Emilio Tapia: libre de responsabilidad fiscal en el caso Centros Poblados

Un fallo de la Contraloría General de la República dio a conocer este 12 de octubre que tres exfuncionarios del Ministerio de las Tecnologías y las empresas vinculadas con el escándalo de Centros Poblados en Colombia fueron imputados responsabilidad fiscal por 69.970 millones de pesos. 

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Según la entidad, los imputados son culpables por las irregularidades en la ejecución del contrato 1045 de 2020, cuyo objetivo era instalar 2.277 puntos de internet en la región B, distribuida en 16 departamentos de Colombia, y que le fue adjudicada a la unión temporal de Emilio Tapia para el proyecto de Centros Digitales que licitó el Ministerio de las TIC. 

La Contraloría asegura que la gestión fiscal fue ineficaz, ineficiente e inoportuna y por eso hubo un incumpliendo de la meta seis de la fase instalación en la que no se entregaron todos los equipos. De igual forma, se omitió la inversión a realizarse con los recursos girados como anticipo, que fue de 70.000 millones de pesos. 

"Esto conllevó a la terminación anticipada del contrato, que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud a la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo", indicó el órgano de control.

Los responsables fiscales a los que se le imputó culpa grave son: la exsecretaria general del MinTIC, Adriana Meza Consuegra; la exsubdirectora de Gestión contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez; La Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación como integrante de la Unión Temporal Centros Poblados; y tres empresas de Emilio Tapia: ICM Ingeniería, Omega Buildings e Intec de la Costa. 

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En este fallo se tomó la decisión de desvincular y archivar la investigación a Emilio Tapia, a pesar de haber sido considerado una de las personas claves de este escándalo que dejó sin internet gratuito a muchos niños. Según el órgano de control, Tapia quedó exento de responsabilidad fiscal, pues no era gestor fiscal en ese contrato. 

De igual forma, la exministra de las TIC Karen Abudinen y otras 14 personas fueron desvinculadas del proceso al considerar que su actuar no tuvo un impacto en la gestión fiscal. 

Por otro lado, el socio de Tapia, Juan Carlos Cáceres, sí deberá responder por lo sucedido, al igual que Luis Fernando Duque, representante legal del consorcio.