Estados Unidos revocará visas a militares que están siendo cuestionados por violación de derechos humanos
15 Mayo 2023

Estados Unidos revocará visas a militares que están siendo cuestionados por violación de derechos humanos

Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño

'El Reporte Coronell' conoció los casos de algunos oficiales retirados de las Fuerzas Militares que serían inelegibles para ingresar a Estados Unidos, ya que estarían implicados en asuntos de violación de derechos humanos. Conozca los detalles.

Por: Redacción Cambio

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El gobierno de Estados Unidos podría revocar la visa de otros militares involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos. A su vez, la medida también cubriría a algunos civiles. 

El actual secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony John Blinken, anunció que tres militares colombianos cuestionados por violación de derechos humanos entraban en la lista de inelegibles para entrar al país norteamericano.

'El Reporte Coronell' de la W radio conoció que inicialmente, la prohibición fue para los coroneles retirados: Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Juan Carlos Figueroa Sánchez y el general Iván Ramírez Quintero, "quien fuera el hombre más poderoso de la inteligencia militar en Colombia". 

Además, el veto para la expedición de visas también cubre a cinco familiares de estos militares retirados.

A través de un comunicado, el secretario de Estado hizo énfasis en el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz con las Farc firmado en 2016 y a la justicia transicional representada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Así las cosas, Estados Unidos aplicaría la misma medida a otros militares que han sido renuentes a contar toda la verdad en la JEP, o que no declararon sobre relaciones con grupos armados o existencia de procesos, vigentes o no, en el momento de tramitar visas o permisos de residencia permanente. Es decir, que omitieron esa información en los documentos de trámite.

Casos de oficiales inelegibles para entrar a Estados Unidos

Uno de esos oficiales es el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue absuelto hace un poco más de siete años por la desaparición de once personas en el Palacio de Justicia y "goza de residencia permanente" en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con el periodista Daniel Coronell "esta absolución de la Corte Suprema no cubre la tortura y desaparición del magistrado Carlos Horacio Urán. Razón por la cual, el coronel Plazas Vega afronta una demanda en una corte del distrito sur de Estados Unidos".

Actualmente, el gobierno revisa si existió alguna omisión de información en el trámite de sus documentos migratorios, lo cual permitiría la revocación directa de la tarjeta de residencia permanente o conocida "green card". 

El excomandante general de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero Gordillo, es otro oficial retirado que eventualmente entraría en la lista de inelegibles para ingresar a Estados Unidos. "Sobre su cercanía con los paramilitares declaró Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, antes de ser extraditado", explicó Coronell.

Otro de los casos a evaluar es el del coronel Jorge Luis Mejía Rosas, antiguo oficial de inteligencia de la Brigada 17, presuntamente vinculado al asesinato de miembros de la Unión Patriótica en Apartadó, Antioquia.

Además, sería declarado inelegible para entrar a Estados Unidos el coronel Héctor Alejandro Cabuya quien habría participado en 43 falsos positivos en complicidad con el llamado Bloque Centauros de los paramilitares.

La misma suerte correría el coronel Lino Sánchez Prada, antiguo comandante de la Brigada Movil 2, y señalado como presunto coautor de la masacre de Mapiripán que fue ejecutada por paramilitares enviados desde Urabá con colaboración de militares activos.

Civiles sancionados 

De acuerdo con 'El Reporte Coronell', en la lista de eventuales sancionados se encuentran algunos civiles incluyendo a un antiguo miembro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Se trata del abogado Ricardo Villarraga Franco quien fuera jefe de policía judicial de ese organismo de inteligencia.

Finalmente, las posibles decisiones del gobierno de Estados Unidos sobre el visado de estas personas, y sus familiares, se basan en la ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado y buscan promover la rendición de cuentas de uniformados y civiles que tuvieron relación con grupos paramilitares, ordenaron torturas, asesinatos o participaron en desapariciones de civiles.

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