Odebrecht, ñeñepolítica, Uribe, fútbol y más casos que quedaron colgados con Francisco Barbosa

“La gente está agradecida por la labor que se ha adelantado en la Fiscalía”, dijo Francisco Barbosa, el fiscal general de Colombia hasta este 12 de febrero, durante su rendición de cuentas sobre los cuatro años de su administración. En esta intervención en el Club El Nogal, Barbosa dio cifras que superaban -con creces- las de su antecesor, Néstor Humberto Martínez. Pero los números de Barbosa y de su cúpula sobre el esclarecimiento de delitos contrastan con una realidad presentada por la Corporación Excelencia a la Justicia: la Fiscalía archiva el 81 por ciento de los procesos que abre. Y lo que es peor, su administración tuvo el menor número de condenas de la última década. Esta es la rendición de cuentas que no hizo Francisco Barbosa.

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Los resultados que presentó el fiscal Barbosa los midió sobre el 19 por ciento de los casos que abren anualmente en la Fiscalía y midió la tasa de esclarecimiento de esos casos con base a imputaciones y acusaciones, algo que no tiene nada que ver con las condenas, que son el verdadero logro del ente acusador. Aunque es cierto que el número de condenas frente al número de procesos nunca ha sido alentador, también es cierto que la administración de Barbosa tuvo el menor número de condenas en la última década. 

Según las cifras de la Corporación Excelencia a la Justicia conocidas por CAMBIO, de las 19.302 sentencias proferidas en 2022, el 56 por ciento fueron absolutorias; de las 19.416 sentencias de 2021, el 60 por ciento fueron absolutorias, y de las 15.184 de 2020, el 58 por ciento terminaron en absoluciones. Significa que, en promedio, la Fiscalía perdió el 60 por ciento de los casos que llevó. 

Nunca antes en la última década, el ente acusador había perdido tantos casos en juicio. Pero esas no son las únicas cifras de Barbosa que no coinciden con la realidad. 

Los procesos engavetados o archivados

CAMBIO ha reportado, en varias ocasiones, que son improbables las cifras que la administración de Barbosa ha presentado en materia de extinción del dominio. Según la Fiscalía, desde el 12 de febrero de 2020 al 29 de noviembre de 2023, incautaron bienes que suman 30 billones de pesos, los cuales habrían puesto a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). 

En un derecho de petición contestado a CAMBIO, la entidad aceptó que las cifras no corresponden a la realidad comercial o catastral de los bienes porque no salen de un avalúo realizado por expertos, sino que son una estimación económica general realizada a los bienes incautados en cada operativo. Esas estimaciones son hechas por los fiscales que, al mismo tiempo, usan las cifras para informar sobre los “golpes” que han dado a las finanzas criminales. Lo que es peor, muchos de los bienes no han sido incautados, es decir, aunque les han sido impuestas medidas cautelares, esas medidas no han sido materializadas y esos bienes no están en poder del estado.

Eso, sumado a que expertos en avalúos entrevistados por CAMBIO han explicado que la cifra de billones de pesos que, según Francisco Barbosa, suman los bienes que han incautado durante su administración, está muy alejada de la realidad.

El país no puede conocer cómo llegó la Fiscalía a la cifra de 30 billones de pesos porque el valor de los bienes incautados sale de una estimación económica “al impacto que hacen a las Finanzas Criminales” con cada operativo de extinción del dominio. Por eso, la Fiscalía tampoco puede hacer una distinción del valor de los bienes que son dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.

El caso Uribe

El caso más emblemático es el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La Fiscalía de Barbosa ha ignorado cuatro decisiones en las que los jueces han advertido que hay suficientes pruebas para llevarlo a juicio y en cambio, ha apoyado el testimonio del expresidente, en el sentido de su supuesta inocencia. La primera decisión vino de la Corte Suprema de Justicia; luego, llegaron dos decisiones de jueces de conocimiento que se negaron a precluir, y finalmente, la última decisión del Tribunal Superior de Bogotá en la que confirmó la no preclusión del caso. Más de tres meses han pasado desde la última decisión y la Fiscalía nada que actúa. El proceso ya está a contrarreloj para la prescripción.

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El caso Odebrecht

En la rendición de cuentas, el fiscal Barbosa afirmó que uno de los grandes logros vino del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht que obtuvo "importantes resultados". “Se realizaron 104 imputaciones, se radicaron 21 escritos de acusación, se suscribieron 4 principios de oportunidad y se obtuvieron 11 condenas”.

Sin embargo, omitió decir que la mayoría de procesos fueron contra funcionarios y exfuncionarios de cargos menores en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Del caso Odebrecht se quedaron colgados varios procesos de interés general. Por ejemplo, archivaron el caso contra de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Organización Sarmiento Angulo (Grupo Aval), que en su momento abrieron por orden del juez que condenó a José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana. La Fiscalía no dio mayores explicaciones, pero, además, testigos claves contra Melo dijeron a CAMBIO que no los llamaron a declarar, es decir, no se realizaron actividades investigativas que justificaran el archivo.

También fue engavetado el proceso contra el exministro Andrés Felipe Arias en el caso Odebrecht. CAMBIO reveló que, en marzo de 2022, el Grupo de Análisis del Caso Odebrecht entregó un informe de 13 páginas en el que se relacionaron los diez testimonios principales contra Arias que confirmaban la cercanía del exfuncionario con la compañía brasileña, las labores que realizó para la misma y el recibo de dineros de la multinacional por el relacionamiento político que le brindó. A pesar de las pruebas que reposan contra el exfuncionario, la Fiscalía sigue sin tomar decisiones en el caso.  

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La Fiscalía también archivó un el caso de la empresa Torrosa, uno de los contratos ficticios detectados por el fallecido ‘controller’ de la concesionaria Ruta del Sol SAS, Jorge Enrique Pizano. Aunque el ente acusador inicialmente determinó que el contrato había sido ficticio –e intentó durante cuatro años imputarle cargos al representante legal de la empresa, Javier Torres–, en febrero del año pasado, los nuevos fiscales del caso, cambiaron de opinión y archivaron el proceso. El contrato era de absoluta trascendencia por la cercanía de Torres con los Char, especialmente, de su relación de amistad íntima con Álex Char, y de su importancia en la costa, al ser uno de los megacontratistas de la Alcaldía de Barranquilla. El caso quedó cerrado y ni Javier Torres ni Álex Char dieron respuestas sobre las acusaciones de Pizano sobre ese supuesto contrato fachada. 

El ente acusador tampoco dio respuestas sobre otros contratos de la Concesionaria de la Ruta Del Sol denunciados por Pizano, como los que se firmaron con Gestora de Proyectos de Infraestructura, Consorcio Torrosa, RGQ Logistic, Consultores Presoam, Inversores Profesionales S.en C, Análisis Desimpro S.A y Gestora de Proyectos de Infraestructura. Según testigos del caso Odebrecht, a través de esos contratos se dieron dineros a campañas políticas. Eso, hasta ahora, no lo sabemos.

Impunidad contra dirigentes del fútbol

Varias indagaciones que llevaban contra directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) también quedaron engavetadas. CAMBIO conoció en primicia que fueron archivadas las indagaciones contra el presidente de la federación, Ramón Jesurún, Álvaro González y otros miembros del comité ejecutivo, por el delito de lavado de activos.

Fuentes cercanas al proceso contaron que esa indagación se abrió en la administración del fiscal Eduardo Montealegre a raíz de las declaraciones del expresidente de la federación, Luis Bedoya, quien fue condenado en Estados Unidos por escándalo de corrupción internacional denominado Fifa gate. Las mismas fuentes advirtieron que el caso se archivó en mayo del 2022 por atipicidad de la conducta. Sin embargo, por tratarse de una etapa que goza de reserva, el país no puede conocer las razones de la decisión y tampoco saber cuáles fueron las actividades investigativas para archivar la indagación.

El caso de la reventa de boletería para el Mundial de Rusia también quedó en la impunidad con respecto a las directivas de la (FCF). La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) halló responsabilidad y sancionó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a las empresas Ticketshop y Ticket Ya, y 17 personas, entre las que están Ramón Jesurún, Luis Bedoya, Álvaro Alzate, al pago de $18.352 millones de pesos, por la competencia desleal que permitió que Ticketshop se quedara con el contrato de boletería de los partidos de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, y a que Ticket Ya revendiera las boletas hasta un 350 % por encima de su valor. Aunque el caso fue trasladado a la Fiscalía, según las fuentes de CAMBIO, no prosperó y fue archivado. 

“Ha habido absoluta impunidad respecto a los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación. Entre ellos Ramón Jesurún, Luis Bedoya y Álvaro González, las investigaciones contra ellos, desde el punto de vista penal, están en el sueño de los justos. Allá no pasa nada”, dijo en el líder de esa investigación, el exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Robledo.

Robledo dijo a CAMBIO que en medio del escándalo del cartel de reventa de boletas, que terminó beneficiando a los altos ejecutivos del fútbol colombiano, existió un rumor de una posible comisión por 3.000 millones de pesos para los directivos, de la que habló el exfiscal Néstor Humberto Martínez en una rueda de prensa. Sobre esa arista, el país tampoco obtuvo respuestas de la Fiscalía.

De homicidio a muerte natural

CAMBIO reveló el caso de la muerte del agente aduanero Jairo Jesús Silva Rivera, quien perdió la vida en extrañas circunstancias el 15 de diciembre de 2020 mientras estaba bajo custodia del CTI de la Fiscalía, en el Batallón Militar Paraíso, en Barranquilla. 

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El caso obtuvo la total atención del fiscal general, Francisco Barbosa, porque se trataba del padrastro de una antigua asesora suya, quien le pidió ayuda para esclarecer el caso por las extrañas circunstancias de la muerte.

La necropsia de Silva que realizó la médica forense Natalia Paulina Osorio Granados dijo que el hombre de 65 años fue víctima de “muerte violenta-homicidio”, y que antes fue sometido a torturas. Pero otro equipo forense de la Fiscalía examinó los tejidos que la médica guardó del cuerpo de Silva y descartó que se hubieran presentado fracturas y hematomas y dijo que Silva había fallecido de muerte natural. Aunque con el nuevo peritaje la Fiscalía pretendía archivar el proceso, CAMBIO conoció que la familia logró en diciembre de 2023 que la Fiscalía exhumara el cuerpo y volviera a realizar un estudio detallado y no solo concluyera la investigación examinando los tejidos guardados.

Ñeñepolítica

En julio de 2022, la Fiscalía tomó la decisión de archivar la investigación conocida como la ñeñepolítica. El proceso se abrió a raíz de los audios en los que el fallecido ganadero y señalado narcotraficante José Guillermo, Ñeñe Hernández, hablaba de supuesta compra de votos en las elecciones presidenciales de 2018 que habrían favorecido al presidente Iván Duque.

El argumento de la Fiscalía para archivar el proceso fue inexistencia del hecho –conducta atípica, es decir, que en lo que se investigó no hay delito alguno. Sobre el caso no se conocieron cuáles fueron las actividades investigativas que se desarrollaron para llegar a esa conclusión. Lo que es peor, en la Fiscalía cursaba una investigación contra los testaferros del temido narcoparamilitar Marquitos Figueroa, en donde el Ñeñe Hernández aparecía como uno de los brazos financieros de la organización criminal. La Fiscalía nunca dio respuestas sobre el caso.

Incluso, CAMBIO reveló en mayo de 2023 que Juan Pablo Montoya Prada, un alto funcionario del Fondo de Adaptación del gobierno de Iván Duque y capturado en 2019 por lavar activos, ofreció información a la Fiscalía, pero fue ignorado.

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Las marionetas

En el caso en el que la Fiscalía investigó a la estructura corrupta del fallecido exsenador Mario Castaño, según fuentes de CAMBIO, solo la mitad, o menos de los que debían responder, fueron vinculados.

Recientemente, fueron llamados a responder Pierre García, exsubdirector del Departamento de Prosperidad Social y el senador uribista Ciro Ramírez. Sin embargo, la Fiscalía nunca llamó a la madre del expresidente Iván Duque, Juliana Márquez, para que respondiera por las conversaciones que tuvo con una de las líderes de esa estructura corrupta, Nova Lorena Cañón.

CAMBIO reveló varias interceptaciones entre la lobista Nova Lorena Cañón, implicada en la red de corrupción del senador Mario Castaño, y Juliana Márquez, en las que hablan sobre gestiones ante la Sociedad de Activos del Estado (SAE) para la asignación de inmuebles para sus proyectos; acelerar proyectos como el del acueducto de La Chamba, Tolima, y de mediar ante la Unidad de Gestión de Riesgos para un contrato que quería Cañón. Incluso, de obtener puestos en la Dian y repartir donaciones según lo dispusiera "la mamá del presidente". Pero no es la única que no llamaron para dar explicaciones. Dicen las fuentes que hay al menos otro exsenador del Centro Democrático que no ha dado explicaciones por las llamadas que tuvo con integrantes capturados de la organización de Castaño en las que hablaban de contratos.

Polígrafo de la casa Galán, adscrita a la Presidencia de la República

Tampoco hay respuestas de la indagación que abrió de oficio la Fiscalía por las declaraciones –publicadas por CAMBIO– de empleadas del padre de la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que fueron sometidas al detector de mentiras en el mismo sótano del edificio adscrito a la Presidencia donde fue interrogada la niñera de Laura Sarabia. El proceso está engavetado.

Estos casos se suman al largo listado de procesos cuestionados recientemente en los distintos medios de comunicación y de los cuales no hay respuestas de la Fiscalía. Por ejemplo, el de los narcofiscales protegidos, supuestamente, por la vicefiscal Martha Mancera, y el caso de ‘Pacho el malo’, que tiene que ver con el encubrimiento por parte de la cúpula del ente acusador a la participación del jefe del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como Pacho, en actividades de narcotráfico y tráfico de armas. Francisco Barbosa no ha dado ninguna explicación sobre estos hechos.