Las vacas se comen la Amazonía
30 Noviembre 2022

Las vacas se comen la Amazonía

Crédito: Santiago Ramírez

Aunque en los últimos seis años la ganadería y la deforestación han aumentado rápidamente, este problema hunde sus raíces en los inicios de la colonización del piedemonte amazónico y en la desacertada política agraria del Estado colombiano.

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No hay lugar a dudas de que la ganadería sigue tomando fuerza en el país. En los últimos años, de acuerdo con datos del Censo Pecuario Nacional del Instituto Colombiano Agropecuario, la población bovina creció un 29,14 por ciento, al pasar de cerca de 22.689.420 millones en 2016 a 29.301.392 millones en 2022. 

Antioquia, Córdoba y Meta mantienen los primeros puestos en la expansión ganadera, pero los departamentos amazónicos comienzan a cobrar protagonismo. Caquetá, que en 2016 ocupaba el séptimo lugar en número de cabezas bovinas en Colombia, ahora, en 2022, es cuarto por encima de Casanare, un departamento con histórica vocación ganadera. Incluso, en 2020 fue segundo en el censo al superar a Meta y Córdoba. En este periodo de casi siete años su población bovina pasó de 1,3 millones a 2,2 millones, un incremento del 64 por ciento.

La fiebre del ganado también se ha expandido por Guaviare, que décadas atrás no tenía vocación ganadera, pero que en los últimos años está siguiendo los pasos de Caquetá. Según el mencionado censo, entre 2016 y 2022, este departamento subió del puesto 21 al 15 en población bovina en Colombia e incremento sus cabezas de ganado 281.611 a 534.531, un crecimiento del 89,8 por ciento. 

El problema de esta expansión es que se está haciendo sobre una tierra no apta para la ganadería y que amenaza los ciclos ecológicos de la Amazonía que influyen en la temperatura mundial y en el régimen de lluvias de América. Según el Igag, Caquetá solo tiene 9.000 hectáreas con capacidad netamente ganadera y Guaviare, 7.000, tan solo el 0,1 por ciento de la superficie de cada departamento.

Esto, en parte, explica por qué se ha desarrollado una ganadería extensiva en vez de una intensiva: por la baja fertilidad de la tierra se necesitan grandes extensiones de hectáreas con pastos para mantener pocas reses. El problema se agudiza a medida que pasan los años. Así lo explica Nelson González, pequeño ganadero de la región: “Si usted tumba 100 hectáreas de bosque donde caben hasta 200 vacas, a los 10 años ya solo puede tener 130… Empieza a mermar año a año la capacidad de pastoreo”. 

Nelson González
Nelson González

Llevar a cabo la ganadería en zonas no aptas fomenta la deforestación, ya que a medida que se agotan las tierras se necesita tumbar más bosque para sembrar pastos y así mantener la creciente población bovina. Y como algunas zonas de ambos departamentos ya están copadas con fincas, la apropiación ilegal de tierras para destinarlas ha comenzado a hacerse en parques naturales y resguardos indígenas.

Aunque no se puede relacionar del todo la expansión ganadera con la deforestación, pues existen otros motores que la fomentan, como los cultivos agroindustriales y de coca, sí se puede observar una relación entre crecimiento de la población bovina y aumento de la pérdida de bosque en la Amazonía colombiana. Según Global Forest Watch, desde 2015, la deforestación de bosque primario húmedo ha tenido un rápido aumento en Caquetá. En este año se reportaron cerca de 15.400 hectáreas y en 2018, 52.400. En total, entre 2015 y 2021 hubo una pérdida acumulada de 235.700 hectáreas.

Algo similar sucede en Guaviare, aunque en una menor proporción que en Caquetá, pero más dramática. Allí en 2015 se reportó la pérdida de 6.020 hectáreas de bosque primario húmedo y en 2018 la cifra aumentó en un 600 por ciento al alcanzar las 36.300 hectáreas. Y la deforestación acumulada, entre 2015 y 2021, sumó 159.020 hectáreas. En conclusión, las reses están contribuyendo a acabar con la Amazonía colombiana.

Pero si en Caquetá y Guaviare no debería difundirse la ganadería, ¿por qué en el primero es la actividad económica más importante y en el segundo se está extendiendo de manera rápida? La respuesta tiene varios elementos, unos históricos y otros coyunturales.

La expansión bovina en el piedemonte amazónico puede rastrearse desde finales del siglo XIX y su epicentro ha sido Caquetá, aunque otros focos son los departamentos de la altillanura, Meta y Casanare. Durante décadas, empresarios, Estado, colonos y campesinos han depositado su fe en las reses como motor de desarrollo económico y poco a poco estas le han ganado terreno a la selva.

Los testimonios recogidos en la región hablan de que la ganadería está atada a la colonización del piedemonte amazónico, que se incrementó a partir de la década de los 40 del siglo pasado cuando el país vivió el periodo de la Violencia bipartidista. A la región llegaron centenares de víctimas que huían de la pobreza y de la violencia, junto a ellos también llegaron ricos empresarios y terratenientes que vieron en estas tierras una oportunidad para emprender empresas agropecuarias. 

Monumento de la conolización
Monumento de la Colonización
Foto: Santiago Ramírez

A ellos se sumó el Estado que apoyó a unos y a otros en la colonización y establecimiento de fincas o fundos. La razón: ampliar la frontera agrícola en la Amazonía traería progreso económico a un país pobre como Colombia y, de paso, servía para solucionar el problema social de acceso a la tierra, sin atacar las grandes propiedades agrícolas que existían en la región andina. Como explica Absalón Machado en sus libros, la reforma agraria no se enfocó en democratizar la propiedad rural en los valles interandinos y del Caribe colombiano, sino en ampliar la frontera agraria para entregarles baldíos a los colombianos desposeídos o expulsados de estas regiones.

La lógica de expandir la frontera agraria impulsada por el Estado para solucionar el problema agrario y social causado por las distintas violencias que ha vivido el país ha sido recurrente. Es el as bajo la manga al que han recurrido los distintos gobiernos para repartir tierras sin tocar la estructura de propiedad rural. 

“Fíjese usted que desde las políticas del Incora con la reforma agraria de los 60 del siglo pasado hasta, incluso, en la mala aplicación del punto uno de los acuerdos de paz, se les promete tierra a los campesinos para que tumben los bosques e introduzcan ganado, sin hacer una verdadera reforma agraria que democratice la tierra. El Estado es el gran culpable de la deforestación por impulsar modelos extractivos en la Amazonía y por no hacer una verdadera reforma agraria”, dice Rigoberto Abello Rodríguez, miembro de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (Coordosac).

Rigoberto Abello Rodríguez
Rigoberto Abello Rodríguez

Aunque en la altillanura y en el piedemonte amazónico han empezado a extenderse cultivos agroindustriales, en el caso de Caquetá, la razón por la que se desarrolló la ganadería y no otras actividades agrícolas se debe a lo que Nelson González llama “facilidad de movilidad de las reses”. “Rápidamente -continúa González- Caquetá se convirtió en ganadera porque en los años 40 o 50 las únicas vías de acceso eran caminos en mal estado y el ganado salía caminando, era más fácil sacarlo que cualquier otro producto. Por eso, y lo digo con orgullo, somos ganaderos”.

Solucionar los problemas sociales ampliando la frontera agraria fracasó. La colonización del piedemonte amazónico no creó una democratización en el acceso a la tierra, sino que reprodujo la desigualdad que se da en la región andina y el Caribe colombiano.  

En el caso de Caquetá, un estudio titulado “Plan integral de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial. Departamento de Caquetá”, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural, afirma que tan solo 5.970 propietarios son dueños de 5.381 predios de menos de una hectárea que en total suman 880 hectáreas, mientras que 21 propietarios son dueños de 19 predios de más de 5.000 hectáreas que en total alcanzan 2.490.593 hectáreas.

A la colonización sin orden hecha por campesinos, empresarios y fomentada por el Estado se sumó la inseguridad jurídica frente al acceso de la tierra causada por las sucesivas leyes que declararon a la mayoría de la Amazonía zona de reserva forestal y que crearon los parques naturales y los resguardos indígenas. Claro que había razones de sobra para implementarlas, pero entraron en abierto conflicto con la colonización que el mismo Estado promovió.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), considera que esta inseguridad jurídica frente a la tierra ha traído como consecuencia la apropiación ilegal de baldíos y fomentado la deforestación, porque “si las comunidades sienten que en donde viven no es suyo no se crea un sentimiento de pertenencia necesario para preservar su territorio”. 

De igual manera piensa Nelson: “Cuando un campesino se da cuenta de que está en zona de reserva y que lo pueden sacar, entonces él hace una economía rápida para poder sacar la plata antes de que lo saquen (…) Siempre hemos creído que, si el gobierno tuviese la voluntad de adjudicar la tierra o de buscar algún mecanismo que haga sentir al campesino propietario de estas tierras, él se compromete a no deforestar”.

En 2016, con la firma de los acuerdos con las Farc se creyó que la deforestación pararía. En su discurso de aceptación del Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos dijo: “Qué bueno poder decir que el fin del conflicto en Colombia –el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado– traerá importantes dividendos ambientales. Al reemplazar los cultivos ilícitos por cultivos legales, la deforestación generada para sembrar coca disminuirá”. Sin embargo, sucedió todo lo contrario, los cultivos de coca crecieron y la deforestación también. 

Herson Lugo Saldaña, abogado y defensor de derechos humanos de San Vicente del Caguán, explica que la salida de las Farc de las zonas que dominaban “permitió un nuevo escenario de colonización en el territorio que profundizó la conflictividad ambiental que venía existiendo desde hace mucho tiempo atrás”. Terratenientes regionales e inversionistas de otros lugares del país comenzaron a deforestar grandes extensiones de tierra y a financiar fincas ganaderas. Para ello utilizaron a campesinos empobrecidos y a colonos como mano de obra barata.

Herson Lugo Saldaña
Herson Lugo Saldaña

Por un lado, el Estado tampoco abandonó la idea de desarrollar la ganadería como actividad que sustituyera los cultivos ilícitos. En el caso de Caquetá, en lugar de aplicar la Reforma Rural Integral (primer punto del proceso de paz), “lo que hizo el gobierno fue imponer cinco líneas alternativas para el programa de sustitución de cultivos ilícitos: cacao, palma de aceite, caña, café y ganadería. Entonces la gente escogió la ganadería. Aquí viene la contradicción porque tenemos un programa de sustitución que fomenta la deforestación, porque si la gente vivía con una o dos hectáreas de coca ahora debe tener 10 o 20 hectáreas para atender más vacas”, explica Rigoberto Abello.

Todos esos hechos históricos y coyunturales influyeron en el aumento de la deforestación y del crecimiento de la población bovina en el piedemonte amazónico, con un agravante: como buena parte de las zonas de reserva forestal se encuentran ocupadas, la deforestación y ampliación de la frontera agraria se dirigió hacia los parques naturales y resguardos indígenas, que si bien albergaban algunas familias colonas desde hace 30 o 40 años, se habían conservado sus bosques. 

La situación más grave se vive en el parque natural Tinigua. Según la FCDS, de las 214.362 hectáreas que tiene, entre abril de 2018 y marzo de 2022, ha perdido 25.034 hectáreas, un 11 por ciento en tan solo cuatro años. Y en los alrededores del parque natural Chiribiquete la deforestación y aumento de población bovina también sigue una curva ascendente. En cinco de los seis municipios en los que se encuentra este santuario natural (San José de Guaviare, Calamar, San Vicente del Caguán, Solano y Cartagena del Chairá) la deforestación acumulada entre 2016 y 2021 fue de 340.687 hectáreas y las cabezas de ganado aumentaron de 930.213 a 1.569.453.

Solucionar este problema no es fácil. Reconvertir económicamente una región, que en el caso de Caquetá es su principal renglón de la economía, entraña grandes dificultades. Los campesinos son conscientes de los daños ambientales que causa la ganadería y están dispuestos a dialogar para encontrar soluciones, pero también piden que no los estigmaticen por los errores de una política histórica de Estado y por seguir un modelo económico que todo el mundo sigue: “La ganadería es nociva para el medio ambiente. ¡Claro que sí! Al igual que los otros modelos económicos como la industrialización. Entonces todos estamos fallando. Entonces sentémonos todos, hablemos y produzcamos un mismo lenguaje que nos beneficie a todos. No nos estigmaticen y no nos pidan que dejemos de talar, mientras todos siguen con un modelo que daña la naturaleza”, dice Nelson.
 

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