Este viernes la Corte Constitucional tomó una decisión que protege el acceso libre e igualitario a internet en Colombia. La sentencia C-206 de 2025 es el resultado de una demanda presentada por la organización El Veinte, la cual codirijo con mi socio y amigo Emmanuel Vargas Penagos. Nadie nos sugirió este litigio, ni obtuvimos un peso, pero sí algunas críticas y ríos de desinformación.
Nuestra demanda pidió que se protegiera el principio de la neutralidad de la red, el cual exige que el acceso a internet sea libre y no esté filtrado o segmentado. Eso es importante porque el acceso a internet es una necesidad, no un lujo. Es una parte esencial de la vida cotidiana: para acceder a servicios, trabajar, educarse, comunicarse. Por eso cualquier filtro o predeterminación que ocurra en ese plano puede afectar seriamente la manera en que la gente vive su vida. Esto no es nuestra idea si no un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la libertad de expresión.
Pedimos a la Corte que tumbara un artículo de una ley que permitía a las empresas de telefonía celular ofrecer datos gratis en unas aplicaciones previamente escogidas por ellas. (Es lo que llaman Zero Rating). Por supuesto, la elección no es desprovista de intereses. Empresas como Claro -que cuenta con una posición dominante en Colombia, como en casi todos los mercados en los que juega el magnate Carlos Slim- tienen acuerdos comerciales con el gigante Meta, de otro magnate (Mark Zuckerberg), para que esas aplicaciones “gratis” sean Facebook, Instagram y WhatsApp, principalmente.
No conocemos aún los términos de estos acuerdos, si ellos implican dinero, ni cuanto es, pero un beneficio para las empresas involucradas es obvio: ambas atraen más usuarios; más celulares con más aplicaciones de Meta. Eso quiere decir que muchas personas de escasos recursos que pagan los planes con este tipo de ganchos solo pueden acceder realmente a internet por medio de estas aplicaciones. Si quieren ir más allá, incurren en costos adicionales, al mismo tiempo que sus datos son explotados para ofrecerles publicidad, el negocio de Meta.
Visto desde lejos, para la gente de escasos recursos también es positivo porque permite que accedan a algo de internet incluso si son las aplicaciones que eligieron por ellos cuando compraron el celular. El problema es que se permita que otros escojan las maneras en las que usamos internet, especialmente si lo hacen para lucrarse con nuestros datos.
Y no estaría empleando estas páginas para explicar nada de esto si la decisión de la Corte no hubiese sido objeto de una campaña de desinformación peligrosa y dañina para la conquista de los derechos humanos en el plano digital.
Por supuesto, el argumento más fácil es alarmar con que las personas pobres se quedarán sin el único acceso a internet, el cual les permite, por ejemplo, ganarse la vida con el uso de WhatsApp “gratis”. Eso es falso. La Corte no prohibió los planes que ofrecen aplicaciones que no gastan datos; lo que decidió fue que las empresas deben permitir que la gente elija cuáles aplicaciones quiere usar. Seguramente muchas personas optarán por las mismas aplicaciones de Meta: Instagram, Facebook y WhatsApp, pero deberá ser una elección de los usuarios.
No es cierto que, ante la prohibición de favorecer las aplicaciones de Meta, desaparecerán los buenos precios. Hacer eso implicaría una perdida enorme de clientes que ninguna telefónica aceptará y, al contrario, buscará adaptarse a la realidad. Tan es así que, después de la audiencia pública que tuvimos ante la Corte Constitucional, Movistar amplió su oferta de aplicaciones gratis sustancialmente. Lo hizo antes de la sentencia motu proprio y ahí siguen.
En ningún lugar del mundo en el que se han tomado decisiones similares —como India, Chile, la Unión Europea o en varios estados gringos— la consecuencia ha llevado a que se acabe oferta, al contrario, ha hecho que el mercado ofrezca mejores y más variados planes. Nada de esto acaba el internet “gratis” y ese reduccionismo es una desinformación que le sirve a los dueños de las comunicaciones como Slim y Zuckerberg.
Esta no es la demanda de unos chapinerunos desconectados de la realidad, la verdadera desconexión es creer que internet es un regalo que la gente pobre tiene que aceptar con las migajas que le arrojan desde las grandes plataformas. Es aceptar que solo los ricos disfruten un internet completo, mientras que el resto debe restringirse a lo que le permitan en estos planes “gratis”. No, se trata de un derecho y de la facultad de navegarlo sin limitaciones.
Ahora que las empresas de telefonía deberán permitirle al usuario elegir cómo usar internet, una madre soltera que trabaja duro para comprarle un plan a su hija adolescente podrá preferir, por ejemplo, WhatsApp para comunicarse con ella, pero limitar su acceso a Instagram; un taxista podrá preferir a Waze por encima de Facebook. El punto es que la gente elija cómo usar internet, no que lo hagan Slim y Zuckerberg por ella.
En 1973 el artista gringo Richard Serra acuñó una frase que después sería icónica y premonitoria del mundo digital: si algo es gratis, el producto eres tú. La Corte ordenó al gobierno y a la Comisión de Regulación de las Comunicaciones que regulen el tema en el plazo de un año y, si se hace seriamente, podrán promover soluciones alternativas, todas distintas a que se acaben las ofertas y precios accesibles. Claro que esas regulaciones deberán entender que para muchas personas los planes de Zero Rating son el internet y que esa puerta debe abrirse a más opciones en lugar de cerrarse. Y ejemplos de ese tipo es lo que hay.
La decisión es histórica porque empieza a destapar los tratos que enriquecen a unos a costa de la segmentación y filtración desigual del mercado. Ahora deberán ofrecer otros ganchos que no impliquen predeterminar internet para la gente pobre.
Es un tema complejo, casi que aburrido y además tampoco es el problema más apremiante en este país. Por eso es tan fácil esparcir mentiras sobre este asunto. Pero muchos problemas de la internet son descartados así, para después entender que ahí también descansa el futuro de otras materias trascendentales, como las elecciones, el consumo de bienes y las comunicaciones sociales de todo tipo.
Es tan claro y mediocre el intento por confundir que señalan una beca que recibimos de Google en el pasado, como si ese fuera el momento “ajá”, el de la prueba reina de nuestro desvío, que ni siquiera se preocupan por averiguar que a Google lo han criticado y sancionado por abusar también del principio de neutralidad de la red. Por supuesto que a Google no le sirve o interesa este tipo de litigios. Nadie financió esta demanda ni tuvo injerencia alguna en nuestra decisión de presentarla, pero qué fácil es armar conexiones en el aire. Algunos mensajes nos individualizan y exponen a hostigamientos, incluso al compartir fotos de las personas que trabajan en nuestra organización. Todos comprometidos defensores y defensoras de derechos humanos.
Es momento de que en Colombia se instale con disciplina una conversación seria sobre lo que permitimos a los gigantes de internet y las comunicaciones; sobre internet como un derecho humano y no una gabela que sirva solo a los más ricos.
