DEL FRACASO PROHIBICIONISTA AL CAMBIO POR LA VIDA
25 Septiembre 2022

Lucas Marín Llanes

DEL FRACASO PROHIBICIONISTA AL CAMBIO POR LA VIDA

El año pasado viajé a San José del Guaviare y a Puerto Guzmán, Putumayo, para entrevistarme con cultivadores de coca. Lo más impactante de estas conversaciones fue el agotamiento, la desesperanza y la falta de credibilidad de las instituciones del Estado. Hace un mes estuve en Piamonte, Cauca, haciendo un trabajo similar, y las emociones eran radicalmente opuestas. Hay ilusión, anhelo y optimismo gracias a la idea de materializar cambios por los que han luchado históricamente. ¿Qué pasó entre los dos viajes? Llegó el nuevo gobierno. Uno de los principales retos del presidente es la gestión de expectativas frente a lo que se espera, avanzando y cumpliendo con las reformas progresistas puestas sobre la mesa.

En los sectores en los que se esperan transformaciones estructurales es fundamental aprovechar esta ventana de oportunidad. Sin liderazgos contundentes y sin coherencia desde el gobierno, no será viable ejecutar las decisiones audaces e inmediatas para lograr las reformas esperadas. Uno de esos sectores es la política de drogas. 

El diagnóstico del fracaso de la guerra contra las drogas es, prácticamente, un consenso nacional y global. Esta visión la comparte el presidente Petro y así lo manifestó en su contundente y disruptivo discurso en Naciones Unidas. Por lo tanto, existe una oportunidad, en la actual coyuntura, para avanzar en una agenda reformista orientada a salvar vidas en Colombia con una nueva política de drogas. No hacerlo, además de desafortunado en términos de política pública, implicaría un costo político y social elevado para los líderes que han promovido esta agenda. Con el propósito de contribuir, organizaciones académicas y de la sociedad civil que trabajamos en este sector, construimos una propuesta de hoja de ruta para el Gobierno Nacional

Si bien la política exterior colombiana debe liderar la discusión sobre la regulación de las drogas, tal como lo hizo el presidente esta semana, el discurso debe aterrizarse para efectivamente transformar la vida de las personas con un nuevo enfoque. En ese sentido, el gobierno debe definir objetivos claros para materializar acciones concretas y una narrativa coherente. En el documento organizamos estratégicamente las propuestas, alineadas con las ideas que ha manifestado el presidente, por sector y por horizontes de tiempo viables.

Durante los primeros 100 días de gobierno recomendamos, entre otras, definir el futuro del Programa Nacional Integral de Sustitución (Pnis) y hacer ajustes a partir de los aprendizajes de su implementación. En primer lugar, sugerimos herramientas como los análisis de riesgo para proteger a las comunidades, teniendo en cuenta que esta intervención aumentó el asesinato de líderes sociales en 481%. Adicionalmente, las zonas priorizadas deben definirse para contener la expansión de los cultivos de uso ilícito en zonas ambientalmente estratégicas. Actualmente, el 48% de la coca se encuentra en estas zonas. Por último, es necesario eliminar la condicionalidad en la erradicación total para mantener las condiciones socioeconómicas de los cultivadores y para aumentar la probabilidad de éxito de estas políticas.

Institucionalmente, la política de drogas necesita una entidad con presupuesto, con liderazgo para articular y que participe en las discusiones del alto gobierno. Recomendamos que el gobierno respalde la reforma al Artículo 49 para eliminar la prohibición de la Constitución y crear una comisión de expertos para desarrollar los lineamientos de la regulación del mercado de coca y sus derivados. En cuanto a la política criminal y carcelaria, en los primeros 100 días, el gobierno debe implementar beneficios administrativos y penitenciarios para personas condenadas por delitos menores relacionados con drogas y, en los primeros 6 meses, promulgar la ley de penas alternativas, como el trabajo comunitario, para mujeres que cometan delitos menores no violentos.

La nueva política de drogas debe materializarse para que nos dejemos de morir y de matar por decisiones anacrónicas, racistas y segregacionistas. Para eso, el centro de la reforma y de las iniciativas deben ser las personas excluidas y violentadas durante el prohibicionismo. Los funcionarios de este sector, que estamos empezando a conocer, deben empezar por ir a las zonas cocaleras del país para retomar las mesas de diálogo y restablecer la confianza. Esta fue una de las principales recomendaciones de las comunidades en Piamonte. Por lo tanto, sugerimos poner en marcha y financiar las instancias de participación previstas en el Decreto 362 de 2018. La esperanza es temporalmente finita y debe acompañarse del cumplimiento pronto y progresivo de las promesas para que se mantenga.

La defensa de los derechos de las víctimas de la guerra contra las drogas ha sido una propuesta que ha cautivado al electorado y es parte de la razón de ser del proyecto político del presidente Petro. Cumplirle a las comunidades vulnerables y violentadas por el prohibicionismo - campesinos, líderes sociales, recolectores, consumidores, entre otros - debe ser la prioridad. Solo por la recuperación de la esperanza y el respeto de ese anhelo, el gobierno debe cumplir. El cambio por la vida no tiene que esperar a un nuevo paradigma global y puede avanzar con las acciones que planteamos. 

Es evidente la magnitud de los retos, así como la dificultad de transformaciones de esta naturaleza. Exigen una definición de objetivos claros, voluntad política del presidente, liderazgo, estrategias de comunicación asertivas y construcción colectiva con los actores del sector. Ahí es donde el presidente, su equipo de gobierno y el presidente del Congreso deben ejercer toda su capacidad. No dejemos pasar esta oportunidad, no dejemos que se escape, porque puede solo pasar una vez.

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