El 29 de agosto de 2019, Luciano Marín Arango, mejor conocido como Iván Márquez, publicó un video junto con otros excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc para anunciar “una nueva etapa en la lucha armada”. Unos meses antes, Márquez y Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, se escapaban de San Vicente de Caguán hacia Venezuela. Tiempo después se les uniría Seuxis Paucias Hernández, que también volvería a las armas con el apoyo silencioso de la dictadura de Nicolás Maduro. Decía entonces Márquez, con cara de serio y rodeado de armas y camuflajes, que ellos nunca fueron “vencidos ni derrotados ideológicamente”, y que por eso la lucha continuaría y la historia registraría en sus páginas que “fuimos obligados a retomar las armas”.
De aquello han pasado casi cinco años y la historia ha registrado algo distinto: el Paisa, comandante de la tenebrosa columna móvil Teófilo Forero, y Santrich, que, digan lo que digan, sí estaba negociando un cargamento de cocaína una vez desmovilizado, están muertos. Y Márquez, cuyo estado de salud es un misterio, sigue prófugo y como cabeza de una banda mafiosa denominada, con evidente nostalgia revolucionaria, Segunda Marquetalia. Según el último conteo de inteligencia militar, esta organización criminal tiene alrededor de 1.800 integrantes y tres estructuras que están en 41 municipios de 7 departamentos: Meta, Guaviare, Caquetá, Nariño, Cauca, Putumayo y el Valle del Cauca.
El jueves pasado una resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, suspendió las órdenes de captura en contra de nueve líderes de la Segunda Marquetalia. Siete de ellos, José Aldinever Sierra, José Vicente Lesmes, William Danilo Malaver, Alberto Cruz Lobo, Geovanny Andrés Rojas, Luis André Figueroa y José Darley Malagón Jiménez, fueron firmantes del acuerdo de paz. Es decir, fueron acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ellos, como Márquez, traicionaron el acuerdo de paz y perdieron los beneficios que les otorgaba la Jurisdicción Especial para la Paz. No solo eso, los procesos judiciales en su contra, incluyendo la extradición, fueron reactivados.
El presidente Petro, y de esto no hay duda, puede comenzar diálogos de paz con cualquier organización ilegal. La verdadera pregunta viene después: una vez lleguen a un acuerdo con la Segunda Marquetalia, ¿qué tratamiento jurídico recibirán? En febrero de 2023 el entonces secretario jurídico de la presidencia, Vladimir Fernández Andrade -ahora magistrado de la Corte Constitucional- envió un concepto a la Corte Constitucional explicando una diferencia fundamental: “disidentes son las personas que NO firmaron el acuerdo final de paz, pero como son rebeldes o insurgentes, bien pueden acogerse al proceso de paz, dado su estatus político, y por ende con ellos, se puede llevar a cabo diálogos, negociaciones y acuerdo”. Pero los desertores, “en tanto estas personas sí firmaron el acuerdo de paz, pero lo traicionaron y volvieron a las armas (ejemplo, la ‘Segunda Marquetalia’)… pueden acogerse a las reglas del sometimiento a la justicia para obtener los beneficios que la ley otorgue por desmantelamiento y delación…”. A la JEP, hoy, no pueden volver, y su camino estaría en la justicia ordinaria. En algún momento el presidente Petro deberá responder si para Márquez habrá un sometimiento, o si está dispuesto a darles otra oportunidad a pesar de haber regresado a las armas, la violencia, el narcotráfico y la muerte.
No es la única pregunta. Fuentes informadas para esta columna afirman que, tal y como ocurre con el ELN y el Estado Mayor Central, Márquez no tiene un control de todos los frentes de la Segunda Marquetalia. Tal vez el caso más preocupante es el de John 40, que era un “gran narco de las FARC y que decidió estar con el mejor postor. Venezuela hizo un acuerdo con la Segunda Marquetalia y con el ELN para no dejar ingresar al país al Estado Mayor Central y este señor 40 dijo “ahora soy de la Segunda Marquetalia”, cuando su verdadero trabajo es servir a los narcos que necesitan servicios de procesamiento y envío de cocaína, además del cuidar el Arco Minero de Venezuela”. Ese Arco minero limita con Vichada y con Guainía y además de minería ilegal, tiene pistas clandestinas, controladas por 40, para sacar cocaína.
Esto no es simplemente anecdótico. El propio presidente Petro ha dicho, públicamente, que estos grupos tienen que elegir sin son rebeldes o mafiosos, porque ambas cosas no son compatibles. De la manera como el gobierno responda la pregunta jurídica en torno a la Segunda Marquetalia dependerá, de cara al futuro, la legitimidad de su paz total.
