¿Cuánto vale cruzar el Darién?
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Los grupos ilegales se han adueñado del negocio de la travesía hacia Centroamérica, con la anuencia de las autoridades y aprovechándose de la necesidad de los migrantes. Cómo funciona el negocio de explotación de migrantes más dramático de los últimos años.
Por: Maria F. Fitzgerald
El cruce irregular de migrantes en Colombia cada día abre más rutas. Los grupos armados ilegales han establecido un negocio sólido, con tarifas diferenciadas, dependiendo del nivel de seguridad, los grupos familiares e, incluso, la nacionalidad de quien cruza.
Existen dos rutas principales: una sale en bote desde San Andrés. La otra es cruzando la selva del Darién por las trochas. Los peligros son muchos en ambos trayectos. Así, a mayor seguridad, mayor el costo.
Quienes cruzan las trochas del Darién conocen los peligros: acantilados, animales venenosos, ríos turbulentos, bandas de tráfico de personas, grupos armados ilegales, secuestros masivos, abusos sexuales y asesinatos. Las historias sobre los horrores que atraviesan los migrantes por la selva no son pocas. Pese a esto, más de 2.500 personas deciden cruzarlo a diario porque es la ruta más económica.
La otra ruta es la de San Andrés. Ha sido presentada como la ruta VIP, pues cruzar por bote brinda una ruta más directa, con menos accidentes, menos personas y más controlada. Pese a esto, la Armada Nacional ha tenido que participar en el rescate de, al menos, dos grupos grandes de migrantes en aguas abiertas solo durante el mes de agosto.
En ambos casos, la tarifa mínima para cruzar son 700 dólares por persona. El costo va aumentando al gusto del coyote que los guíe. A esto se suma la comisión que cobran los miembros del Clan del Golfo: el grupo que controla el tráfico de migrantes.
La economía del Darién y San Andrés
El cruce por la selva se hace a través de distintas trochas que aumentan o reducen su complejidad dependiendo de la nacionalidad y la cantidad de dinero que se pague. Los que pagan menos son los migrantes de origen latinoamericano, también los africanos y quienes provienen del Oriente Medio .
Ellos, en promedio, pagan 700 dólares por persona solo para cruzar. Sin embargo, nada es seguro. Las denuncias de los migrantes, una vez llegan al otro lado de la selva, incluyen extorsiones, que se cobran al capricho de los delincuentes. Muchas veces, quien no puede pagar más dinero –principalmente, quienes viajan en familia, mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+–, termina siendo sometido a violencia sexual y de género.
También hay que sumar la estadía, la alimentación y los transportes que deben tomar los migrantes hasta Necoclí, Turbo, Unguía, Acandí o Juradó, que son algunos de los puntos donde inician las distintas rutas. Sin embargo, las cifras varían radicalmente. Hay transportes que pueden cobrar entre 15.000 y hasta 50.000 pesos. Para la estadía quienes se quedan acampando pueden pagar hasta 100.000 pesos por noche, pero si deciden tomar una habitación alquilada, pueden llegar a pagar hasta 500.000 pesos por noche.
Así, un viaje que solo por la guía podría costar 700 dólares, se puede duplicar o triplicar su precio entre las estadías y alimentación. Son precios que, también, varían de acuerdo con el antojo del grupo armado.
Investigaciones adelantadas por Human Rights Watch (HRW) han logrado determinar que a los migrantes de otras nacionalidades les cobran hasta 1.500 dólares por cabeza. Se trata de los migrantes de nacionalidad china, que tienen una ruta separada de los demás, que es un poco más estable, pero aún así sigue siendo muy peligrosa.
Finalmente, está la ruta que parte de San Andrés. “Allí, cada pasajero puede llegar a pagar hasta 4.000 dólares por cabeza. Es una ruta utilizada principalmente por inmigrantes de países por fuera de América Latina”, asegura Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Para profundizar
¿Quién controla el negocio?
Tanto HRW, como la Defensoría del Pueblo han señalado que el tráfico es ampliamente controlado por el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Todo el paso de migrantes ha sido cooptado por el grupo que, desde principios de 2021 inició una agresiva expansión por todo el Pacífico colombiano y que hoy domina casi toda la región.
De acuerdo con Pappier, las AGC, además de controlar el negocio, “extorsiona con 20 por ciento todos los pagos relacionados con migración, incluyendo guías humanitarios, venta de comida, alojamiento, transporte, entre otros”.
Es decir: las AGC no solo controlan el paso por la selva y por el mar. También, controlan todas las posibles necesidades que pueda llegar a tener un migrante y los negocios que rodean la migración. Al respecto, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta binacional, la Alerta Temprana 014-23 de abril de este año, en conjunto con el gobierno panameño.
El control del grupo armado está dividido en cinco grandes categorías que le permiten tener el poder absoluto. Esas categorías son: “i) el cobro de cuotas por los servicios que forman parte de las dinámicas de migración; ii) la habilitación o cierre de rutas y de las zonas específicas del territorio en las cuales pueden transitar los migrantes; iii) la imposición de órdenes de no agresión o afectación contra la población migrante; iv) la afectación a procesos colectivos y organizativos locales en las zonas de tránsito y v) en las amenazas y aplicación de otras sanciones violentas contra quienes visibilicen sus afectaciones contra las autoridades”.
Pese a las múltiples advertencias, la migración continúa aumentando, sin parar, desde el año pasado. El gobierno panameño ha calculado que solo en los primeros seis meses de 2023 cruzaron más de 249.000 migrantes, de los cuales más de 40.000 fueron niños, niñas y adolescentes. Para finales de agosto, la cifra ya había superado los 300.000 migrantes.
Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte que cada vez recibe a más personas víctimas de violencia sexual, torturas y violencia física. Sin embargo, los gobiernos parecen no actuar con celeridad.
El 8 de septiembre, Panamá anunció que empezaría a deportar a todos los migrantes irregulares que encontrara en su territorio. Por su parte, las organizaciones que han hecho frente a la crisis consideran que las medidas han sido suficientes: “En la zona hacen presencia otras organizaciones, pero las necesidades actuales sobrepasan todas las capacidades”.