Debajo de la ruana
1 Abril 2022

Yohir Akerman

Debajo de la ruana

Esta es la historia de cómo se perdieron 4.500 millones de pesos en corrupción. De cómo una empresa de Lorica, Córdoba, se ganó un contrato de servicios educativos y alfabetización para la tercera edad en Tunja, Boyacá. Y cómo en una gobernación en cabeza del Partido Verde, líder del discurso anticorrupción, se creó un cartel de alumnos viejitos y fantasmas que ahora rondan los pasillos de la Contraloría.

Empecemos por los temas geográficos. Tunja y Lorica están separadas por unos 720 kilómetros de distancia. Para ir de un lugar al otro hay que someterse a unas 22 horas de viaje, en promedio, de carretera. La otra opción son nueve horas de vuelo, ya que para viajar de un lugar al otro toca ir de Tunja a Bogotá, de ahí a Montería y después en carretera hasta Lorica. O a la inversa. Es lejos. Muy lejos, por la precaria infraestructura colombiana. 

Pero tampoco se parecen. Mientras Lorica está casi a nivel del mar, tiene unos 125.000 habitantes y una temperatura promedio de 26 grados centígrados en un día fresco, Tunja está en el altiplano cundiboyacense, cuenta con más de 300.000 habitantes y una temperatura promedio, en un día caliente, 12 grados menos que Lorica. Son diferentes. Muy diferentes, por eso unos se inclinan por los sombreros de caña flecha y los otros por las ruanas.

Poca lógica o sentido tiene la contratación de una empresa basada y registrada en Córdoba para ejecutar un contrato de educación en Boyacá. Pero entre estos dos puntos un hecho que acercó a los cacicazgos zenúes y zaques fue el noviazgo que nació en 2016 entre el exgobernador de Boyacá por el Partido Verde Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y la exseñorita Córdoba Daniela Assis Fierro. Una historia de amor que es todo menos un cuento de hadas. 

Daniela nació en Cereté y estudió su carrera de medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá. Conoció al entonces gobernador de Boyacá mientras hacía su año rural en Tunja. Después de dos años de noviazgo, el 7 de abril de 2018, Carlos y Daniela se casaron en una estrambótica boda, con más de 3.000 invitados en la plaza de Villa de Leyva, para celebrar el contrato y el amor eterno de esta pareja. 

Un imperio de ruana y sombrero vueltiao. 

El otro contrato, el del cartel de los viejitos fantasmas, lo está investigando la Contraloría. Se trata de un Proceso de Responsabilidad Fiscal por detrimento patrimonial superior a los 4.300 millones de pesos, que también nace en 2016. Es que “jueque” el amor no tiene fronteras, “no joda”.

La Gobernación de Boyacá, en cabeza de Carlos Amaya, suscribió el contrato 1061 de 2016 para la prestación del servicio educativo a población adulto mayor y personas en extraedad escolar por más de 6.000 millones de pesos. Una plata, que bien invertida era para enseñarles a los viejitos boyacenses a leer y escribir, pero la platica se perdió. 

La Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia SOS fue la ganadora de ese contrato. Eso, pese a múltiples denuncias sobre los oscuros antecedentes de corrupción de dicho contratista. Eso no le importó a Amaya, como tampoco pesó que, según los registros públicos la dirección del contratista estaba ubicada en el apartamento 101, de la calle 4 No. 20 de Lorica, Córdoba. Una entidad que se ganó un contrato de 6.000 millones de pesos, está ubicada en un apartamento residencial a orillas del río Sinú. 

Ignorar esas denuncias llevó a que la Contraloría abriera el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal N° 2018-00134, donde han encontrado evidencias de un detrimento patrimonial por la suma de 4.371.680.198 pesos. Un contratico que pasó por debajo de la ruana el 66 por ciento o dos terceras partes de toda la plata. 

Coincidencialmente, como lo denuncié en mi columna pasada titulada "El padrino", Karol Dahiana González Mora, esposa de Luis Ernesto Gómez, jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá y padrino de matrimonio de Carlos Amaya y Daniela Assis, es actualmente contralora delegada Intersectorial 7 y candidata a manejar la Contraloría General. Ay ombe, calle esa jeta. 

Si ganara este cargo tendría un serio conflicto de intereses ya que hasta ahora el ente de control ha encontrado varias cosas sobre ese caso.

Las más impresionantes tienen que ver con múltiples pagos por un total de más de 1.700 millones de pesos, por concepto de servicios supuestamente prestados por la Fundación SOS, pero de los cuales no existe soporte alguno de su ejecución.

La Fundación SOS reportó estudiantes que en realidad no existían, pues los soportes de sus matrículas nunca han aparecido. Otro hallazgo de esta investigación, que tiene implicaciones disciplinarias y penales, es el correspondiente al registro de 132 estudiantes con números de identificación que no corresponden a ningún dato en la Registraduría Nacional. Estudiantes fantasmas. 

Finalmente, otro de los hallazgos fiscales corresponde al manejo irregular del pago de anticipos por parte de la Fundación SOS. Fueron destinados a gastos totalmente distintos al objeto del contrato con la Gobernación de Boyacá, representando un detrimento patrimonial por más de 580 millones de pesos.

En el periodo comprendido entre los meses de abril de 2016 a marzo de 2017, con el dinero del contrato para la educación en el departamento de Boyacá, se realizaron pagos en Lorica, Córdoba, de cosas que no tienen relación con la ejecución del contrato. Por ejemplo, compras con tarjetas de crédito por 51.042.571 pesos y el pago de un crédito personal por 81.950.340 pesos.

Giros

Sorprende, pero no sorprende. 

Como lo han publicado medios y juiciosos periodistas en Boyacá, Pedro Llanos, representante legal de la Fundación SOS, fue capturado en 2017, al estar involucrado en otro caso de alumnos fantasmas en el municipio de Lorica. Llanos reportó 1.549 estudiantes inexistentes en contratos por 619 millones de pesos en coordinación con el clan Jattin de Córdoba

En esos mismos hechos fue condenado el entonces alcalde de Lorica, Francisco José ‘Pachy’ Jattin, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Pero no era la primera vez. En 2016 la entonces alcaldesa de Lorica, Nancy Sofia ‘Choffy’ Jattin Martínez, se vio involucrada en otro caso de alumnos fantasmas, junto con la Fundación SOS, al reportar 945 estudiantes ficticios dentro de un contrato por 3.272 millones de pesos. 

Pachy es hermano de Zulema Jattin Corrales y ambos son hijos de José Jattin Safar, excongresista liberal, condenado por el proceso 8.000. Por su parte, Choffy es prima de Pachy y Zulema, quien fue capturada y condenada por parapolítica, al recibir apoyo de Salvatore Mancuso en campaña. Zulema estuvo casada con el fallecido senador del Tolima Luis Humberto Gómez Gallo, otra historia de amor costeñocachaca que dio mucho de qué hablar. Toda una familia ejemplar. 

Este clan de Lorica logró el acceso a los recursos públicos del departamento de Boyacá, gracias a la entrada que le dio el exgobernador Amaya. Coincidencialmente, al mismo tiempo que empezó la relación con su esposa Daniela Assis oriunda de Córdoba. Una casualidad, pero una desafortunada, que deja muchos interrogantes sobre lo que se esconde debajo de la ruana boyacense y en la sombra del sombrero vueltiao cordobés. 

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