En 1996, Abelardo de la Espriella era un ‘pelao’, por lo que tal vez no tenga en su memoria aquellos días en que Colombia comprendió que ya no era solo un país cafetero, sino, cada vez más, cocalero. Corría julio de aquel año cuando se produjo una de las mayores protestas campesinas de finales del siglo XX: las marchas cocaleras.
Todo comenzó a gestarse cuando Ernesto Samper, con el agua al cuello por el Proceso 8.000, anunció la Operación Resplandor, una estrategia de erradicación forzada con la que prometió acabar, en dos años, con los cultivos de coca, que todavía no llegaban a las cien mil hectáreas. Fue el primer gran cañazo. El país estaba bajo estado de conmoción interior y, al amparo de este, fueron declarados zonas especiales de orden público el Caquetá, el Guaviare y el Putumayo.
Entonces comenzó la lluvia amarga. Colombia se convirtió en el único país del mundo que asperjaba glifosato desde el aire sobre sus propios campos y, de paso, exponía sus ríos, sus cultivos lícitos y a sus campesinos.
Vinieron las marchas cocaleras. En julio, más de cien mil cultivadores y recolectores caminaron hacia las capitales departamentales para exigir la presencia del Gobierno. Buena parte de la movilización se gestó en Mapiripán, un pequeño caserío a orillas del río Guaviare que era, a la vez, un gran enclave de producción de hoja de coca.
Lo que siguió fue Troya. Durante dos meses se produjo un enfrentamiento tenaz entre los campesinos y la fuerza pública. Colombia se dio cuenta de que existía otro país: el de los sucesivos fracasos de la reforma agraria, el de la colonización armada, el de los miles de campesinos expulsados por la pobreza y la falta de oportunidades que habían ido a tumbar selva, como en cualquier bonanza, para insertarse en el mercado mundial.
Para el Ejército, las marchas eran de las FARC. Una verdad a medias. Las movilizaciones surgieron de los campesinos cocaleros, pero fue en ese contexto cuando esa guerrilla se convirtió en una fuerza de defensa de esa economía y se adueñó de ella, más allá del gramaje.
Las FARC respaldaron de distintas maneras la protesta y también la negociación, que fue durísima. Los campesinos lograron que el Gobierno prometiera desarrollo para estas regiones, carreteras, y el Plante, que era el programa de sustitución de cultivos. Casi nada se cumplió, y tampoco consiguieron que se suspendieran las fumigaciones.
Las marchas cocaleras de 1996 marcaron un proceso de empoderamiento campesino, que tuvo una brutal respuesta por parte de los paramilitares. La mafia entendió que la materia prima de su negocio estaba en los territorios dominados por las FARC, y que no podía permitirse otra huelga que le cerrara el abastecimiento.
Creó las AUC en abril de 1997 y en julio de ese mismo año arremetió contra Mapiripán, como macabra conmemoración del primer aniversario de las marchas. Cometió una masacre atroz con apoyo decidido de sectores de la fuerza pública; y en las narices de la base antinarcóticos de San José del Guaviare, operada con apoyo estadounidense.
Querían aleccionar a un campesinado que ya no tenía vergüenza de cultivar coca y que reclamaba derechos. Querían apoderarse del negocio que tenían las FARC. A sangre y fuego se hicieron dueños de amplias zonas del Guaviare, Putumayo, Catatumbo y Cauca. Miles de campesinos fueron desplazados, asesinados o desaparecidos. Miles y miles.
El problema no era acabar con la coca. Era que cambiara de manos.
Años después, ante la Comisión de la Verdad, Ernesto Samper pidió perdón por haber recurrido a la fumigación. Reconoció que no sirvió para acabar con los cultivos y en cambio sí causó daños a los campesinos.
Aun así, Colombia siguió fumigando, con más brío, y durante el Plan Colombia se alcanzó el clímax. Pero esa guerra no le hizo ni cosquillas al narcotráfico, mientras el daño lo sufrieron al cien por ciento los campesinos.
Las dos décadas de aspersión con glifosato fueron un teatro del absurdo. Se rociaron más de 1.800.000 hectáreas y, sin embargo, la poca reducción que se logró, no es atribuible a ello. Los cultivos se adaptaron o se movieron, y en el largo plazo, siempre crecieron. Los mejores resultados se han obtenido con procesos sostenidos de control territorial y desarrollo rural concertado con las comunidades.
Cada nuevo presidente de Colombia promete, el 7 de agosto, acabar con los cultivos en cuestión de meses. De la Espriella no es la excepción, solo que ahora es peor, porque ya conocemos esta historia. Pero Trump, su jefe directo, le respira en la nuca para que lo haga cuanto antes.
Lo que logrará, ya lo sabemos, es que los cultivos se desplacen de un territorio a otro. No porque las matas caminen, sino porque los que se desplazan son los cultivadores.
Por lo menos 200.000 familias viven del cultivo de coca, y otras tantas de manera indirecta, en los 14 enclaves regionales que dependen de esa economía, según la ONU. Es un mercado único: el comprador llega hasta la puerta de la finca, paga en efectivo y la demanda es estable o en aumento.
Detrás de los cultivos hay familias enteras que están lejos de ser terroristas. De hecho, según la FIP (2018) una tercera parte de esos hogares tiene a mujeres como cabeza, y ellas participan por lo menos en la mitad del proceso productivo. Son las vidas que Alfredo Molano contó en Selva adentro y que Estefanía Ciro documentó, años después, en Levantados de la selva: campesinos que llegaron huyendo de la pobreza y terminaron sosteniendo el eslabón peor pagado de un negocio de miles de millones.
La fumigación ya no tiene el respaldo político ni social que tuvo otrora en Colombia. En esta materia, Trump, francamente, no sabe de lo que habla. Y De la Espriella haría bien en revisar la historia antes de encender de nuevo la mecha.
No creo que un escenario como el de las marchas cocaleras sea repetible. Pero puede haber algo más interesante: un campesinado que se movilice por sus derechos apelando a los desarrollos institucionales. Los cultivadores de coca se asumen hoy como ciudadanos plenos, que no van a dejarse masacrar ni borrar de la historia del país así no más.
Por eso digo que las fumigaciones fueron un gran ‘falso positivo’. Una política de guerra contra los campesinos, disfrazada durante veinte años como una victoria contra el narcotráfico.
Ojalá que semejante crimen no se repita nunca más.
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