Valeria Santos
18 Septiembre 2022

Valeria Santos

Molano, el ministro derrochón

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A pesar de que el presidente Gustavo Petro había advertido en campaña que iba a reducir el presupuesto del Ministerio de Defensa, la decisión tomada esta semana por el ministro Iván Velásquez de disminuir en 800 000 millones de pesos el dinero de su cartera causó revuelo. Lo cierto es que Colombia sigue en una guerra muy costosa consigo misma, y como plata es lo que no hay, es indignante que el gobierno de Iván Duque, que se decía de austeridad, le haya dado rienda suelta a su ministro de Defensa, Diego Molano, para que aumentara de forma injustificada los gastos antes de su retiro. Y puede ser más indignante aún si se comprueba que estos gastos injustificados responden a una posible nómina paralela creada por un ministro derrochón. 

La llegada de Molano a inicios de 2021 al Ministerio de Defensa implicó un aumento injustificado en los gastos de la entidad, especialmente en la contratación directa. Por ejemplo, entre 2020 y 2021 el plan de compras de la entidad aumentó un 128 por ciento. Además, mientras entre el 16 de noviembre de 2019 y el 26 de enero de 2021 se suscribieron 58 contratos por prestación de servicios, desde el 27 de enero del 2021 ––fecha en la que entró Molano al ministerio–– hasta el 31 de diciembre de ese año estos contratos pasaron a 221, es decir, aumentaron un 281 por ciento. 
 

Figura 1. Costo de los planes de compra Min. Defensa 2020, 2021 y 2022.
Figura 1. Costo de los planes de compra Min. Defensa 2020, 2021 y 2022.

Es importante mencionar que el 30 de diciembre de 2021, sin mucha publicidad, el expresidente Duque firmó el decreto 1874 que modificó el Ministerio de Defensa y con este, no solo continuó el aumento de la contratación directa, sino que también aumentó la planta de la entidad. 

Aunque el ministerio asegura que esta modificación, así como el aumento de la contratación directa obedecen al artículo 53 del Plan de Desarrollo que prevé el pago de sentencias atrasadas, y al artículo 23 de la Ley 1979 de 2019 “Por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la fuerza pública y se dictan otras disposiciones”, lo cierto es que al revisar los cambios realizados en la planta de personal de la entidad y los objetos de la contratación directa, no parece haber correspondencia entre la justificación y el gasto. 

Entre el 1 de enero y el 25 de julio de 2022, el Ministerio de Defensa creó 7 nuevas direcciones, pasando de 18 a 25; 17 nuevos grupos de trabajo, pasando de 61 a 78; y creó o reemplazó 164 cargos de planta de los 729 que tenía a diciembre de 2021. Sin embargo, para los honores y bienestar de los veteranos solo se cambió el nombre del Viceministerio del GSED y Bienestar por el de Viceministerio de Veteranos y GSED y se creó una dirección especializada para ellos. 

Hay que aclarar que para el pago de sentencias se creó un solo grupo de trabajo, de los 17 nuevos. Los mayores cambios se dieron dentro del Viceministerio para las Políticas de Seguridad y Defensa. El aumento de la contratación por prestación de servicios se concentró también en el despacho del ministro. 

En el primer semestre de 2022, el Ministerio de Defensa Nacional suscribió 226 contratos directos, es decir que en 6 meses había suscrito 5 contratos más que en los 12 meses anteriores, por un costo estimado de COP $10.776.350.293 y digo estimado porque en la respuesta al derecho de petición enviado al ministerio para esta columna, Edgar Andrés Fandiño, alfil de Molano que aún permanece en el ministerio, omitió responder toda la información contable sobre la contratación directa y el costo de la planta del primer semestre de 2022. Muy conveniente en vista de los anuncios del nuevo gobierno de la posible existencia de posibles nóminas paralelas en las entidades del orden nacional. 

En el área de comunicaciones del ministerio tampoco se vio la austeridad. Solo en los primeros 6 meses de 2022 el despacho de Molano celebró 25 contratos directos para labores de comunicación, uno de ellos con la ya cuestionada empresa Alotrópico S. A. por 595 millones que tiene vigencia hasta septiembre. Esta empresa, constituida en 2015 por dos amigas y subalternas de Molano en el ICBF, ya había sido beneficiadas por una contratación directa de más de 800 millones de pesos que fue cuestionada por la W Radio. 

Molano prepara actualmente su carrera para la Alcaldía de Bogotá, esperemos que estos saltos en el gasto en el ministerio no tengan relación, como es común en Colombia, con sus pretensiones políticas y ojalá el nuevo ministro Velásquez, experto en la lucha contra la corrupción, pueda depurar y convertir en realidad la promesa, hasta ahora vacía, de austeridad. Porque más allá de si debemos seguir invirtiendo, o no, la mayoría del presupuesto nacional en esta maldita guerra, lo que sí es inaceptable es que la poca plata que tenemos se la pueda gastar inadvertida y caprichosamente un ministro derrochón. 

Más vale que los funcionarios entiendan que es un deber constitucional responder exhaustivamente los derechos de petición. Como les mencioné, para la investigación de esta columna se envió un derecho de petición al Ministerio de Defensa sobre la planta y la contratación directa de la entidad desde 2015 hasta hoy. Convenientemente, los alfiles de Molano en el ministerio no solo tardaron más de un mes en responder, sino que omitieron todas las respuestas correspondientes a la información de 2022, incluyendo el nuevo manual de funciones de la entidad. 
 

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