Luz Adriana Camargo, nueva fiscal general de la Nación.
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Las 'papas calientes' de la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo
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A la nueva fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, le esperan varios chicharrones como los casos de corrupción de 'Las Marionetas' o el de Odebrecht, pero especialmente un reto de independencia sobre los procesos que involucran al Gobierno o al presidente Petro: el caso de su hijo Nicolás, el caso de Laura Sarabia y la investigación por presuntas irregularidades en la campaña.
La abogada penalista Luz Adriana Camargo, elegida fiscal general de la nación para el periodo 2024-2028, en reemplazo de Francisco Barbosa Delegado, llega con múltiples retos a una entidad que ha estado en el ojo de la opinión pública por las decisiones tomadas por su antecesor y su vicefiscal y, por el momento fiscal encargada, Martha Mancera.
La forma como Camargo asuma procesos investigativos en marcha será clave para que el país conozca su talante y responda a las dudas que puedan surgir entre algunos sectores políticos sobre su independencia por haber sido ternada por el jefe de Estado y por haber trabajado con Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa, en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Precisamente, el 23 de noviembre de 2023, cuando hizo su presentación ante la Corte Suprema, Camargo dijo que su única bandera era la de la rama judicial y allí puso sobre la mesa uno de los temas que se le ha cuestionado a Barbosa: las cifras de resultados que mostró al país. Camargo consideró entonces que los indicadores deben ser las sentencias y no las capturas.
CAMBIO recopila algunos de los principales ‘chicharrones’ que tiene Camargo.
La financiación de la campaña de Gustavo Petro
Por la supuesta llegada de dineros no reportados a la campaña presidencial de Gustavo Petro, la Fiscalía adelanta varios procesos investigativos. Todo empezó cuando se revelaron audios de una aireada conversación entre Armando Benedetti, entonces embajador en Venezuela, y Laura Sarabia, cuando era jefa de gabinete, en los que Benedetti hace fuertes críticas al Gobierno y reconoce que consiguió 15.000 millones para la campaña.
“Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora... que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, dijo.
Esto motivó una denuncia contra Armando Benedetti que avanza en la Corte Suprema de Justicia y otro caso que avanza en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Poco después de ese escándalo, Nicolás Petro, hijo del presidente, hizo revelaciones a la Fiscalía en lo que inicialmente iba a ser una colaboración a cambio de beneficios en otro proceso penal que pesa en su contra por presunto lavado de activos. Petro Burgos dijo que a la campaña sí entraron dineros que no fueron reportados de parte de Euclides Torres, Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Malboro, el empresario Oscar Camacho y Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca.
Según Nicolás Petro, su padre sí sabía que Torres hacía la financiación. Ahí también ha sido mencionado Máximo Noriega quien fue el coordinador de la campaña en el Atlántico en 2010. También tiene un rol clave Ricardo Roa, gerente general de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol.
En el marco de pesquisas que tienen que ver con la campaña, la Fiscalía de Francisco Barbosa hizo una inspección a Fecode, sindicato que habría dado 500 millones, según lo aseguraron algunos de sus dirigentes. Fecode negó la acusación y aseguró que el dinero se donó a la Colombia Humana pero no a la campaña.
En su momento, el presidente Petro rechazó la inspección realizada a Fecode, diciendo que era una acción que sólo buscaba “encontrar caminos para sacar al presidente de la república de la Presidencia”. Luego, surgieron versiones de que por estos hechos se le iban a imputar cargos a Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña y que ahora es presidente de Ecopetrol, junto a un hombre clave para Petro, Dagoberto Quiroga, actual superintendente de Servicios Públicos. Esta supuesta imputación no llegó a anunciarse públicamente, pero circuló por algunos sectores.
Lo cierto es que la Fiscalía de Camargo será la que definirá qué va a pasar con Roa, quien también es investigado por la Procuraduría y ha declarado ante el Consejo Nacional Electoral.
El caso contra Nicolás Petro
Otro de los chicharrones que tiene la nueva fiscal Luz Adriana Camargo es precisamente el futuro del hijo del presidente: Nicolás Petro Burgos.
El exdiputado del Atlántico no llegó a un acuerdo con la Fiscalía, como se dijo inicialmente en la audiencia en la que reveló apoyos a la campaña de empresarios, y fue llamado a juicio por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Este proceso asegura que él y su excompañera sentimental Day Vásquez no tienen cómo soportar ingresos de dinero por un monto de 1.053’911.056 pesos.
Para la Fiscalía, hay varias cosas sin explicar como la compra de un lujoso carro y una casa, así como dinero en efectivo que habría recibido de Samuel Santander Lopesierra, de Gabriel Hilsaca y del empresario Camacho. La Fiscalía anunció hace poco que adelanta otro proceso por los mismos hechos pero por otros delitos en los que iba a imputar cargos.
Precisamente, CAMBIO ha revelado que se investiga en la Fiscalía falsedades en documentos porque tanto Petro como Vásquez “habrían obtenido certificaciones falsas para justificar su patrimonio en la declaración de renta de los años 2020 y 2021”.
Según las fuentes, Nicolás Petro logró que a la Fundación Conciencia Social, representada por Gustavo de la Ossa, le dieran 11 contratos por un total de 6.542 millones de pesos. De la Ossa dijo en entrevista con La W Radio que no se han pagado coimas y que los contratos se han ejecutado en su totalidad.
Laura Sarabia
Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de Presidencia, exdirectora de Prosperidad Social y exjefa de gabinete de Gustavo Petro, es la mujer más poderosa del Gobierno y la que le habla al oído al presidente.
Sarabia fue llamada a indagatoria en la Fiscalía por uso del polígrafo a Marelbys Meza, quien era su niñera, luego de que una maleta con una suma de dinero en dólares y pesos fuera robada. Sarabia dice que ella no dio la orden y que no podía haberla dado.
Por ese episodio, se indicó después por la Fiscalía, la niñera y otra empleada fueron ‘chuzadas’ bajo la excusa de que su teléfonos habían sido mencionados por una fuente como si fueran de presuntos integrantes del clan del Golfo. También se investigan la muerte del coronel Óscar Dávila, quien era jefe de seguridad anticipativa de la Presidencia y estuvo relacionado con las pruebas de polígrafo.
Los casos contra Álvaro Uribe
De otro lado, la Fiscalía de Camargo debe definir el futuro del proceso por presunto fraude procesal y soborno a testigos que han relacionado al expresidente Álvaro Uribe Vélez de tener nexos con paramilitares. La Fiscalía de Barbosa ignoró cuatro decisiones judiciales que indicaron que hay mérito para llevar al expresidente a juicio y, en cambio, buscó precluir el proceso. El caso que está en riesgo de prescripción debe definirse rápidamente.
Otro de los temas que involucra a Uribe es la investigación por las masacres de El Aro, La Granja y San Roque y el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, en los que el expresidente aparece como indiciado.
Los financiadores del paramilitarismo
Este 12 de marzo, el mismo día que Luz Adriana Camargo fue elegida fiscal general, la Fiscalía anunció en silencio la imputación en contra de 14 empresarios del banano que habrían financiado al paramilitarismo. El anuncio se dio solo después de que CAMBIO revelara una jugada de la Fiscalía de Barbosa y de Martha Mancera para beneficiar a Carlos Nicolás Echavarría Mesa, un alfil del uribismo, hecho que motivó la renuncia de Salomón Strusberg, director de Justicia Transicional de la entidad.
El hombre apoyó a Álvaro Uribe desde la Gobernación de Antioquia hasta la presidencia. Uribe lo nombró embajador ante la Unión Europea en Bruselas. Luego, en 2014, sucedió a David Zuluaga como gerente de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Echavarría Mesa presidente de Banafrut, un conglomerado de empresas bananeras de la región de Urabá, fue mencionado por Banafrut y no iba a ser llamado a juicio. Tras la publicación de CAMBIO, la Fiscalía anunció la imputación de 14 personas, a pesar de que el caso inicial era contra 18 empresarios.
El caso Odebrecht
Igualmente, uno de los procesos claves será el relacionado con los sobornos de Odebrecht. Francisco Barbosa dijo que en su periodo se hicieron 104 imputaciones y 21 acusaciones, y que se lograron 11 condenas, pero se archivaron también procesos a exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura o el caso contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Organización Sarmiento Angulo (Grupo Aval), que en su momento abrieron por orden del juez que condenó a José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana.
En la Fiscalía no ha avanzado ninguna investigación en contra del exministro Andrés Felipe Arias a pesar que el grupo de análisis designado para ese caso entregó en marzo de 2022 que cita 10 testimonios en su contra, que dicen que tuvo cercanía con la compañía y que sí habría recibido dineros.
También se debe aclarar lo denunciado por el excontroller de la Ruta del Sol Jorge Enrique Pizano en relación a dos contratos firmados entre la concesionaria y el Consorcio Torrosa, RGQ Logistic, Consultores Presoam, Inversores Profesionales S.en C, Análisis Desimpro S.A y Gestora de Proyectos de Infraestructura. Y la propia muerte de Pizano y la de su hijo siguen llenos de dudas.
Las marionetas
La Fiscalía investigó solo la mitad de la estructura corrupta del fallecido exsenador Mario Castaño, según fuentes de CAMBIO. Ahora, a cargo de Camargo, la Fiscalía debe seguir los procesos que avanzan en contra de Pierre García, exsubdirector del Departamento de Prosperidad Social, y revisar las actuaciones de la anterior Fiscalía que, por ejemplo, nunca llamó a la madre del expresidente Iván Duque, Juliana Márquez, para que respondiera por las conversaciones que tuvo con una de las líderes de esa estructura corrupta, Nova Lorena Cañón.
CAMBIO reveló varias interceptaciones entre ella, implicada en la red de corrupción del senador Mario Castaño, y Juliana Márquez, en las que hablan sobre gestiones ante la Sociedad de Activos del Estado (SAE) para la asignación de inmuebles para sus proyectos; acelerar proyectos como el del acueducto de La Chamba, Tolima, y de mediar ante la Unidad de Gestión de Riesgos para un contrato que quería Cañón. Incluso, de obtener puestos en la Dian y repartir donaciones según lo dispusiera "la mamá del presidente".
Pero no es la única que no llamaron para dar explicaciones. Dicen las fuentes que hay al menos otro exsenador del Centro Democrático que no ha dado explicaciones por las llamadas que tuvo con integrantes capturados de la organización de Castaño en las que hablaban de contratos.
