo, solo se ha logrado cumplir con los objetivos políticos del nuevo acuerdo, pero falta reducir la deforestación. Y la tendencia ascendente de este fenómeno implica que se podrían perder hasta 260 millones de dólares si no se logra reversarla. Además, el incremento dificultaría la adhesión de Colombia a la llamada Iniciativa LEAF que puede entregarle al país cientos de millones de dólares adicionales para protección ambiental y desarrollo sostenible, recursos provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Noruega y de empresas privadas como Amazon, GSK, Airbnb y Bayer.

Más allá de talar árboles

Rodrigo Botero, director de FCDS, le dijo a CAMBIO que más allá del manejo tendencioso y político del reporte, hecho con el fin de ocultar la preocupante realidad de la deforestación y adjudicarse triunfos donde no los hay, lo dicho por el ministro Correa también muestra los análisis superficiales que el Estado colombiano hace del problema.

Rodrigo
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)
Crédito: Nicolás Acevedo/FCDS

“Por fortuna el sistema del Ideam que monitorea la deforestación es de los mejores y más completos de América Latina, de eso no me cabe la menor duda. Sin embargo, la concepción simplista de la deforestación que los distintos gobiernos han tenido tiende a ver a este problema como un simple asunto de aumento y reducción de hectáreas deforestadas. Por otra parte, la interpretación política de relacionar la deforestación solo con los cultivos de coca y el actuar de grupos ilegales también simplifica el problema y deja por fuera importantes motores como la expansión ganadera, agroindustrial y vial, y en últimas, no aborda el tema de la apropiación de tierras y el modelo de desarrollo territorial que son la nuez de la deforestación. Me pregunto por qué en este reciente informe no se habló del aumento de cabezas de ganado en la Amazonía, de la construcción de vías legales e ilegales o del aumento de los incendios forestales. Porque hablar de estos temas complejiza el fenómeno de la deforestación y lo lleva a un terreno mucho más allá de actores armados ilegales”, le explicó Botero a CAMBIO.

La invitación de Botero y otros expertos consultados por CAMBIO es a mirar la deforestación más allá de un conteo de árboles talados y sembrados. En su último discurso ante el Congreso, dado el 20 de julio, el presidente Iván Duque celebró “la siembra de 130 millones de árboles” y la aprobación de la Ley de Acción Climática en la que se fija “la disminución en un 51 por ciento de las emisiones de gases efecto invernadero para 2030”. De nuevo, estos supuestos logros en materia ambiental vuelven a simplificar el problema de la deforestación. La tala o quema de una hectárea de bosque es una tragedia que difícilmente se puede subsanar con la siembra de nuevos árboles y aumenta exponencialmente la expulsión de gases de efecto de invernadero a la atmósfera.

Deforestación
Crédito: Nicolás Acevedo/FCDS

En el ciclo del carbono, los bosques, como el de la Amazonía, cumplen un importante papel en su regulación. Se estima que una hectárea acumula cerca de 550 toneladas de carbono. En total, según la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales, “los bosques tropicales contienen alrededor de 470.000 millones de toneladas de carbono, más de la mitad del carbono terrestre del mundo, y casi el doble de la cantidad que se ha acumulado en la atmósfera desde que comenzó la revolución industrial”. Cuando un área de bosque desaparece, expulsa todo el dióxido de carbono que guarda a la atmósfera, lo que incrementa la emisión de gases de efecto invernadero. En otras palabras, un árbol derribado significa que no podrá absorber más gas carbónico y liberará el que contiene, un doble daño ambiental.

Además, en el caso de la Amazonía, los más de 600.000 millones de árboles de su cuenca crean flujos aéreos de agua en forma de vapor que viajan por todo el continente americano. Estos “ríos voladores” son los responsables de las lluvias en ciudades tan lejanas como Ciudad de México o Buenos Aires. En el caso de Colombia estos flujos de agua aérea alimentan los páramos que abastecen los ríos andinos. Finalmente, cada árbol de la Amazonía mantiene más de 50 relaciones con distintas especies. 

La complejidad ambiental de los bosques explica por qué hablar y celebrar la siembra de millones de árboles, también simplifica la solución al problema de la deforestación. De la misma manera, hablar solo de cifras anuales de deforestación es inútil ya que esta es acumulada y las funciones ambientales que cumple una hectárea de bosque tardan más de un siglo en recuperarse. 

Un problema estructural 

¿Por qué no se ha podido detener la deforestación y ha mantenido su tendencia ascendente? Botero explica que la degradación de los bosques en Colombia tiene que ver con un problema estructural e histórico interno en el que, si bien, los grupos armados son una ficha importante, va más allá de ellos, y en el que se superponen las economías ilegales con las legales. Es una manifestación de un problema estructural que tiene que ver con el ordenamiento ambiental y del territorio y con la concepción de desarrollo económico.

Contaminación
Crédito: FCDS

Desde hace siglos los bosques siempre han sido considerados lugares hostiles e inhabitados, aunque allí vivieran comunidades indígenas, que deben ser civilizados y explotados para el desarrollo económico. En ese sentido, el gobierno consideró a estas tierras como baldíos susceptibles de ser colonizados, pero la ampliación de la frontera agrícola se hizo de manera desordenada y sin control. Incluso, hoy en día, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, admitió que el país no cuenta con “el dato de las hectáreas de baldíos que hay”.

En el caso de la Amazonía colombiana, el Estado perdió esa potestad de ordenar el territorio y la colonización a manos, primero, de las guerrillas, luego de los paramilitares y ahora de las disidencias y las bandas armadas ilegales. De hecho, la consolidación del ELN en Arauca en la década de los 70 del siglo pasado se debió al fracaso del programa gubernamental de colonización dirigida del Sarare. Años más tarde las Farc formaron en Caquetá, Guaviare y Vichada su retaguardia y establecieron un modelo autoritario y violento de control territorial y ordenamiento. Campesinos de San Vicente del Caguán recuerdan cómo esta guerrilla tenía regulado el número de hectáreas que un campesino podía deforestar y el uso que debía darles: “A uno –comenta un habitante de la región– el comandante le decía puede desmontar tantas fanegadas, pero si se pasa lo castigamos. Si uno no obedecía las órdenes, el castigo era ayudarle a otro a tumbar monte, si lo volvía a hacer, lo podían matar”.    

La crisis de ese modelo de ordenamiento y colonización comenzó, paradójicamente, con la firma de los acuerdos de paz con las Farc. El Estado, por una parte, no pudo copar los territorios dejados por la guerrilla, y por el otro, la ligera pacificación ocurrida en los primeros meses posacuerdo generó una expectativa de apertura de frontera agrícola en todos los niveles: “Campesinos empobrecidos o desplazados, actores ilegales e inversionistas nacionales e internacionales querían hacerse las tierras de la Amazonía para sus proyectos económicos legales o ilegales”, explica Botero. Incluso el mismo Estado ha hecho parte de esa euforia de colonizar la Amazonía con sus planes de conectar por medio de vías la Orinoquía con el Pacífico colombiano. El problema es que esa compuerta se abrió sin tener la institucionalidad y sin que el Estado hiciera una presencia efectiva. Esta es una de las principales razones por las que en 2017 se alcanzó el pico de deforestación con 219.973 hectáreas.

A estas causas endógenas se sumó la coyuntura internacional que se ha dado desde 2016 hasta ahora. En este periodo, distintos países del mundo declararon moratorias en la concesión de cultivos agroindustriales. El caso más sonado fue el de Indonesia en donde se suspendieron los permisos para cultivar palma de aceite. Ante esta situación, los inversionistas fijaron sus ojos en los bosques tropicales de Suramérica. Los Estados pertenecientes a esta región buscaron darles facilidades a los inversionistas para atraer sus capitales, entre esas, mejorar y ampliar el sistema vial, que, de acuerdo con distintos estudios está relacionado con el aumento de la deforestación.

Según un informe sobre la deforestación en Guaviare, realizado por la Fiscalía y financiado por la USAID en Febrero de 2021, “la ampliación de las actividades agropecuarias presentadas en la Amazonía se relaciona directamente con el trazado vial, sea legal o no, pues la aparición de nueva infraestructura como vías promueve el ingreso de posibles actores que tienen como objetivo apropiarse de áreas para la producción a través de procesos de control territorial, valorizarlas y luego obtener su titularidad o legalidad u, venderlas a terceros”.

Algo similar ha sucedido con la ganadería cuya demanda mundial ha crecido en los últimos años. La FCDS ha documentado que el aumento de cabezas de ganado está relacionado con la deforestación. En el monitoreo hecho en los ocho municipios alrededor del parque de Chiribiquete se obtuvo que, entre 2016 y 2021, las cabezas de ganado pasaron de 1.143.346 a 2.091.912. en ese mismo periodo la deforestación pasó de 43.166 hectáreas a 90.533 anuales y su acumulado llegó a 496.354 hectáreas.

A esta coyuntura internacional se suma otra que tiene que ver con el crecimiento de la demanda de cocaína, posiblemente relacionada con los confinamientos ocurridos durante la pandemia de covid-19, y con el aumento del precio del oro. Ambos fenómenos fomentaron las economías ilegales de los cultivos de coca y de la minera de oro en los ríos amazónicos.

El gran problema de todas estas causas endógenas y exógenas reviste en que es difícil identificar y separar las acciones legales e ilegales pues ambas tienen vasos comunicantes. “Sin satanizar ni a los ganaderos ni a los inversionistas, lo cierto es que en la deforestación y en la acumulación de baldíos es difícil identificar dónde están los dineros legales e ilegales. Un campesino que obtiene algún capital con la coca compra ganado, mineros ilegales utilizan ganancias para sembrar coca o para comprar ganado y en muchas ocasiones las tierras deforestadas y apropiadas de manera ilegal son legalizadas y luego vendidas a algún inversionista que no tenía ni idea de su origen”, explica Botero.  

Voluntad política

A los factores estructurales y coyunturales se suma la importancia de contar con suficiente voluntad política para erradicar la pérdida de bosque natural. Ole Reidar Bergum recuerda que en los casos de éxito donde hubo reducciones importantes de la deforestación durante las últimas décadas, los gobiernos se empeñaron por lograrlo: “Algunos pesimistas dirían que la lucha contra la deforestación está perdida, pero hay ejemplos de que, con fuerte voluntad política, se pueden lograr muy buenos resultados. En Brasil, por ejemplo, cumplieron metas muy ambiciosas respecto al tema bajo nuestra cooperación con el país. También en Colombia se logró en su momento pagar por reducción en deforestación a nivel amazónico, una tendencia que lamentablemente no continuó. Eso significa que la voluntad política es sumamente importante”.

Durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff la deforestación se redujo de manera significativa. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil (INPE) el número de hectáreas deforestadas pasó de 2.777.200 en 2004 a 457.100 en 2012. Entre 2013 y 2016 la tendencia se mantuvo estable y osciló entre las 500.000 y 600.000 hectáreas. Sin embargo, con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia y su política de apoyar la expansión de la ganadería y la minería y de debilitar los resguardos indígenas, la deforestación ha aumentado de manera exponencial. En 2021, las cifras volvieron a las de hace 15 años con 1.323.500 de hectáreas, según el INPE.

En el caso de Colombia esa voluntad política ha sido contradictoria. Aunque hubo importantes avances como la aprobación de la Ley de Delitos Ambientales, que hoy se encuentra demandada ante la Corte Constitucional, también el gobierno de Duque envió señales de falta de voluntad política, a pesar de haber establecido metas bastante ambiciosas en el ámbito ambiental. 

Por eso los distintos ambientalistas consultados por CAMBIO aseguran que la reducción de las cifras de deforestación dependerá de las acciones que tome Gustavo Petro. Al respecto Bergum, ve con buenos ojos que el primer punto del programa de gobierno del nuevo presidente sea que Colombia sea un líder global en la lucha contra el cambio climático:

Ole Bergum
Ole Reidar Bergum, consejero de Clima y Bosques de la Embajada de Noruega en Bogotá 
Crédito: Archivo personal

“Sabemos muy bien que en Colombia luchar contra la deforestación es sumamente difícil, y por eso en el acuerdo firmado en 2019 quedaron consignadas unas metas realistas. Ahora nos vamos a sentar con el nuevo gobierno para ver cómo avanzar en este trabajo conjunto y ajustar la cooperación a las nuevas prioridades y objetivos políticos. Vemos con muy buenos ojos la prioridad que el nuevo gobierno da a la lucha contra el cambio climático y la deforestación. Ahora se debe fortalecer el diálogo con los distintos sectores de la sociedad – promoviendo con el sector privado las cadenas de producción libres de deforestación y fortaleciendo los mecanismos de gobernanza territorial indígena, afro y campesina, incluidas las zonas de reserva campesina y la plena implementación del Decreto 632 de las áreas no-municipalizadas de la Amazonía colombiana. También es clave asegurar la presencia integral del Estado en las zonas más apartadas del país y simultáneamente perseguir sin tregua a los grandes deforestadores y acaparadores de tierra. Yo soy optimista a pesar de los enormes desafíos”.

En la misma línea se expresó Botero, aunque le agrega un punto más: “Ahora que el ELN está dispuesto a negociar y que las disidencias y los grupos armados ilegales quieren hablar con el nuevo gobierno para dejar las armas, yo creo que se presenta una oportunidad de oro para discutir todos estos temas. Estamos en una coyuntura para incluir a unos actores ilegales que han sido determinantes en el ordenamiento territorial de casi una tercera parte del país. Creo que dejarlos por fuera sería cometer un craso error. Por supuesto, esto no significa dejar de combatir los delitos ambientales, hay que seguir haciéndolo, como en el caso de las mafias internacionales que extraen oro ilegal de los ríos fronterizos, o el de los capitales internacionales de lavado de activos en apropiación de tierras. Resolver este tema, de una paz territorial centrada en lo ambiental es primordial, para luego entrar a hablar de presencia integral del Estado y de desarrollo de modelos económicos y poblacionales en la Amazonía”
 

Este artículo es la primera entrega del especial periodístico 'Amazonía, la tierra perdida', realizado por CAMBIO Colombia con el apoyo del proyecto Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la embajada de Noruega, con el apoyo de las embajadas de Unión Europea, Reino Unido, Andes Amazon Fund y ReWild.