Tiene razón el presidente Gustavo Petro al anunciar que la Sociedad de Activos Especiales, SAE, podría estar envuelta en uno de los peores hechos de corrupción de la historia del país. Es una vergüenza que los millonarios bienes objeto de extinción de dominio se los roben o terminen manipulados de manera fraudulenta por funcionarios de la Fiscalía, jueces y secuestres o depositarios de bienes incautados para enriquecerse injustificadamente. Colombia: un país donde el Estado les quita a los “malos” para que los “buenos” creen una empresa criminal.
Según la Contraloría no hay información sobre 3000 inmuebles que debieron pasar de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, a la SAE. El tema es aun más escandaloso cuando estamos a punto de endeudarnos y romper la regla fiscal para comprarle 3 millones de hectáreas a los ganaderos y entregárselas a los campesinos y a las víctimas del conflicto mientras, según su director, José Daniel Rojas, solo el 21 por ciento de los inmuebles que administra la SAE son productivos.
El Tiempo además reveló esta semana que la Contraloría encontró “lotes y casas rurales avaluados en menos de 100 000 pesos, una finca de 112 hectáreas por un valor de 64 000 pesos, un lote con construcción de 780 metros cuadrados por 4300 pesos, un lote urbano en buen estado que cuenta con 99 metros cuadrados, y que sale registrado por solo 1318 pesos y un garaje de 12 metros cuadrados ubicado en Bogotá, ubicado en el sector del Centro Comercial Unicentro, que fue avaluado en 35 000 pesos”.
El caso que les voy a revelar a continuación podría demostrar cómo funciona este aparato criminal. Además en diferentes entregas de esta columna les seguiré desenmascarando la corrupción millonaria que se apoderó de la SAE.
Un fiscal especializado en extinción de dominio presentó una solicitud de secuestro de la sociedad propietaria del hotel The Epica House, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena. Según su propietario, Daniel Posada, para el 6 de diciembre de 2018, fecha en que se dicta la medida cautelar solicitada por la fiscal 21 de extinción, Ana América Pereira Buendía, el hotel facturaba aproximadamente 200 millones de pesos mensuales.
La fiscal solicitó la medida en el marco del famoso proceso contra Liliana del Carmen Campos Puello, alias la Madame, con fundamento en una intercepción hecha a la famosa proxeneta en la que otra mujer, plenamente identificada por la Fiscalía como mayor de edad, aseguraba haber estado con unos clientes en el hotel The Epica House el fin de semana anterior a la llamada interceptada. Con base en esto, la fiscal presentó al juez el extracto de la interceptación, asegurando que quien se encontraba hablando con la Madame era una menor de edad, lo cual no era cierto. Sorpresivamente el juez avaló la medida cautelar sobre la sociedad por el delito de prostitución de menores de edad; no obstante, no se vinculó a nadie de la sociedad al proceso penal.
Vale la pena aclarar que Mario Gómez, director de Fiscalía de Infancia y Adolescencia, en la rueda de prensa de la operación es reiterativo en afirmar que la investigación que se adelantaba contra la red de la Madame era por proxenetismo con mayores de edad. De hecho, la sentencia condenatoria contra la Madame fue por trata de personas y concierto para delinquir y no incluyó prostitución de menores.
La SAE designa a la sociedad G&B Consultores como depositaria provisional del hotel The Epica House, y a su representante legal, el señor Jorge Luis Guerrero Paz como secuestre, a pesar de que en el momento en que se le entrega el bien en custodia a la sociedad esta tenía la Cámara de Comercio vencida. En esta grabación se escucha al señor Guerrero afirmar que toda la operación era un show mediático del entonces fiscal general Néstor Humberto para desviar la atención del escándalo de Odebrecht.
Además se puede escuchar a la fiscal 21 muy sospechosamente en el video a continuación tener una conversación con el funcionario profesional de la SAE Arturo Garzón Vengochea en la cual afirma que el proceso que siguen contra The Epica House es un “proceso marica”, pues no incluyeron en la medida cautelar el inmueble del hotel que la sociedad embargada alquilaba, a lo que el investigador responde que solo es que él le diga “al duro” para que se pueda incluir el bien en el proceso. Aunque no queda claro a quién se refieren con “el duro”, el juez era el único que tenía la potestad de incluir el inmueble en la medida cautelar.
Adicional a lo anterior, investigadores de la Dijin, por orden de la Fiscalía, levantaron dos actas que destruyeron con posterioridad y obligaron a la administradora de The Epica House a firmar nuevamente con fechas que no corresponden a las del levantamiento del acta ni al contenido de las anteriores versiones. Por esta razón el propietario de la sociedad realizó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia que ordenó investigar al investigador de la Dijin.
Lo que sucedió después con la sociedad parece inverosímil. La sociedad de The Epica House fue entregada en menos de una semana de expedida la medida cautelar para su administración a Ofihotel S. A. S., sociedad caleña que a solo diez días de dictada la medida cautelar constituyó un nuevo registro mercantil de un hotel en el inmueble donde funcionaba The Epica House. Sociedad que ya no está en propiedad de la SAE sino del administrador de Ofihotel, por lo cual este no debe pagar ningún tipo de utilidad o arrendamiento al Estado.
Ofihotel S. A. S., adicionalmente, manejaba otros nueve hoteles que habían sido objeto de extinción de dominio y que le había entregado el mismo secuestre Jorge Luis Guerrero Paz. Un negocio redondo sobre todo porque la SAE nunca recibió ni un peso de utilidades.
Pero lo realmente problemático es que en estos vídeos a los que tuve acceso, el administrador de la nueva sociedad, el señor Juan Carlos Gálvez, que debería estar actuando como custodio del bien y que debería tener responsabilidades de funcionario público, desde un catamarán en Cartagena, donde presuntamente hay prostitutas, le explica a uno de sus clientes cómo conseguir mujeres. Si bien se cura en salud al decirle que él no se las puede conseguir, le aclara que le tiene lista la casa, se presume que es uno de sus hoteles, para todo lo que necesite, contribuyendo de esta forma a consolidar aún más a Cartagena como destino de turismo sexual; exactamente lo que la mediática operación de Néstor Humberto Martínez, que no sirvió para nada, quería evitar.
Colombia: un país donde los “buenos” que deben velar por la custodia de los bienes en extinción de dominio también son “malos”.
Más vale que la Fiscalía acabe con esta empresa criminal. El país tiene una oportunidad enorme de implementar por fin el punto 1 del acuerdo de paz y acercarnos a un verdadero desarrollo rural. Los bienes que tiene la SAE avaluados en aproximadamente 14 billones de pesos podrían garantizarles a muchos colombianos honestos una vida digna. Además ayudarían a que Colombia no tenga que poner en riesgo sus finanzas públicas para cumplir con la deuda de una reforma rural integral.
