El dilema de Petro: ¿Reformas o elecciones locales?

El entusiasmo por el cambio y el empoderamiento de la izquierda debutando en el poder le alcanzó al presidente Petro para aprobar la reforma tributaria tan solo cuatro meses después de llegar a la Casa de Nariño. Hoy, casi un año después del triunfo en las elecciones y a horas del cierre de la legislatura, el Gobierno fracasó en su labor de hacer política y los aliados diversos que logró sentar en la misma mesa abandonaron el barco.

De esta manera, el paso de las reformas sociales por el Congreso le dejó al Gobierno un terremoto político que derrumbó las alianzas que gestó durante y después de la campaña. Sobre estos acuerdos, el presidente tendrá que decidir si aprovecha el entretiempo político que se avecina para recomponerlos o los sacrifica pensando en el núcleo de los proyectos que entusiasman a las bases del petrismo con un cambio real.

La agenda legislativa del Gobierno no vive sino sobrevive

Aunque en la última semana del actual periodo legislativo el Gobierno logró dejar con vida la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud, todas quedaron con votaciones apretadas y sin garantía alguna de que tendrán mejor suerte el próximo semestre. El avance de los proyectos se empañó por las argucias legislativas de la oposición para frenar el debate y las del Gobierno para evitar que se hundieran.

La reforma laboral –que tenía el pronóstico más fatalista incluso desde el propio Gobierno– se salvó y el nombre clave fue el de Alexander Quevedo, representante conservador por el Guaviare. El congresista le permitió a la Comisión Séptima de la Cámara tener quórum decisorio y así destrabar el proyecto, a pesar de que la instrucción de su partido era apostarle al ausentismo. El caso de Quevedo es uno de los ejemplos más visibles de la negociación directa con los legisladores por la que ha optado la Casa de Nariño.

Por otro lado, también fue fundamental la aprobación y negación de impedimentos que hubo en esa célula legislativa. A los congresistas que iban a votar negativo se les aprobó el impedimento y a los que iban a votar positivo se les negó, a pesar de que las razones fueran casi idénticas.

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Además, los partidos independientes y de oposición probaron la eficacia del plan tortuga para entorpecer los proyectos bandera del Ejecutivo, como la regulación del Cannabis, y endurecieron las medidas para frenar la indisciplina de algunos congresistas. Lo hizo el Partido Conservador con Alexander Quevedo y Cambio Radical con Jairo Cristo y Ana María Castañeda.

Finalmente, dos proyectos clave para el presidente quedaron sin discutirse y con varias dudas incluso dentro del propio Gobierno: la ley de humanización carcelaria y la ley de sometimiento. 

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“Volveremos a insistir (sobre el proyecto de humanización carcelaria) y con la Ley de Sujeción a la Justicia, lo mismo. Es posible que se le alcance a dar un debate en la próxima semana o en sesiones extras. Lo volveremods a radicar, los debates enriquecen más los proyectos”, dijo el ministro de Justicia Néstor Osuna.

Tan pocas son las certezas que tiene el Gobierno sobre el apoyo a sus reformas que las sesiones extras se convocarían para discutir únicamente dos proyectos sin tanta trascendencia: el segundo debate de la adición presupuestal y definir cuántos diputados se deben elegir en octubre.

¿Renunciar a las elecciones locales?

El panorama para los proyectos del Gobierno no es prometedor para el próximo periodo y se agrava por el factor de las elecciones locales. Por un lado, la baja asistencia al Capitolio será costumbre porque los congresistas estarán enfocados en hacer campaña en sus regiones y cada apoyo que le den o le quiten a un proyecto será producto del cálculo electoral. Siendo así, las concertaciones con las fuerzas políticas serán cada vez más difíciles para el Gobierno, aún más cuando las "líneas rojas" de ambas partes ya se encontraron y no parece existir más de dónde ceder.

En este escenario, el presidente Petro tiene la opción de modificar el núcleo de sus reformas para traer nuevamente a su redil a los tres partidos con los que rompió relaciones después de haberlos recibido en la coalición: el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Por lo menos, los liberales y La U han dado señales de querer sentarse nuevamente con el presidente para negociar y por ello han pedido el aplazamiento y no el hundimiento de las discusiones de las reformas.

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"Invito al Gobierno nacional a que retire las tres reformas presentadas ante el Congreso y busque la consolidación de un gran consenso nacional, no solo en lo relacionado con la agenda legislativa sino para resolver la situación de orden público y seguridad que atraviesa el país", expresó el representante del Partido de La U, Víctor Manuel Salcedo.

Esa "recomposición" de la coalición ya había sido pedida por el presidente de la Cámara David Racero, cuando apresuradamente indicó el pasado 5 de junio que los debates quedaban congelados. Las palabras de Racero quedaron en saco roto por la instrucción del presidente de seguir adelante en el trámite de los proyectos, a pesar de la crisis política que estalló en el alto gobierno por cuenta de la confrontación entre Laura Sarabia y Armando Benedetti. La voluntad de Petro fue llegar al punto en el que se está hoy: reformas que sobreviven con un paso atropellado.

Si el Gobierno decide reiniciar los diálogos con los partidos discrepantes para pavimentar el camino de las reformas, tendrá que ceder en el núcleo de las mismas y poner en riesgo el respaldo de las bases del proyecto petrista, las mismas bases a las que Petro ha llamado a respaldarlo en sus discursos en la plaza pública. Por supuesto, esto le pasaría factura al Pacto Histórico en las próximas elecciones, pero aumentaría las posibilidades de revivir el llamado "frente amplio" que exigió el presidente a principios de este año. Es decir, unir fuerzas con los partidos tradicionales para aumentar las posibilidades de ganar la mayor cantidad de alcaldías y gobernaciones.

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"Aunque existe una posibilidad de reorganizar sus apoyos legislativos, al presidente le será complejo lograrlo y esto implicaría suavizar su discurso y el contenido de las reformas, para así poder ganar fuerzas de partidos mas conservadores", expresó el politólogo Álvaro Llano Ulloa.

Hasta el momento, la coalición de partidos que llevaron a Petro a la presidencia carece de candidaturas fuertes en todo el país. Ni siquiera en Bogotá hay certeza de quién tomará las banderas del petrismo, a pesar de que la votación que sacó el hoy presidente en ambas vueltas de 2022 superó el millón y medio. Gustavo Bolívar se reunió con el presidente Petro el pasado 17 de junio en Cartagena para definir su futuro político pero todavía no se sabe si se lanzará o no.

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Mientras tanto, en Medellín el nombre más visible del progresismo es el de Juan Carlos Upegui –respaldado por Daniel Quintero–, quien no ha podio recortarle distancia a Federico Gutiérrez en las encuestas. En Cali y en Barranquilla tampoco se han consolidado candidaturas con el suficiente impulso como para hacerle frente a los sectores tradicionales. El petrismo tiene votos pero no candidatos para octubre. 

"Los perfiles que podrían ser candidatos del petrismo ya están ocupando cargos en el Gobierno", dijo el analista Esteban Salazar. Los ejemplos más claros son los del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes fueron llamados hace unas semanas a integrar el gabinete y apagar el incendio en el Congreso que dejaron Carolina Corcho y Alfonso Prada.

Para Salazar, el presidente Petro "nunca ha podido consolidar un partido" en toda su carrera política. Su paso por el Polo Democrático generó divisiones internas y sus acercamientos con el Partido Verde también fragmentaron al partido de centroizquierda. El Pacto Histórico es hoy una amalgama de movimientos y partidos a los que les ha costado encontrar cohesión, aún más en un escenario electoral donde cada uno tiene sus propios intereses y jefes políticos, como Roy Barreras.

El aliado del petrismo más cercano ideológicamente en el Congreso y en la política electoral es el Partido Alianza Verde, que también enfrenta una marcada división interna en ambos escenarios. Por un lado, las dificultades para encontrar candidaturas fuertes que unan a toda la colectividad persisten en Bogotá y las demás capitales. Prácticamente los verdes renunciaron a la posibilidad de tener un nombre fuerte para disputar la alcaldía de la capital y el próximo paso será dejar a sus militantes en libertad.

Y en el Congreso, las diferencias dentro de la bancada verde son cada vez más notorias. La más reciente discusión acalorada entre los senadores Inti Asprilla y Jota Pe Hernández en medio de la plenaria para discutir la regulación del cannabis dejó en evidencia la poca unidad del partido al que le corresponde asumir la presidencia del Congreso en la próxima legislatura.

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Justamente, la elección del próximo presidente del Congreso también será una decisión clave para el presidente pensando en las reformas y las elecciones. En la baraja están cuatro nombres: Angélica Lozano, Inti Asprilla, Ariel Ávila e Iván Name. Lozano ofrece moderación y diálogo con sectores independientes y de oposición, al igual que Ávila y Name, mientras que Asprilla no tiene puentes sólidos de diálogo con todos los sectores políticos que hay en el Legislativo. Si Asprilla es el elegido por Petro, será un mensaje de que la decisión es tramitar las reformas sin grandes modificaciones pero con un gran costo político.

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"Irse de frente con las reformas tendría un alto costo político en las elecciones y en la gobernabilidad para el presidente Petro", dijo Esteban Salazar.

La decisión del nuevo presidente del Congreso también será un espaldarazo de la Casa de Nariño a un sector específico de los verdes que determinará su cercanía con el Pacto Histórico para las elecciones, especialmente en Bogotá. Angélica Lozano representa el sector cercano a Claudia López, que ya busca alianzas con partidos de centro como el de Jorge Robledo y los hermanos Galán, mientras que Inti Asprilla se ubica en la orilla opositora a López y afín a una coalición de centro izquierda.

En este escenario, el presidente Petro y sus operadores políticos ya hacen cálculos de la conveniencia de insistir con las reformas o moderarlas tanto como sea necesario para garantizar su aprobación en la próxima legislatura y un buen respaldo en las elecciones. No hay que perder de vista que el Gobierno también tiene a cuestas la evolución del escándalo Benedetti-Sarabia, el incremento de las tarifas de energía y el costo de la gasolina. 

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"Si el Gobierno es derrotado en las elecciones regionales corre el riesgo de que se dificulte aterrizar el Plan Nacional de Desarrollo y las iniciativas que se logren aprobar en el Congreso", dijo Esteban Salazar.

El presidente tendrá que decidir si sacrifica su gobernabilidad en el Congreso insistiendo con sus reformas y perdiendo definitivamente el apoyo de los partidos tradicionales para las elecciones, o ceder a los sectores tradicionales pero quedar en deuda con sus bases populares.