El despojo de tierras y la Corte Constitucional

Las discusiones en la Corte Constitucional suelen ser incomprensibles para los ciudadanos que no entendemos las complejidades y los tecnicismos del lenguaje jurídico. Sin embargo, sus decisiones tienen impactos enormes en la vida cotidiana de los ciudadanos. Un ejemplo de ello -entre muchos- es la Sentencia SU 163 de 2023 con ponencia del magistrado Alejandro Linares, que terminó su periodo en la Corte en diciembre del año pasado.

Trataba de una solicitud de restitución de tierra por despojo que sufrieron don Saúl Ayala –un campesino y militante de la Unión Patriótica– y su familia, a inicios de los años 90. La familia Ayala, explica el profesor Rodrigo Uprimny en De Justicia, debió vender el predio Venecia en Simacota, Santander, a causa de la violencia y las amenazas. Los años pasaron y después de tres compraventas, Venecia quedó en manos de la empresa de palma y caucho Agroindustrias Villa Claudia. En 2013, cinco años después de la venta a Villa Claudia, la familia Ayala pidió a la justicia que le devolvieran su predio, argumentando que su venta obedeció a la violencia de la zona y el temor a ser asesinados.

En primera instancia les dieron la razón. En 2019, el Tribunal Superior de Cúcuta ordenó a Villa Claudia devolver el predio a los Ayala, pero la empresa puso una tutela que fue seleccionada para su estudio por la Corte Constitucional. En febrero de 2023 la Corte falló a favor de la empresa. Dijo: Saúl y su esposa Silvia son víctimas y merecen la restitución, pero el juzgado no valoró de forma correcta las pruebas que definían -y esto es muy importante- la buena fe exenta de culpa de la empresa. Luego ordenó compensar económicamente a Villa Claudia con recursos que saldrían de los fondos que deben usarse para reparar a las miles y miles de víctimas del conflicto armado.