El edificio de papel de la Nacional en San Andrés por el que están en riesgo 11.000 millones

“Lo bueno de esto es que la construcción está a salvo de huracanes”, dice con sarcasmo un profesor de la sede en San Andrés de la Universidad Nacional. El docente se refiere al edificio de aulas y bienestar que hoy solo existe en documentos, a pesar de tener aprobados 11.000 millones de pesos de regalías. Los retrasos en las obras son, según la Contraloría, muestras de “una falta absoluta de planeación”, pues la ejecución física va en 0 por ciento. Así lo señala un informe conocido en exclusiva por CAMBIO.

La sede Caribe de la Universidad Nacional fue creada en 1997 y se estableció en la isla de San Andrés. Desde sus inicios, la sede isleña fue concebida para ofertar programas de posgrado especializados en áreas como la Biología Marina. Allí también se desarrollan investigaciones científicas a través del Instituto de Estudios Caribeños, el Jardín Botánico y el Instituto de Estudios de Ciencias del Mar.

Para ampliar su oferta y mejorar las condiciones de infraestructura física de la sede, la Universidad Nacional presentó un proyecto ante el Órgano Colegiado De Administración Y Decisión (Ocad) de la región Caribe. Los Ocad son instancias encargadas de evaluar, hacer viables y aprobar proyectos que serán financiados con recursos de regalías; es decir, la plata que recibe el Estado por la explotación de recursos naturales no renovables.

El proyecto presentado se orientó a construir un nuevo edificio de aulas y bienestar en la sede de San Andrés. Así se justificó en ese momento, haciendo referencia a las desfavorables condiciones de infraestructura de esa sede:

“Estas bajas condiciones se refieren, en cuanto a infraestructura, espacios muy pequeños o construcciones muy viejas o distribuciones de espacio inapropiadas que dificulta la ubicación de nuevos equipos y la movilidad de los estudiantes o docentes”, dice en el apartado de “situación a transformar” del proyecto original.

La población a la que se quiso beneficiar con el proyecto fueron los bachilleres egresados y residentes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde 2008, la Universidad Nacional implementó en la sede Caribe el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama), en el que se hace un puente entre el colegio y la educación superior a aspirantes de poblaciones vulnerables o de especial atención.

En el edificio se planeaba establecer, por ejemplo, espacios para la atención psicosocial de los estudiantes. La justificación del proyecto entrega un dato revelador: entre 2019 y 2020 se calculó una tasa de deserción del 58 por ciento del programa Peama en San Andrés.

Las justificaciones loables del proyecto hicieron que el Ocad de la región Caribe lo aprobara el 10 de octubre de 2022. Se le asignaron 11.400 millones de pesos de regalías que salieron de la bolsa de un billón establecida por el gobierno de Iván Duque para el periodo 2019-2020. El objetivo del multimillonario fondo era financiar proyectos de Instituciones Públicas de Educación Superior.

Hasta aquí, una historia sin inconvenientes. Los líos llegaron cuando se dijo “manos a la obra”.

La ejecución en 0 por ciento

Según la normatividad vigente, una vez aprobado el proyecto, la Universidad Nacional tenía seis meses de plazo para cuanto se requería para el inicio de la construcción de la obra: licencias ambientales, de construcción y expedición del acto administrativo para ordenar el gasto y abrir la licitación. Pero esto no ocurrió.

Por eso, en marzo de 2023 la Nacional le pidió una prórroga al Ocad al vencerse el plazo de seis meses. Sin embargo, este organismo negó esa posibilidad mediante el Acuerdo 12 del 18 de mayo de 2023. Con esa decisión, los 11.400 millones de pesos tuvieron que ser liberados para que regresaran a la bolsa inicial. En otras palabras, la plata tuvo que salir del bolsillo de la Nacional para ser reasignada a otra institución: algo que tampoco sucedió.

Este hecho fue uno de los que llamó la atención de un equipo auditor de la Contraloría que visitó la sede de San Andrés en febrero de este año. En una comunicación enviada por ese órgano de control a Adriana Santos, directora de la sede Caribe, se reseñan los hallazgos de los auditores. Así se evidencia en el documento conocido por CAMBIO:

“No se explica cómo a hoy y tomando en cuenta la normatividad vigente […] un año y medio después de aprobado el proyecto, por el Ocad regional Caribe, los recursos no han surtido el debido proceso respecto a su liberación”, dice parte del documento de la Contraloría.

En la visita, los auditores confirmaron que no se ha puesto ni una sola piedra del edificio, que a la fecha de cierre de este artículo ya debería haberse terminado. El lote donde iría el edificio sigue vacío. Así lo comprueban estas fotografías de febrero pasado:

Según los hallazgos de la Contraloría, a corte de febrero la ejecución física del proyecto era del 0 por ciento, y la ejecución financiera del 0,42 por ciento. Este último porcentaje obedece a cuatro contratos de prestación de servicios firmados con tres personas diferentes encargadas de “supervisar” la ejecución de la obra y tramitar la licencia de construcción. El costo total de estos convenios es de 62 millones de pesos.

Para el equipo auditor, la no ejecución de los recursos del proyecto ha supuesto que el dinero se deprecie por el paso del tiempo. El cálculo de la Contraloría del valor que han perdido los recursos es de 1.664 millones de pesos. Además, al presunto daño patrimonial se suma el valor pagado a corte de febrero por los contratos de una obra que no ha arrancado: 48 millones de pesos.

En total, el cálculo del presunto daño patrimonial a los recursos de regalías para la Nacional es de 1.712 millones de pesos.

Como causas de la nula ejecución de un edificio pensado para atender población vulnerable de San Andrés, la Contraloría apunta a “la falta de planeación del proyecto desde su inicio”. La conclusión del órgano de control es poco esperanzadora:

“(La nula ejecución del proyecto) contraviene los fines de la contratación y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, generándose como resultado una gestión antieconómica e ineficiente, representada en que el proyecto no reporte ningún avance conforme a su objeto y no se vea una solución para que tenga un inicio a corto plazo”, dice parte del documento.

CAMBIO consultó a la directora de sede, Adriana Santos, pero al cierre del este artículo no hubo respuesta. Por otro lado, en el aplicativo del Banco de Proyectos de la Universidad Nacional, la información va en la misma vía de lo hallado por la Contraloría.

Según la consulta hecha por este medio, los indicadores de la primera fase del proyecto son muy bajos. La gestión de la licencia de construcción se inició en abril de 2023 y debió terminar el 30 de abril pasado. Sin embargo, el porcentaje de ejecución quedó en 2 por ciento. Por su parte, la tarea de realizar el proceso contractual y precontractual empezó en mayo de 2023 y tuvo que terminar en marzo de este año, pero según el aplicativo, quedó en 5 por ciento.

También se especifica la meta en metros cuadrados, que tampoco deja bien parado al proyecto. Según las proyecciones, el año pasado el proyecto ya debería tener 112 metros cuadrados construidos, y en 2024 se tienen que hacer los 1009 restantes. A la fecha no se ha construido ni un centímetro.

Para la segunda fase, los indicadores parecen despegar, pero tímidamente. Los procesos contractuales y precontractuales para la compra del mobiliario comenzaron el 3 de mayo pasado y deben terminar en noviembre. Su ejecución va en 10 por ciento. Lo llamativo es que, si el Ocad decide liberar los recursos del edificio, ya no habría razón para comprar mobiliario.

Mientras que el edificio de aulas sigue existiendo solo en el papel, los estudiantes del programa Peama siguen sin tener nuevos espacios de bienestar en la isla de San Andrés. Eso sí, la construcción seguirá a salvo de huracanes durante bastante tiempo.