Los contratistas multados en 2023 por incumplir con sus megaproyectos de infraestructura

En 2023 la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) les apretó el cinturón a varias concesiones viales en el país y debido a diferentes incumplimientos en sus contratos les impuso multas que superan los 100.000 millones de pesos, según un informe de la entidad conocido por CAMBIO.

Se trata de grandes contratistas del sector de infraestructura en Colombia que ahora están bajo el radar de la autoridad. Esto porque por no haber cumplido con sus obligaciones contractuales, en algunos de los casos, afectaron a las personas que transitan por las principales vías del país. En otros, por ejemplo, generaron sobrecostos para la nación e impactos económicos por los retrasos. 

En total son 12 concesiones castigadas. La ANI dice en el documento conocido por este medio que, por otra parte, cinco empresas con proyectos viales también fueron requeridas el año pasado por problemas en los contratos, pero lograron ponerse al día antes de llegar a ser multadas. 

Los consorcios con las multas más altas

El proyecto que recibió la multa pecuniaria más alta es el de la vía Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó que está a cargo de la Concesionaria Ruta del Cacao conformado por las empresas RM Holdings, MC Victorias Tempranas del Grupo Colpatria, Cintra Infraestructuras Colombia y el fondo de inversión John Laing. La sanción impuesta supera los 66.000 millones de pesos. 

Según la Agencia Nacional de Infraestructura, en este proyecto, que tiene 190 kilómetros, se incumplieron los tiempos establecidos para terminar y poner a disposición de los usuarios las intervenciones que debían hacer en el tramo que va desde el municipio de Lisboa hasta Portugal en Santander. Ese fragmento del proyecto es conocido como la Unidad Funcional número 8. 

En segundo lugar, aparece la Sociedad Portuaria Puerto Hondo, que maneja parte del puerto en Tumaco, en el departamento de Nariño. En este caso, la empresa no pagó a la nación la contraprestación por la explotación de la terminal marítima y no se ejecutó el plan de inversiones y, por ende, ahora deberán pagarle al Estado 20.312 millones de pesos por caducidad y perjuicios.

Por otro lado, la Sociedad Concesionaria Desarrollo Vial al Mar, Devimar, de las empresas Sacyr y Stravag y Concay, que tienen adjudicada la Autopista al Mar 1 desde Medellín hasta el municipio de Cañasgordas en el occidente de Antioquia, y desde Santa Fe hacia el suroeste del departamento, según la ANI, no reintegró los recursos de la subcuenta ambiental tal como lo preveía el contrato de concesión y por eso le fue impuesta una sanción de 11.870 millones de pesos. 

En la lista de las empresas con grandes obras que incumplieron sus contratos aparece también la concesionaria Nueva Vía al Mar, que administra el proyecto de la polémica vía Mulaló-Loboguerrero. Este contratista incumplió porque no han podido iniciar la fase de construcción a pesar de que el contrato se firmó desde hace más de diez años. 

El caso de ese proyecto en el Valle del Cauca tiene una amplia historia detrás. En febrero de este año, CAMBIO dio a conocer cuáles eran las megaobras que, según el Gobierno nacional, tienen plata congelada en las fiducias que no se ha podido usar y que justifican el planteamiento del presidente Gustavo Petro de no entregarles más recursos hasta que no gasten lo que ya tienen. 

Uno de esos casos fue precisamente el de la vía entre Mulaló y Loboguerrero que se convirtió en el más emblemático por sus demoras. El proyecto ha sido mencionado más de una vez como ejemplo de una carretera a la que no se le pueden inyectar recursos adicionales, ya que las obras no han arrancado y hoy su avance es nulo. 

Según la Agencia Nacional de Infraestructura, la ejecución general de ese corredor, que fue adjudicado en 2014 y cuyo contrato se firmó en 2016, tiene ocho años de atraso. Además, a la fecha no hay plan de obras, pues, como se mencionó, nunca inició la fase de construcción debido a problemas ambientales y de consultas populares que no han podido dirimir ni este Gobierno ni los anteriores.

Esa vía, en manos de Corficolombiana, de propiedad del Grupo Aval, tiene 1,71 billones que reposan en la fiducia. Por eso el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en su momento que no le deben entregar la plata que esté comprometida para este año.

El funcionario se preguntó en ese entonces "¿Tiene sentido que desembolsemos 400.000 millones en una obra que no existe y que se vaya a una fiducia? Esa plata la podríamos usar para Rosas (vía Panamericana) o para la vía al llano”.

A raíz de esos problemas, la entidad encargada de las concesiones viales, decidió el año pasado imponer una millonaria multa de 1.079 millones de pesos que se suman a todos los problemas que han permeado el desarrollo de esa importante obra para los vallecaucanos. 

Finalmente, aparece el proyecto Girardot-Ibagué-Cajamarca cuya sanción asciende a los 5.000 millones de pesos. Según la ANI se acreditó que, pese a los múltiples requerimientos, la sociedad concesionaria APP GICA S.A que tiene a cargo esa obra, no solo no ha realizado la entrega de los estudios y diseños de la fase 3, sino que adicionalmente no existe ninguna justificación para tal situación.

Es importante recordar que este proyecto está en proceso de revisión para decidir si se va a liquidación o si se logra salvar. En este caso se convocó a un tribunal de arbitramento por la falta de recursos que generó el hecho de que no pudieron instalar un nuevo peaje en el corredor y el laudo determinó que el Gobierno y el consorcio deben llegar a un acuerdo para evitar que el contrato se liquide. 

Los puertos sancionados

Uno de los sectores que más se vio afectado por las sanciones impuestas por la Agencia Nacional de Infraestructura el año pasado fue el de los puertos. Según el informe de la entidad, cerca del 50 por ciento de las multas corresponden al grupo de concesiones que operan las terminales marítimas en el Pacífico colombiano. 

En primer lugar, aparece la Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port S.A. que por no mantener vigente la Garantía Única de Cumplimiento, es decir, la póliza del contrato deberá pagar una multa de 380.494 dólares que equivalen a cerca de 1.500 millones de pesos. 

Así mismo, por no tener el fondeo de los recursos para el segundo año del contrato, la Sociedad Portuaria Energética Multipropósito y de Contenedores 'Puerto Solo' en Buenaventura, recibió una multa de 344 millones de pesos. 

Las cifras de sanciones podrían mantenerse este año o incluso aumentar por causa de las constantes investigaciones que adelanta la ANI ante los incumplimientos y otros problemas contractuales que tienen los proyectos. 

Por su parte, desde el sector privado se la ha solicitado al Gobierno que sea el que responda por decenas de situaciones que, en su concepto, se salen de las manos de las empresas. Se refieren a los llamados eventos eximentes de responsabilidad que podrían costarle al Estado varios billones de pesos. 

Por algunos de los reclamos que han hecho los concesionarios ya hay activos tribunales de arbitramento nacionales e internacionales en los que pretenden que se les reconozcan millonarios recursos incluyendo la plata que dejaron de percibir en 2023 cuando se tomó la decisión de congelar las tarifas de los peajes.