Francisco Barbosa está empeñado en realizar su fantasía de hacer la mejor Fiscalía General de la historia. El escándalo es que, para lograrlo, está amañando las cifras de la entidad y mostrando resultados falsos y peligrosos.
Vamos por partes como el fiscal Barbosa tratando de ocultar el tamaño de su ego.
Cada semana la Fiscalía presenta al conjunto de directores seccionales y nacionales de todo el país, un reporte elaborado desde el nivel central en Bogotá. En esas diapositivas se presenta lo que se llama el Censo Delictivo Nacional, una herramienta estadística creada con el fin de atacar los diferentes tipos penales de manera estructurada.
Sus fuentes son las noticias criminales que se presentan ante el ente investigativo y demás organismos de recepción de denuncia en materia criminal. O traducido, los crímenes que se cometen a lo largo y ancho del territorio. Lo importante es que, a partir de esa información, se describe cuáles son los factores que se tienen en cuenta para establecer las tasas de esclarecimiento de los diferentes delitos denunciados. O en plata blanca, si hubo más o hubo menos.
Esta es una acertada metodología que se diseñó durante la administración del exfiscal Néstor Humberto Martínez, con el fin de establecer el rendimiento institucional, dependiendo de cada uno de los delitos, por ciudades y entidades y, con eso, determinar cuándo un caso se resuelve y dónde se tienen que reenfocar esfuerzos. El inconveniente es que esa misma herramienta está siendo perversamente aplicada por su sucesor Francisco Barbosa para mostrar una eficiencia investigativa inexistente.
Vamos a la teoría para entender el amañe. Las cifras de esclarecimiento de los delitos en la Fiscalía son determinadas por tres números: órdenes de captura expedidas, solicitudes de imputación de cargos y traslados de escrito de acusación en el proceso abreviado. Es decir, los delitos que van a juicio. (Ver Anexo 1)
Hasta ahí, todo bien. Una aclaración importante con esta definición es que un crimen se presenta como “resuelto” internamente sin que un juez de la república haya determinado que una persona es culpable o inocente. Es decir, que en ninguna de esas tres actuaciones anteriores puedes describirse que se ha esclarecido el delito, sino que simplemente hasta ahora se inicia el proceso penal en su etapa judicial.
Cuando existe en firme una sentencia condenatoria, se puede determinar qué delito ocurrió, cuándo, dónde, cómo sucedió y quién es el culpable. La persona acusada es condenada y se entiende por esclarecimiento judicial. Pero eso es parte de una discusión de hermenéutica jurídica y no es lo que vamos a analizar en esta denuncia.
Con ese fin redirijámonos a cómo se mide el esclarecimiento en la Fiscalía de Barbosa. Ahí se pone oscurito. Con la tasa de esclarecimientos a nivel interno, los fiscales, presionados por los directores nacionales y seccionales, presentan las solicitudes de imputación o de traslado del escrito de acusación ante los jueces y así logran tener el “positivo” en la estadística nacional para finalizar el mes.
Pero luego de que se hace el corte, retiran las solicitudes y los casos vuelven a los despachos sin avance, lo que es una forma de manipular internamente las estadísticas para el rendimiento de la entidad. Eso ha llevado a que lo que se conoce como esclarecimiento sea solo una manipulación de las cifras en una etapa del proceso en la que aún no se ha esclarecido nada.
Por ejemplo, veamos un informe del 2 de abril de 2022, de la Sección de Análisis Criminal de la Dirección Seccional Atlántico de la Fiscalía, sobre la situación de homicidios correspondiente al mes de marzo de 2022 en los municipios del de los departamentos de Atlántico y Magdalena. El reporte establece que el 100 por ciento de los feminicidios en Barranquilla se esclarecieron. Repitamos, el 100 por ciento. Todos. O por lo menos eso dice la Fiscalía. (Ver Anexo 2)
Ahora bien, al comparar esa cifra de esclarecimiento frente a los datos de condenas de esos delitos, evidentemente los números no coinciden y es sabido que los departamentos de Atlántico y Magdalena son unos de los que cuentan con mayor nivel de violencia hacía la mujer en el país y más delitos no resueltos en esa categoría criminal.
Esa radiografía evidencia el mismo cáncer a lo largo y ancho de la entidad, sin importar el delito. Estamos inundados de pomposos anuncios en los medios y las redes sociales del fiscal Barbosa, o de la vicefiscal Martha Mancera, estableciendo las grandes cifras de esclarecimiento, pero la realidad de los delitos es contraria y apabullante.
Mensajes como: “Hoy en femicidio avanzamos en el 96% de esclarecimiento; en el tema de violencia doméstica llevamos más del 50% de efectividad…”. “La Fiscalía recibió con un 52,6% los casos resueltos, logrando un 74,34% de esclarecimiento…”. “El Fiscal General, Francisco Barbosa, se refirió a los 127 homicidios que han ocurrido este año contra la población LGTBIQ. Me parece una cifra terrible. Hay un 60% de esclarecimiento en estos casos”. “Sobresale el esclarecimiento del 83,3% de los casos de violencia intrafamiliar y el 63,81% de los abusos sexuales denunciados”. “De masacres en el territorio nacional pasamos del 36% al 89% de esclarecimiento”. (Ver Anexo 3)
La complicación, y sí, el tema se complica más, es que esta medición, que se usa a nivel interno por la Fiscalía con el fin de mandar mensajes externos, no coincide tampoco con el número de las sentencias condenatorias que son llevados a juicio.
Para eso hay que explicar que existen dos tipos de caminos para las sentencias condenatorias. El primero, las que se logran con preacuerdos y aceptación de cargos. Y, el segundo, las que se logran demostrando el delito en un juicio.
Pues esa misma Fiscalía que dice esclarecer casi todos los delitos, es la misma que está perdiendo la mayoría de sus casos en juicio. Así lo dejan ver las estadísticas del Sistema Penal Acusatorio, publicadas por la Corporación Excelencia en la Justicia, que muestran que, de acuerdo con expertos, existen profundas falencias en la manera que el ente acusador maneja sus procesos en juicio.
Desde 2019, la Fiscalía ha perdido en promedio 6 de cada 10 casos que se llevan frente a un juez. Si fueran estudiantes de derecho, se estarían rajando con una calificación de 4. El ente investigador recibe más de 165 denuncias por hora, de las cuales el 39 por ciento han sido por delitos contra el patrimonio económico, como el hurto; seguidas por delitos contra la vida, con un 14,6 por ciento; crímenes contra la familia, con 12,3 por ciento; contra la seguridad pública, 5,6 por ciento, y contra la salud pública, con 5 por ciento.
No obstante, la mayoría han terminado en el congelador, en especial los importantes, con un 74,2 por ciento que han sido archivados por razones tan complejas como el vencimiento de términos. Algo así como tirarse la materia por no asistir a clase. Además, de los que llegan a etapa de juicio, el 57 por ciento ha terminado en absolución, es decir, como dijimos antes y es importante repetir, la Fiscalía pierde la mayoría de los procesos que llevan a juicio por su incapacidad de presentar buenos casos.
Solo en el 43 por ciento hubo condenas, de las cuales casi la mitad, o el 48 por ciento para ser exactos, se han logrado por negociaciones o acuerdos.
Pero sigamos profundizando y para hacerlo enfoquémonos en el tipo penal del hurto ya que es la gran mayoría de denuncias como quedó claro en la estadística anterior. Por la gran cantidad de procesos que llegan por este delito, y con el fin de descongestionar los despachos de la Fiscalía, desde la administración de Eduardo Montealegre se creó acertadamente, la Unidad de Intervención Temprana de denuncias.
Esa sección se diseñó para filtrar lo que entra a la Fiscalía, con el fin de que no lleguen a los despachos denuncias que no son delitos, o que son de otra jurisdicción, o denuncias sin fundamento alguno.
Ese era el objetivo principal y era un objetivo correcto. Pero bajo la dirección de Barbosa, esta unidad ahora sirve como herramienta para archivar masivamente por atipicidad.
Me explico. Existen dos tipos de archivos que se usan en las denuncias. El primero es que no se pueda encontrar ni responsabilizar a alguien de un delito cometido. Una denuncia de un hurto, por ejemplo, de una persona que fue robada de su celular por la espalda, sin testigos, sin cámaras, pues no logra identificar o individualizar a quien que cometió el crimen. No hay posibilidad de investigar a nadie y con eso archivan el proceso.
Pero hay otra forma de archivar un caso, “por atipicidad”. Es decir, porque no hubo delito o fue un delito equivocado. Ese tipo lo que hace es que lo que se denunció como hurto, debe borrarse del sistema en la categoría de hurto si se establece que es “atípico”. Y al borrarlo del sistema, pues no existió.
Tomemos una ciudad para mirar cómo funciona esto. Agarremos Cali. Esta columna obtuvo un acta donde se prueba la “recomendación” desde la FGN en Bogotá para que los archivos se hagan por atipicidad, así no más, sin estudio de la realidad.
El acta No 33 del 30 de junio de 2023 recoge el tema de la junta que se llevó a cabo en esa fecha a las 10:00 a.m. en el auditorio Ed Telecom de la capital del Valle del Cauca. El tema de la citación de la reunión era: la socialización de estrategia a implementar para el esclarecimiento de las investigaciones en la temática de hurto violento desde intervención temprana. Los asistentes eran fiscales y asistentes de fiscal, de la dependencia de Intervención Temprana.
Según el documento, quedó registrado que la señora Yadira Andrea Alfaro Sáenz, líder nacional de hurtos, puso en conocimiento de los Fiscales de Intervención Temprana el porcentaje de avance de la temática de hurto violento de la seccional Cali, con un total del 3,56 por ciento de avance, situando a la Seccional en el puesto 33 comparado con las demás seccionales en esclarecimientos. Regular.
De acuerdo al acta, después de la problemática, la funcionaria de la FGN dio la solución. “(…) presenta una sugerencia respetuosa a los Servidores de la Unidad, con el fin de estudiar cada una de las órdenes de archivos que están siendo generadas, y comparte jurisprudencia en el que se argumenta el archivo de las diligencias mediante la tipicidad objetiva”. Repitamos, “sugerencia respetuosa”. ¿Cuándo fue la última vez, querido lector, que ignoró una sugerencia respetuosa de su jefe o superior? (Ver Anexo 4)
De otro lado, en la misma reunión se comprometieron a gestionar con nivel central, el hecho de que, en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, se eliminen las actuaciones que no correspondan a atipicidad e inexistencia del acto, cuando se vaya a archivar. Es decir, esto nunca existió. Y si una conducta es atípica es porque no hubo delito, eso baja las cifras en el Censo Delictivo de la Fiscalía y de la criminalidad a nivel general. La complejidad es que solo lo reduce en el papel y con esa metodología Cali estaría viviendo en una realidad sin hurtos. Cali es Cali y en los demás sí roban. Pero está pasa a nivel nacional.
La Fiscalía no ha calculado el efecto de esta maniobra una vez salgan el fiscal Barbosa, su equipo, sus políticas de amañe y, más importante, su ego por la puerta de atrás. Esto tiene implicaciones peligrosas en las labores de análisis de la Policía Nacional y de las Secretarías de Seguridad de cada ciudad. Expliquémoslo con plastilina: si viene bajando el índice, por ejemplo, de hurto, dado que, si denunciaron diez personas por ese delito, pero se archivó por atipicidad la mitad, no fueron diez hurtos, sino que supuestamente fueron cinco. Entonces, basados en ese Censo Delictivo, como se redujeron el número de denuncias de hurtos en Cali, no necesitamos asignar el mismo número de policías para esa ciudad, sino la mitad.
Por esto fuentes al interior de la entidad, establecen que una auditoría a los archivos de las Unidades de Intervención Temprana de Bogotá, Cali y otras ciudades importantes, traería como conclusión, que se viene archivando de manera equivocada y hasta contraria a la ley. Queda claro que las cifras de esclarecimiento que se están presentando con índices bajos de criminalidad en diferentes delitos no son ciertas.
En esto es importante agregar que el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, presentó el mapa de la impunidad en Colombia el pasado 4 de diciembre, en la conmemoración del día internacional contra la corrupción.
La investigación comprende el periodo desde 2010 hasta 2023, lo que permitió identificar los diez departamentos del país con el más alto porcentaje de delitos asociados a la corrupción. Casos que no avanzan y permiten, en gran medida, la prescripción, dejando sin castigo a miles de responsables que se apropian de los recursos públicos. Esa platica se perdió.
De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93,99 por ciento están en la impunidad. Repitamos, casi el 94 por ciento en impunidad. Esos sí son datos. Por eso lo que se conoce como esclarecimiento en la fiscalía de Barbosa es solo una manipulación de los números con una metodología amañada en una etapa del proceso en la que aún no se ha esclarecido nada. No aclare tanto, que oscurece señor fiscal.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
