María Jimena Duzán no está sola

“Ven a mi casa. Necesito hablar contigo urgente y en persona”, me dijo por teléfono la periodista María Jimena Duzán el jueves en la noche. Salí para allá tan pronto como pude. Me abrió la puerta y, antes de saludarme, me contó que acababa de recibir tres llamadas amenazantes. “Usted es una terrorista del Mossad, vieja hijueputa”, decía la voz antes de tirarle el teléfono. Cuando nos despedimos la vi angustiada pero ella, una mujer con décadas de periodismo sobre los hombros, estaba también decidida a no dejarse amedrentar. Para María Jimena, el miedo nunca ha sido un obstáculo. 

La mañana siguiente, en la radio, sonaba la voz de Darcy Quinn narrando en el micrófono la primicia del día, verificada con fuentes de primera mano: “Laura Sarabia interpondrá una acción civil patrimonial contra María Jimena Duzán”. La periodista de la FM, citando a la defensa de Sarabia, contaba que la decisión era radicar la acción ese mismo día. La noticia daba cuenta de la estrategia jurídica: contratar a un lingüista forense para demostrar que, en su columna de CAMBIO, Duzán hizo afirmaciones incriminatorias contra la directora del Dapre. Una vez surtido ese trámite, según las fuentes de Darcy, los abogados de Laura procederían a empapelar a María Jimena, llamarla a interrogatorio y buscar que reconozca que incurrió en “mala praxis” profesional. El “secreto” de Quinn de esa mañana cerraba con una cita de los apoderados de Laura Sarabia: “una acción civil contra María Jimena no es un ataque a la prensa, sino una manera civilizada de resolver conflictos entre ciudadanos”. 

Se equivocan de cabo a rabo. Esta nueva cruzada judicial del círculo de abogados palaciegos es el último y más alarmante capítulo de la guerra emprendida desde la Casa de Nariño contra los medios que, de civilizada, tiene muy poco. No se trata simplemente de un ataque o de un intento de intimidar y acallar a María Jimena y a sus fuentes. Lo anunciado constituye una amenaza directa de las cabezas del poder ejecutivo contra toda la prensa colombiana. 

Aunque la información revelada por Darcy Quinn era verídica y estaba plenamente confirmada, resultaba, cuando menos, difícil de creer. ¿De verdad era posible que el presidente de la república y su mano derecha creyeran que es normal emprender una persecución civil patrimonial contra una periodista que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber? 

Al cabo de un par de horas hice lo obvio. Llamé a los abogados de Laura Sarabia para entender de primera mano las dimensiones de su exótica pretensión. La conversación fue larga y, como suele ocurrir con los abogados, se tejieron toda suerte de entretelas y arandelas retóricas para restarle gravedad al asunto. La impresión que me quedó fue que, al ver la reacción unánime de rechazo a lo que contó Darcy Quinn, trataron de morigerar la anunciada estrategia jurídica. Me dijeron entonces que lo que se pretendía era buscar un mecanismo de justicia alternativa para citar a María Jimena a una conciliación. Les contesté que no hace falta ser adivino para vaticinar que la periodista, bajo ninguna circunstancia, va a ceder a esa intentona. Lo que publicó Duzán, un derecho de petición formulando preguntas de interés nacional, está perfectamente amparado dentro de las reglas del oficio. No existe jurisprudencia alguna de un comunicador que haya sido llevado ante los estrados por hacer preguntas. 

Tampoco se trataba, como ha querido presentarlo el presidente, de unos interrogantes que salieron de una cadena de WhatsApp. Me consta el trabajo de reportería y de contrastación con fuentes que dio origen a cada una de las preguntas formuladas el domingo pasado. 

Insistí una y otra vez. Necesitaba entender qué pasaría entonces si María Jimena Duzán no accede a conciliar. ¿Interpondrán una acción civil patrimonial? En castellano, ¿se irán detrás de los bienes de la periodista por atreverse a hacer preguntas? Los abogados no quisieron confirmar ni desmentir. Dijeron, eso sí, que el patrimonio se compone también de la reputación y, según ellos, es ahí en donde buscan una reparación: “las intenciones de Sarabia son obtener garantías de “no repetición” y la reparación no necesariamente tiene contenido económico”.

Lo que ha ocurrido esta semana no puede pasar desapercibido ni para los periodistas ni para la opinión pública. Es una amenaza velada y una notificación de quienes gobiernan el país: quien se atreva a investigar y a ejercer un periodismo incómodo tendrá que someterse, ya no solo al acoso de las bodegas en las redes sociales, sino al de la batería de abogados del séquito presidencial. 

Es difícil entender o justificar la actitud del señor presidente. Gustavo Petro, antes de llegar a la Casa de Nariño, tuvo que sortear toda clase de ataques, estigmatizaciones, amenazas, chuzadas y persecuciones tanto físicas como judiciales. Pero ahora que es el jefe de Estado decidió, en la misma semana, tildar a periodistas de miembros del Mossad, descalificar a la Flip, culpar a la prensa de los quebrantos de salud de Laura Sarabia y empoderarla para que ella, una funcionaria que hasta ahora había sido más bien discreta y pausada, pase de la prudencia al ataque y al acoso judicial. 

Los periodistas tienen el deber investigar, de hacer preguntas, de destapar las verdades que los poderosos quieren ocultar. Esa es la esencia de este oficio. Quienes resulten mencionados en lo que se publique están también amparados en el legítimo derecho a responder. En esta casa periodística siempre habrá espacio para todas las voces. Por eso cuando Laura Sarabia me pidió que publicara su respuesta a María Jimena, accedí sin vacilaciones. CAMBIO no solo la publicó, sino que le dio un lugar destacado y la dejó para el libre acceso. Los lectores deben poder conocer las dos caras de la moneda y, así, sacar sus propias conclusiones. 

Desde la dirección de este medio, y a pesar de las diferencias, he procurado mantener siempre una relación respetuosa con el presidente y con Laura Sarabia. Como es deber de la prensa, hemos establecido canales de diálogo para los temas de interés nacional. Eso sí, siempre con la debida distancia que corresponde entre periodistas y funcionarios. Procuramos cubrirlos con rigor, justicia, disciplina y buenas prácticas. 

Es apenas normal que las investigaciones que se publican en cualquier medio de comunicación incomoden a los implicados. Ahora, el primer mandatario y su mano derecha deben entender que no son dos simples ciudadanos. Todas y cada una de sus acciones y pronunciamientos no pueden, jamás, desligarse de la investidura que ostentan. Lo que diga el presidente, lo dice el Estado. Es por eso que el insulto, el ataque o la estigmatización por parte de Gustavo Petro a cualquier periodista, resulta peligrosa. 

El presidente y su equipo no solo tienen el deber de gobernar. Ellos son también los garantes de la libertad de prensa. Como bien dijo don Fidel Cano en su editorial del sábado en El Espectador, “su obligación es darle respuestas al país, no dar clases de periodismo”. 

Esto no tiene que ver con si a alguien le gusta o no el trabajo de una periodista. Se trata de defender el derecho de los ciudadanos a estar bien informados. El país debe rodear a quienes, por ejercer este oficio, acaben siendo a diario objeto de amenazas y estigmatizaciones, sobre todo si vienen de lo más alto del poder. 

María Jimena Duzán, usted no está sola.