El reencauche de Barbosa

Gustavo Petro y Francisco Barbosa protagonizan un enfrentamiento que sube de tono con el paso de los meses. Los errores del primero fortalecen al segundo y se desenvuelven en un escenario que nadie habría imaginado en agosto de 2022, cuando se posesionó la actual administración. Hasta ahora, el primer presidente de izquierda, apalancado por más de 11 millones de votos y una prometedora propuesta de cambio, es la bala de oxígeno que requería con urgencia uno de los fiscales más opacos y cuestionados en la historia del país. Los capítulos de esta enemistad transcurren en una dinámica sencilla: el gobierno se pronuncia sobre un tema que genera opiniones divididas y el fiscal busca cómo sacar el mayor provecho político y personificar un contrapeso al primer mandatario.

En contexto: Niñera de Laura Sarabia fue interceptada ilegalmente por la Dijín

Los gestores de paz fueron el primer round. El pasado 9 de diciembre se expidió el Decreto 2422, que creó la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz y le otorgó facultades para devolver la libertad a “ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias” que se encontraran recluidos en cárceles. La administración Petro, amparándose en esta disposición legal, benefició a varios miembros de la primera línea detenidos por hechos relacionados a las protestas y los nombró gestores de paz, para que fungieran como mediadores en medio de conflictos sociales de menor escala. La determinación no estuvo exenta de polémica y el fiscal Barbosa fue uno de los primeros en meter la cucharada.

Tomando una postura punitivista, con la que se identifican muchos ciudadanos y buena parte de la derecha, el fiscal cuestionó que “delincuentes” salieran de los centros penitenciarios. También echó mano de su conocimiento jurídico y cuestionó que el poder Ejecutivo tuviera injerencia en decisiones que, por su naturaleza, le corresponden a los jueces de la República. Su reticencia lo empezó a perfilar como el principal crítico del presidente dentro de la institucionalidad.

Por si le interesa: “Te quiero mucho”: ¿seguirá vigente el trino que Benedetti le escribió a Petro en enero?

"Yo no entiendo bien la figura de gestor de paz porque lo que se habla dentro del decreto es de un vocero, entonces tendrían que explicarle al país, vocero de qué y de quién, sobre cuál proceso de paz", cuestionó públicamente el líder del ente acusador.

La siguiente desemejanza de Barbosa con la Casa de Nariño fue la negativa a la solicitud de suspender las órdenes de captura para 16 miembros de la estructura narcoparamilitar denominada Clan del Golfo. En medio de su política de ‘Paz Total’, el alto comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, presentó esta petición a la Fiscalía y abrió, nuevamente, la puerta de la confrontación.

A través de la vicefiscal Martha Mancera, su mano derecha, Barbosa desestimó los argumentos del gobierno y se paró en la orilla contraria. En un documento de siete páginas, el ente acusador desmenuzó y contradijo cada uno de las peticiones del Ejecutivo. “La postura de la Fiscalía General de la Nación es que la concesión de beneficios judiciales para los miembros de estas estructuras armadas, como la suspensión de órdenes de captura, debe estar precedida de unos términos legales de sometimiento a la justicia y de un régimen de condicionalidad al cual deberán acogerse estas personas. Es a la luz de este marco legal que tendrá sustento jurídico la suspensión de las órdenes de captura”, se lee en la misiva.

Para que se informe: Cae aprobación del presidente Gustavo Petro y mejora favorabilidad del fiscal Francisco Barbosa: Invamer

Las publicaciones periodísticas sobre uno de los subalternos de Barbosa, el fiscal Daniel Hernández, acrecentaron la discordia. Hernández está salpicado por presuntas irregularidades en los casos Odebrecht y Hyundai, y fue cuestionado por el presidente en una serie de trinos que replicaban un artículo del portal La Nueva Prensa. Allí se acusaba al funcionario de ignorar graves denuncias “sobre centenares de homicidios y desaparición de ciudadanos por el Clan del Golfo”.

“Mi vida y la de mis funcionarios está en riesgo. El presidente me acaba de poner también una lápida a mí. Yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia y recuerden que los magnicidios en Colombia fueron magnicidios de Estado”, fue la respuesta de Barbosa al primer mandatario durante una entrevista en W Radio. De igual forma, defendió la labor de Hernández y recordó que éste fue víctima de la violencia ya que su padre falleció en la masacre de La Rochela, perpetrada por los paramilitares en 1989.

Y el más reciente episodio del cara a cara entre el presidente y el fiscal general viene por cuenta del escándalo de las interceptaciones y prueba de poligrafía que costó la salida de Laura Sarabia y Armando Benedetti, hasta hace unos días jefa de gabinete y embajador en Caracas, respectivamente. Sólo horas después de que Semana publicara el testimonio de Marelbys Meza, la niñera que trabajaba en el hogar de Sarabia y que fue señalada de robar dinero, Barbosa se pronunció en medios de comunicación y calificó el suceso como “muy grave”. Y, el pasado 1 de junio, sólo minutos después de que CAMBIO revelara que las comunicaciones telefónicas de Meza fueron interceptadas ilegalmente, el fiscal sostuvo una rueda de prensa y compartió sus opiniones frente a lo ocurrido. "No puede admitirse que estas prácticas sean aceptadas en Colombia", aseveró.

En otros temas: ¿Estrategia o coincidencia? Así trina Quintero antes de las opa por el GEA

Sus declaraciones merecieron una respuesta, al día siguiente, del presidente Petro. En una escuela militar, el mandatario aseguró que “nadie puede tener ni la altura ni llegar a la absoluta irresponsabilidad en un país con tanta violencia, de decir a las Fuerzas Armadas que no le cumpla las órdenes al comandante en jefe de las Fuerzas Militares”, refiriéndose a Barbosa.

De esta forma, con respuestas sucesivas de uno a otro, el enfrentamiento sólo aumenta. Y los números parecen indicar que el más beneficiado es el fiscal. La más reciente encuesta de Invamer mostró que la aprobación de Petro cayó (pasó de 43,4 a 59,4 por ciento) y la de Barbosa mejoró (subió del 9,3 al 18 por ciento). El líder del ente acusador, que para nadie son un secreto sus afinidades con el uribismo y los expresidentes Uribe y Duque, está usando la oposición como una vía para brillar.