Así cerró la primera legislatura del "Congreso del cambio": lo que fue y lo que no pudo ser

La primera legislatura del "Congreso del cambio" terminó con un balance en rojo para el Gobierno nacional, a pesar de haber comenzado con mayorías arrolladoras, producto de alianzas con sectores tradicionales y la votación histórica del Pacto Histórico en 2022.

El entusiasmo de los aires de renovación del año pasado contrasta con la incertidumbre actual sobre las reformas del proyecto político del presidente Petro. ¿Cuál fue la magnitud de la "rajada" del Ejecutivo en su primer año de trámite legislativo?

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Lo que se alcanzó a aprobar

Sin duda la victoria más sonada del Gobierno fue la aprobación de la reforma tributaria. El proyecto para recaudar cerca de 20 billones de pesos fue aprobado en tan solo cuatro meses de discusión, gracias a los dos factores que hoy le hacen falta el Ejecutivo: la aplanadora con el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador a bordo y los buenos oficios del operador político por excelencia del presidente Petro en el Congreso: Roy Barreras.

En ese segundo semestre de 2022 también se logró sacar adelante la creación del Ministerio de la Igualdad, del cual no hay a la fecha claridad sobre su tamaño y funcionamiento, y la prórroga a la Ley 418 de orden público, que sirve como marco jurídico para la implementación de la paz total que ha tratado de impulsar el Gobierno. Finalmente, el Ejecutivo sacó pecho por la ratificación del Acuerdo de Escazú para la protección eficaz de las personas que ayuden a proteger al medio ambiente.

En esa primera parte de la legislatura también se logró que otros proyectos importantes para el Gobierno avanzaran hasta quedar casi aprobados. Fue el caso de la jurisdicción agraria -que vio la luz la semana pasada- y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, también conciliado y listo para sanción presidencial.

En el nuevo año, como consecuencia de los estragos que dejó el paso de la reforma a la salud, las victorias del Gobierno fueron menos rutilantes de proyectos de su autoría o que tenían su bendición. Los proyectos más importantes que lograron ser aprobados son el Plan de Desarrollo, la reducción del receso legislativo, la gratuidad en la educación superior, la ley para ampliar la paridad de género en cargos públicos y la reforma al Código Electoral. Este último proyecto -que tuvo el apoyo del Gobierno durante todo su trámite- fue aprobado en las últimas horas de la legislatura. Minutos antes de su aprobación final en el Senado, toda la bancada del Pacto Histórico le quitó el apoyo a la iniciativa. 

Las derrotas del Gobierno en el Congreso

El derrumbe de la coalición de Gobierno y la operación tortuga que adoptó la oposición en el Congreso aprovechando el escándalo Sarabia-Benedetti le propinaron varios golpes a la congestionada agenda legislativa que presentó el Ejecutivo en febrero. Ni las sesiones extras de comienzo de periodo, ni las que se avecinan en las próximas horas permitieron que alguna de las tres reformas sociales del presidente superara el segundo debate. 

El primer aviso de lo que se avecinaba para las intenciones del Gobierno llegó en marzo con el archivo de la reforma política en la Comisión Primera del Senado. La caída de este proyecto, que fue uno de los primeros que radicó la administración de Gustavo Petro, fue estruendosa por las críticas que le llovieron desde todas las fuerzas políticas, incluido el progresismo.

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La reforma laboral se hundió de forma poco decorosa con un trámite marcado por el ausentismo de los congresistas independientes y opositores y varias jugadas del oficialismo por salvar el proyecto y dejarlo con vida para la próxima legislatura.

La reforma pensional logró sobrevivir en la Comisión Séptima del Senado, aunque con apoyos muy apretados, y la reforma a la salud se quedó estancada en la plenaria de la Cámara.

Las transformaciones a la salud y las pensiones podrán continuar su camino a partir del 20 de julio desde donde quedaron, pero la reforma laboral tendrá que volver a ser radicada en un semestre mucho más difícil para el Gobierno. Las elecciones regionales tendrán a los congresistas en campaña y las nuevas reformas que quiere tramitar el presidente –a la educación superior y a los servicios públicos– aumentarán el trancón legislativo.

Ni qué decir del proyecto para regular el uso adulto del cannabis, que tuvo un avance prometedor hasta que llegó a su último debate en la plenaria del Senado. En la noche del 20 de junio, último día de las sesiones ordinarias, el acto legislativo se quedó a un par de votos de pasar a sanción del presidente y ser un hecho histórico para Colombia. El hundimiento de este proyecto, que contaba con el respaldo de la Casa de Nariño, también desnudó las fracturas dentro de lo que queda de la coalición, tanto en el Pacto Histórico como en la Alianza Verde.

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Finalmente, los proyectos sobre justicia ni siquiera tuvieron chance de aparecer en el orden del día de las comisiones en las que están estacionados. La ley de humanización carcelaria y la ley de sometimiento deben esperar hasta el próximo semestre para empezar su camino. Las iniciativas tendrán que enfrentar la dura arremetida del fiscal Francisco Barbosa, quien ha aprovechado los últimos meses para hacer "lobby" con varios partidos. Barbosa ha intentado convencer con relativo éxito a la bancada liberal, conservadora, de La U y de Cambio Radical para que sus votos se orienten a hundir las dos iniciativas.

Con el saldo en rojo en términos de reformas, al Gobierno se le avecina una difícil legislatura con elecciones territoriales de por medio. El entretiempo antes del 20 de julio servirá para que el presidente Petro decida si quiere recomponer su aplanadora y moderar los proyectos o insistir en las iniciativas apalancándose en las marchas y sus bases populares.