¿La sustitución voluntaria de cultivos tampoco es la solución?

Colombia, al parecer, lo ha intentado todo en la lucha contra los cultivos ilícitos, en especial de cocaína: la fumigación incluida la aspersión aérea, la incautación de la coca lista para exportar, la erradicación manual de cultivos y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Este último parecía ser una bala de plata, pues les garantiza a los voluntarios transferencias monetarias, subsidios en especie como mercados y hasta los insumos para la primera producción lícita.

Sin embargo, un nuevo trabajo académico encontró que esta podría seguir siendo una solución incompleta y que, aunque en menor medida y como han demostrado evaluaciones previas, también genera violencia local, como en su momento lo hicieron los otros métodos de eliminación de cultivos ilícitos.

El documento publicado por el Centro de Estudios de Desarrollo Económico (Cede) y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), ambos de la Universidad de los Andes, muestra cómo el programa mejora las condiciones de la comunidad en el corto plazo.

Por otro lado, la evaluación del PNIS 2014-2019 muestra que se generó una bonanza cocalera en el corto plazo y que en el largo plazo el programa de sustitución no compensa a ese motor de crecimiento económico, que además incentiva una mayor deforestación en varias de estas comunidades cultivadoras.

Lucas Marín, el economista que coordinó la investigación de la que también participaron María Alejandra Vélez, Manuel Fernández, Paulo Murillo-Sandoval, y Eduard Martínez-González, explica que, “si se ven los resultados en términos de magnitudes, una bonanza cocalera que genera crecimientos anuales, en promedio, de entre el 2,8 por ciento y el 10,5 por ciento del PIB local es difícilmente reemplazable por otro sector productivo”.

Lo que sí es cierto es que el programa de sustitución logra reducir la pobreza multidimensional de cada municipio en entre 6 y 7 por ciento, pero falta evaluar si este resultado retrocede en momentos como el actual, en el que la pasta de coca cuesta 2.000 pesos el kilo.

¿Plata fácil y rápida?

En cuanto a la bonanza que generó el anuncio del primer programa de sustitución voluntaria, el doctor Hernando Santamaría, director del doctorado en neurociencias de la Universidad Javeriana, le explicó a CAMBIO que “la gente puede verse más abocada a buscar recompensas de corto plazo cuando hay sistemas sociales democráticos, instituciones democráticas o Estados en los que las rutas para los beneficios de largo plazo no son claros: hay exclusión social, pobre participación en los mecanismos de gozo colectivo o de oportunidades, acceso a servicios públicos. Hay personas que piensan que como ese camino no es claro, no hay manera de lograrlo y, por lo tanto, habría que optar por cualquier otro método para obtener una recompensa. Es como una salida desesperada”.

Y es que el documento académico muestra que cada peso invertido en plantaciones de coca genera entre 1,7 y 2,3 pesos para la economía local. Este dinero genera dinámicas de mucha liquidez, economías dinámicas e, incluso, incentiva inversiones como la preparación de terrenos para ganadería, lo que ha triplicado la deforestación en los municipios analizados.

El problema es que, como se trata de una actividad ilegal, esa dinámica económica no se refleja en el recaudo de impuestos locales y cuando se acaba la bonanza, estas comunidades vulnerables sufren el efecto de la caída de los precios e incluso se enfrentan a crisis alimentarias como la actual.

“Si uno piensa en crecimientos económicos del 2,8 por ciento anuales por este sector y que esas mismas zonas, que esas familias que participan en esos mercados hoy estén en crisis alimentaria nos da algunas luces y algunas hipótesis de que es posible que estos efectos que estamos encontrando en términos de actividad económica no sean sostenibles en el tiempo y que dependan mucho del dinamismo de ese mercado y que además no están resolviendo las causas estructurales de vulnerabilidad y marginalidad en estas zonas del país”, dijo Marín.

Hay alternativas

El investigador y coordinador de este trabajo destaca que la tesis doctoral de Gustavo Duncan muestra que “esta economía ilegal de la coca y de la cocaína tienen un rol político y social muy importante, justamente por la magnitud y por el peso que tienen en la actividad económica. Nosotros cuantificamos esa hipótesis, mostrando cuál es su relevancia”.

Incluso, la evaluación del PNIS que publicó Los Andes en 2022 demostró cómo la firma de los acuerdos de sustitución del PNIS aumentaron el asesinato de líderes sociales, a pesar de que genera menos daño que programas como la erradicación manual y la aspersión aérea.

“Al final, así esos programas se logren y no generen mayor violencia, y mejoren condiciones socioeconómicas, es muy difícil que logren sustituir un mercado que genera tantos beneficios económicos y que tiene la única particularidad en un mercado agrícola en Colombia: está conectado con todos los mercados globales. Entonces, llegar a pensar que una intervención va a cambiar esas dinámicas es muy ingenuo y todavía muy ineficiente. Y por eso la ruta en el largo plazo debería ser la regulación de estos mercados, la regulación formal e institucional de estos mercados, pero mientras eso toca seguir apostando al desarrollo rural y a mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades que habitan esos territorios”, concluyó Marín.