El buen negocio de ser arrendador de la Fiscalía

De los casi 500 contratos de arrendamiento que tiene la Fiscalía en todo el país –que suman 398.675 millones de pesos–, 24 están en Risaralda, por un valor de 21.500 millones de pesos, un número alto para la operación del ente investigador en esa zona del país. La sede principal de la Fiscalía de Pereira, ubicada en la carrera 8 entre las calles 42 y 42BIS, acabó de renovar contrato por séptimo año consecutivo. El valor quedó en 5.727 millones de pesos.

El complejo se divide en tres torres: A, B Y C. Solo por la torre B se pagaron 3.083 millones de pesos, por 16 meses, a través de tres contratos distintos, pese a ser el mismo inmueble. El 50 por ciento de ese valor, 1.541 millones de pesos, se otorgó al Grupo Rivera, de propiedad del megacontratista Albeiro Rivera; el monto restante quedó repartido entre las hermanas Martha Lucía y Lina María Escobar Vallejo, cada una con un contrato por 770 millones de pesos a través de los grupos empresariales Escobar Vallejo y Onix.

Desde 2015 la Fiscalía viene contratando directamente con estos inversionistas. En el estudio previo se deja claro que no se hizo ninguna convocatoria pública, sino que se llegó al Grupo Rivera por ser “una empresa reconocida regionalmente”. Desde esa fecha, quien ha firmado los contratos por parte de la Fiscalía ha sido Santiago de Jesús Vásquez, subdirector regional de Apoyo a la Gestión, delegación conferida inicialmente por la directora nacional de Apoyo a la Gestión de ese entonces, Marcela Yepes, esposa del excontralor Carlos Felipe Córdoba, oriundo de Pereira.

Precisamente, la sede la Contraloría en "la Perla del Otún", construida bajo la administración Córdoba, también estuvo a cargo del Grupo Rivera. Como lo denunció Noticias Uno, Rivera compró un edificio de seis pisos en obra gris de 2.500 metros cuadrados a Bancolombia, por 3.200 millones de pesos. Tres meses después, sin hacerle ninguna mejora, le vendió el inmueble a la Fiscalía por 5.184 millones de pesos. Una valorización de casi 60 por ciento del predio en cuestión de semanas.

Cuando la sede de la Fiscalía fue inaugurada en 2015, aunque no era propia sido arrendada, la misma Marcela Yepes asistió. Presumía que la nueva sede tenía un área disponible de 5.904 metros cuadrados con accesos directos, tres niveles, parqueadero, con fachadas bioclimáticas y que en esa sede funcionaría –entre otras– el CTI, la URI, la Subdirección Seccional a Víctimas y Usuarios, una bodega transitoria de evidencias, un laboratorio de balística y un polígono subterráneo.

Lo curioso es que dicho polígono no se utiliza normalmente debido a que los impactos del entrenamiento repercuten en la estructura metálica y en los muros livianos, generando vibraciones en los demás pisos del inmueble. Funcionarios también critican la mala ventilación de la sede y aseguran que cuando llevan sus propios ventiladores el servicio eléctrico empieza a fallar.

¿De dónde salieron los inmuebles?

El 13 mayo 2014 Albeiro Rivera y las hermanas Escobar compraron por 684 millones de pesos el inmueble que hoy funciona como Torre B a una vieja fábrica llamada Los Pinos. La tumbaron y construyeron rápidamente una edificación de dos pisos y un parqueadero que llevan alquilando desde hace siete años por más de 3.000 millones de pesos a la Fiscalía. Es decir, solo por una de las torres de la sede principal en Pereira, se han pagado más de 20.000 millones de pesos desde que el ente de control era dirigido por Eduardo Montealegre hasta hoy,  cuando está dirigido por Francisco Barbosa.

A los 10 días de haber adquirido el predio, sin tener contrato firmado ni estudios previos con la Fiscalía, los inversionistas solicitaron una licencia de construcción que fue otorgada el 14 de julio de 2014. El negocio con la Fiscalía se llevó a cabo en inicios de 2015.

La torre C fue comprada en 2015 en 654 millones de pesos a los hermanos Casas Rendón por Rivera y las hermanas Escobar. Dicha torre hoy se arrienda por 980 millones de pesos a través de tres contratos distintos. Por esa sola torre les han pagado un poco más de 6.800 millones de pesos en los últimos años. Entre tanto, la Torrea A está alquilada por 1.664 millones de pesos a través de dos contratos: uno con Inversiones El Poblado y otro con Inversiones SPC.

Una simple operación aritmética permite determinar que durante siete años la Fiscalía ha gastado más de 40.000 millones de pesos en el arriendo de su sede principal en Pereira, que pudo ser propia. Casi 27.000 millones de pesos ha ido a parar a los bolsillos del Grupo Rivera y de sus socias. Albeiro Rivera tiene más inmuebles arrendados a la Fiscalía en Risaralda, como la sede de Dosquebradas, que hoy está en manos de una empresa de Medellín llamada Centro de Occidente.

Rivera le aseguró a CAMBIO que, a través de una agencia de propiedad raíz, conoció las necesidades de la Fiscalía de encontrar una nueva sede con todas las adecuaciones y facilidades para los puestos de trabajo de sus funcionarios; y que por ello ofreció los servicios de construcción y alquiler de los espacios que ellos necesitaban.

CAMBIO le preguntó cuánto le había costado la construcción de las torres a su cargo y no precisó el valor. Solo indicó que fueron hechas con un crédito solicitado por él y sus socias, vía leasing, del banco BBVA. "Con la arquitecta Martha Lucía y la doctora Lina Escobar nos une un vínculo comercial de hace más de 20 años, y tienen un capital y un patrimonio constituido de hace más de 40 años en la renta de capital", precisó Rivera.

Respecto de las falencias de le edificación que denuncian los funcionarios de la Fiscalía, Rivera dice que cuenta con un grupo de trabajo especializado para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo continuo a estas sedes. Según él, se han satisfecho todas las necesidades presentadas por esa sede.

Aunque CAMBIO le envió un cuestionario a la Fiscalía, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.