La millonaria indemnización que pide el coronel (r) Plazas Vega y que es avalada por la Procuraduría

Luego de que la defensa del coronel (r) Alfonso Plazas Vega hiciera pública una petición de indemnización, se conoció la cuantiosa suma que el oficial en retiro busca obtener.

Este caso, que revive una vieja rencilla en la justicia, surge como consecuencia de los ocho años y cinco meses que Plazas estuvo privado de la libertad tras ser acusado como el responsable de al menos 12 desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. 

El coronel (r), que fue absuelto de todos los cargos por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2015, pretende que el Estado lo indemnice con por lo menos 11.000 millones de pesos al considerar que tanto él como su familia fueron víctimas de daños y perjuicios durante el periodo en el que estuvo en prisión. 

"Su familia soportó su ausencia, disminuyó y casi anuló su patrimonio destinándolo a su subsistencia que para entonces dependía en gran medida de él, dispuso los recursos necesarios para su defensa, sufrió la tristeza, la ansiedad y el estrés inexorablemente derivados de la privación de la libertad de un ser querido. Ni él ni ellos tenían el deber jurídico de soportar este daño", se lee en el documento que la defensa de Plazas envió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

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La indemnización que pide el coronel (r) para él y su familia

A detalle, Plazas y su defensa solicitan una indemnización de 1.677 millones de pesos, argumentando que esta cantidad corresponde a la venta progresiva del patrimonio que hizo para subsistir durante su encarcelamiento. Asimismo, demandan 1.711 millones de pesos por los ingresos dejados de percibir durante ese periodo.

Además, solicitan 663 millones de pesos por la privación injusta de la libertad, así como por los daños psicológicos sufridos debido a la pérdida de dos nietos y la imposibilidad de visitar a su padre antes de su fallecimiento.

A esta cantidad se suman 221 millones de pesos por el deterioro de la salud causado por la presión ejercida por los medios de comunicación. También demandan 442 millones de pesos por daños a derechos constitucionalmente amparados.

El coronel (r) Plazas no es el único que busca una indemnización en este caso. Para su esposa, Ruby Vega, también se solicita una compensación: 2.513 millones de pesos por la venta de su patrimonio, 442 millones por perjuicios morales, 221 millones por daños a la salud, y 221 millones por daños a derechos constitucionalmente amparados.

Los tres hijos de Plazas también están incluidos en la indemnización. Para dos de ellos se piden 442 millones de pesos por la aflicción que causó la privación injusta de la libertad de su padre y la pérdida de un hijo. Para el tercero se piden 221 millones solo por la aflicción provocada por el encarcelamiento. 

Además de su núcleo familiar, la defensa de Plazas solicita una indemnización para tres hermanos del militar retirado por 110 millones de pesos, para sus sobrinos y sobrinos políticos por 36 y 27 millones de pesos, respectivamente, y para sus suegros por 497 millones de pesos.

Procuraduría avala millonaria indemnización para coronel (r) Plazas

En un concepto que emitió la Procuraduría General de la Nación, la entidad apoya las pretensiones de Plazas Vega y su defensa para declarar responsable a la nación por la privación injusta de la libertad. 

"En criterio de esta Agente del Ministerio Público, se cumplen los presupuestos de configuración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad bajo el título de imputación de falla en el servicio, por cuanto encuentra probado que la medida de privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada y arbitraria, con lo cual se configura el daño antijurídico", dijo la Procuraduría. 

Y añaden: "han de despacharse favorablemente las pretensiones de la demanda tendientes a declarar responsables a las demandadas por la privación injusta de la libertad". 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá tomar la decisión sobre este caso. Por ello, tanto la defensa como el Ministerio Público enviaron sus argumentos y apreciaciones a esta instancia judicial, la cual deberá determinar si hubo una privación injusta de la libertad o si, a pesar de la absolución, la detención estaba justificada en ese momento y no fue una decisión arbitraria.