Magistrados de la Corte Constitucional pidieron a la fiscal que verifique si están siendo 'chuzados'

Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional le pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo que verifique si están siendo víctimas de interceptaciones ilegales.

El miércoles pasado, la Sala invitó a la fiscal para poner de presente las preocupaciones que tienen algunos de los magistrados de la Corte. A la reunión no asistió el magistrado Juan Carlos Cortés, quien tuvo una intervención quirúrgica el lunes anterior.

CAMBIO estableció que un magistrado tomó la palabra y comentó temores que tienen sobre la seguridad de sus comunicaciones, pero que no se entregaron pruebas ni elementos concretos sobre posibles 'chuzadas'.

La carta del magistrado Ibáñez

Lo que sí existe es una carta que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez entregó al presidente de la Corte, el magistrado José Fernando Reyes, quien a su vez la remitió a la Fiscalía y a la Procuraduría.

En la carta, Ibáñez expone que su celular ha sido intervenido y que, por fuentes de información, ha podido establecer que los responsables serían órganos de inteligencia estatal.

En la misiva, se advierte que la misma situación estaría sucediendo con los magistrados auxiliares de su despacho en la Corte y que podría estar sucediendo con otros magistrados del alto tribunal. Además, asegura que su esposa, la abogada Ileana Melo, quien es árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, habría sido objeto de perfilamientos.

En una reunión de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial esta semana también se habló del tema, pero se trató especialmente el tema de seguridad de los magistrados, con altos mandos de la Policía Nacional.

A la cita acudieron Ibáñez, quien es vicepresidente de la Corte Constitucional; Jorge Enrique Vallejo, vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura; Mauricio Rodríguez Tamayo, vicepresidente de la Comisión de Disciplina Judicial; el presidente de la Corte Suprema, magistrado Gerson Chaverra; y el presidente del Consejo de Estado, magistrado Milton Chaves. También estuvo el jefe de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, el coronel Juan Pablo Cubides Salazar.

Desde la Corte se dijo, brevemente, que se le puso de presente la situación a Camargo y que ahora se espera que la Fiscalía investigue y esclarezca si es verdad o no. Mientras que el tema se maneja con absoluto sigilo de parte de los integrantes del alto tribunal.

Esta semana, el congresista David Luna hizo un debate en el Congreso al respecto y mencionó precisamente que un magistrado de la Corte Constitucional había manifestado sus temores frente a la seguridad de sus comunicaciones.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de ala conservadora, es uno de los magistrados que se ubican más a la derecha en la Sala Plena de la Corte, junto a Cristina Pardo y Paola Meneses. Ha sido muy crítico del Gobierno y fue quien propuso, por ejemplo, que la Corte suspendiera la ley de la 'Paz Total' de Gustavo Petro. Esta propuesta no pasó en Sala Plena y al final la Corte le hizo condicionamientos a la norma, pero en términos generales le dio un aval.

También fue ponente, junto con la magistrada Cristina Pardo, de la decisión que tumbó la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta para las empresas extractivas de la reforma tributaria, que era una de las banderas de esa reforma y que, según el Gobierno, les dejó un hueco de 6, billones de pesos en el presupuesto.

CAMBIO consultó al magistrado Ibáñez quien dijo que no hablará de este asunto: "No me pronunciaré porque hay una investigación que es reservada conforme a la ley y que yo debo respetar”.

Algunas reacciones

Tras conocerse la situación, algunos juristas destacados salieron en defensa del magistrado Ibáñez. Así lo hizo el exconsejero de Estado Jaime Orlando Santofimio:

"El Estado Colombiano debe no solo investigar lo que corresponda frente a esta grave denuncia, sino también, proteger de manera inmediata a este juez de la República y su familia. Se requieren medidas cautelares inmediatas", aseguró.

La Corporación Excelencia en la Justicia igualmente manifestó su preocupación.

"Estos hechos, de confirmarse, representan una seria amenaza para la institucionalidad y para la democracia, comprometiendo gravemente la independencia y la autonomía judicial. La CEJ insta a obtener resultados rápidos y eficientes para esclarecer estas lamentables circunstancias. Por ello, solicita a la Fiscal General, doctora Luz Adriana Camargo, ya informada de estos graves acontecimientos, a que se realicen a profundidad por parte del ente acusador las urgentes investigaciones sobre estos hechos, y que de sus resultados se dé cuenta a la ciudadanía", indicó la Corporación.