Altas cortes rechazaron presuntas chuzadas a magistrados

Funcionarios de la Corte Constitucional se reunieron con la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, para hablar sobre las supuestas interceptaciones ilegales de las cuales estarían siendo víctimas magistrados de la Corte Constitucional. Durante el encuentro, la fiscal general ordenó iniciar de inmediato las investigaciones pertinentes en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. 

A través de un comunicado publicado en la mañana de este lunes 24 de junio, las altas cortes rechazaron los hechos y pidieron que estos  sean investigados con prontitud, ya que perjudican a toda la Rama Judicial. 

"Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial", señala el documento. 

El comunicado, que está firmado por la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, el presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves García; y el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, finaliza solicitando a la Fiscalía General de la Nación que dé con los responsables de las interceptaciones ilegales en las que se vio involucrado el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, su esposa y su equipo de trabajo. 

Interceptaciones a Jorge Enrique Ibáñez

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez envió una carta a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, en la que señalaba que estaba siendo victima de interceptaciones ilegales y seguimientos constantes a sus líneas telefónicas y a las de su familia.

"Quiero informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado", se lee en la carta entregada por el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes.

Ibáñez también afirmó en la carta que las comunicaciones de sus magistrados auxiliares fueron intervenidas y que según investigaciones que adelantó su equipo, las acciones vendrían directamente desde el Gobierno.

 "Según información recabada de varias fuentes, he llegado a la conclusión de que esto lamentablemente obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial", destacó.

Sin embargo, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) respondió a las acusaciones y señaló que el Gobierno de Gustavo Petro no ha autorizado ningún tipo de interceptación o perfilamiento a miembros del alto tribunal, por lo que abrirán una investigación interna en el Palacio de Nariño.