La propuesta de juicio anticorrupción en Colombia al estilo de la Justicia de Núremberg

Cumplimos dos años proponiéndole al país la necesidad de convocar un Juicio Nacional Anticorrupción, una experiencia que nos permita descubrir nuestra dignidad como sociedad, tantas veces extraviada entre la pobreza causada por la corrupción en cada esquina del país.

Decidimos iniciar esta misión porque después de diez años de trabajo en la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) estamos convencidos de que solo la justicia permite curar heridas, avanzar y construir la sociedad. Nosotros investigamos y denunciamos la parapolítica y pudimos constatar que gracias al trabajo de la Corte Suprema de Justicia se desmanteló la máquina más perversa de cooptación de nuestra democracia.

Más allá de un mensaje de desesperanza, hoy se cuenta con todos los elementos necesarios para la convocatoria a esta experiencia judicial: tenemos a una fiscal general de la nación como Luz Adriana Camargo que tiene experiencia probada en la persecución del crimen organizado, además de legados tan significativos como el del actual ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, o el del expresidente de la Corte Suprema César Julio Valencia Copete, quienes tienen experiencia de sobra en la organización de juicios y casos de alta complejidad.

También en el contexto actual este juicio tiene un sentido de urgencia: el país vuelve a experimentar síntomas de creciente violencia causada por la incapacidad de las instituciones estatales de ofrecer soluciones duraderas a las comunidades que se encuentran expuestas a las economías ilegales.

La confianza en los gobiernos locales y nacional se castiga con cada escándalo de corrupción que no parece respetar ningún recurso, ni siquiera los destinados a satisfacer necesidades tan esenciales como el agua, la educación o la salud.

Arquitectura de nuestra propuesta

Diseñamos dos alternativas para convocar el juicio nacional: la primera incluye a la Corte Suprema de Justicia, estableciendo una sala especial dedicada únicamente a juzgar casos de corrupción pública y privada por un periodo de ocho años, emulando la experiencia de parapolítica, pero sin colapsar las demás funciones judiciales de la entidad.

La segunda alternativa consiste en la designación de un grupo de jueces que durante un periodo de tres años trámite en doble instancia los procesos priorizados por la Fiscalía General de la Nación, que también deberá contar con un equipo de profesionales concentrado únicamente en tramitar casos estructurales de corrupción. En ambos planteamientos recomendamos atender 32 casos regionales, uno por departamento y 18 casos nacionales para llegar a un total de 50 casos.

Siempre hemos recomendado que el juicio lo realicen jueces nacionales, de carrera judicial, que tengan probada integridad en sus trayectoria; que la Fiscalía se acompañe de funcionarios de otras dependencias públicas que permitan ilustrar las distintas estrategias que usan los corruptos para darse impunidad y defraudar los recursos y la confianza pública; y finalmente, hemos sugerido que se constituya una Comisión Internacional Contra la Impunidad en cabeza de Naciones Unidas, encargada, sobre todo, de recibir cooperación judicial, apoyo de otros cuerpos de investigación y experiencias de otros procesos similares a nivel global.

Nuestro llamado ha sido a priorizar casos de clanes y estructuras que ya se encuentran documentados, y que han eludido la persecución judicial a sus delitos gracias a la cooptación que han tenido de órganos de control y de la misma Fiscalía General de la Nación, lo cual, en el pasado, quedó en evidencia con casos como el de Luis Gustavo Moreno, el corrupto fiscal anticorrupción que cuadraba decisiones judiciales con magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Desmantelar las estructuras regionales oxigenaría las democracias locales, reconociendo que hay regiones del país completamente controladas por organizaciones criminales que dominan las instituciones públicas locales, gracias a procesos electorales que ganan debido a la inexistente competencia o a toda suerte de delitos que cometen contra certámenes electorales.

Para nuestra organización no se requiere modificar ni el procedimiento judicial establecido en la Ley 906 de 2004, ni los delitos del Código Penal; todo lo contrario, conservar estas normas protege al juicio nacional de eventuales reproches de inconstitucionalidad. Lo que recomendamos es reforzar la publicidad de los juicios, la concentración de los esfuerzos judiciales y la ritualización de los procedimientos para darle a la ciudadanía colombiana una experiencia histórica única, el sometimiento de los criminales que hoy nos tienen sometidos a una innecesaria precariedad.

Los pasos del juicio: voluntad

Suena excesivamente simple para ser real, pero básicamente lo único que se requiere para convocar el juicio nacional anticorrupción es la voluntad de los funcionarios públicos que tienen el poder para realizarlo. La fiscal Luz Adriana Camargo cuenta con la facultad de asignar casos en el interior de la entidad; con una dirección anticorrupción en la entidad y con funcionarios altamente especializados en armar casos anticorrupción.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Administrativa de la Rama Judicial tienen los recursos necesarios para seleccionar una veintena de jueces dedicados a la revisión de garantías constitucionales, jueces de conocimiento de casos que se sometan a su conocimiento y una pequeña sala de apelaciones complementaria a cualquier tribunal superior del país, dedicados de forma concentrada a conocer únicamente los casos sometidos a su conocimiento por la Fiscalía.

La única participación del Gobierno nacional permitida en el juicio nacional sería la entrega de archivos e información requerida, con la diligencia debida, para documentar los casos de corrupción, así como proporcionar la seguridad necesaria para que los funcionarios judiciales realicen su tarea con tranquilidad entendiendo el alto riesgo que implica en este país trabajar desmantelando a la mafia. Además, si hicieran falta recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, el Gobierno, durante su mandato, ya financió más de 2.000 cargos nuevos para la Rama Judicial, y acá hablamos de menos de 20 despachos judiciales.

En relación con el componente de cooperación judicial, el país tiene una curtida experiencia con esos instrumentos: no solo tiene convenios vigentes con Interpol y otros mecanismos similares, también hace uso intensivo de la extradición en el procesamiento judicial. La conformación de una comisión internacional de apoyo al proceso del juicio nacional es tan solo una de las alternativas, y el canciller Luis Gilberto Murillo tiene facultades constitucionales para la consecución de ese acompañamiento, que en todo caso no es una condición para poder proceder a nivel nacional.

Para máximos responsables: y justicia premial

Como punto final, es importante aclarar las expectativas. Tal y como sucedió en precedentes como Nuremberg, el juicio contra los jerarcas nazis en Alemania de posguerra en 1946, acá buscamos la judicialización de los máximos líderes de la corrupción nacional. Por tal razón no es la cantidad, sino la calidad de las sentencias y de los procesados lo que se busca. Para lograrlo, ya se tienen herramientas útiles como el principio de oportunidad que garantiza delación a cambio de mejores condiciones de procesamiento por la justicia.

De las 4.850 solicitudes de procesamiento recibidas en el juicio de Nuremberg solamente se tramitaron 611 acusaciones, todo en un plazo de un año. Acá esperaríamos tener un número menor de acusados, en un plazo mayor, tres años, definido así porque tener un grupo de jueces dedicados de forma exclusiva al juicio, debería darnos un cumplimiento estricto de los plazos legales definidos por los procedimientos.

Así las cosas, volvemos a insistir a la sociedad colombiana, a las organizaciones de la sociedad civil, a los gremios y a los políticos decentes, que cierren filas para proteger y convocar el juicio nacional anticorrupción, con el fin de que dejemos en la historia un legado de ruptura con la corrupción que nos permita que nuestras familias hereden un legado memorable de dignidad.

León Valencia y Alejandro Alvarado son, respectivamente, director y responsable de los temas anticorrupción de la Fundación Pares.