Aún no he logrado entender bien cómo la inteligencia artificial (IA) puede convertirse en una amenaza existencial para la humanidad.  

Suena a tenebroso escenario de ciencia ficción, donde las máquinas resultan más inteligentes que sus creadores y se vuelven contra ellos. Evoca la imagen de «robots asesinos» fuera de todo control o de una sociedad distópica, como la que pintó George Orwell en su novela 1984. 

Algo inconcebible, pero no tan ficticio, si nos atenemos a las crecientes advertencias de científicos e investigadores sobre los riesgos de que sistemas avanzados de IA sigan mejorando sus propios códigos más rápido de lo que los humanos puedan monitorearlos o alinearlos. 

El hecho es que programas diseñados para ejecutar metas de manera independiente han mostrado comportamientos inesperados, como romper reglas de prueba y «hackear» redes externas sin asesoría humana. Los riesgos sí parecen ser reales: individuos o gobiernos que puedan utilizar estos modelos para orquestar ataques cibernéticos, promover sabotaje financiero global o diseñar peligrosos patógenos biológicos, entre otras potenciales amenazas. 

De ahí que las propias Naciones Unidas adviertan que el acelerado avance de la IA exige de manera urgente una gobernanza global, so pena de socavar derechos fundamentales como la vida, la salud y la privacidad. Pero las potencias que mandan la parada en este campo —EE. UU. y China— no han parado bolas. 

Trump calificó el asunto como una «farsa» y se burló de la idea de que «robots marcharán en nuestras ciudades para destruirnos». China rechazó de frente la propuesta y la calificó como una «táctica de guerra fría» para mantener el predominio estadounidense. 

La desconfianza mutua es profunda y no hay indicios de que la reunión del 14 de septiembre entre Trump y el líder chino Xi Jinping resulte en un acuerdo vinculante para regular el avance de la inteligencia artificial. “Quien gane en IA ganará el mundo”, ha dicho Trump. Habría que preguntarse cuál sería ese mundo. 

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Hace años sabemos que desde las cárceles se extorsiona telefónicamente a miles de ciudadanos y nada que el Inpec o la Policía logran ponerle fin a este delito. Es más, se ha vuelto peor: el propio Inpec acaba de revelar que cada hora se realiza una llamada extorsiva desde las prisiones —más de 14.000 en el último año—, a pesar de que el uso del celular está prohibido. 

Difícil concebir una burla más descarada a los controles del sistema penitenciario, ni una ineficiencia más flagrante del Estado para regular lo que sucede en sus prisiones. 

Un primer paso elemental sería empoderar a la Procuraduría para tomar drásticas medidas disciplinarias contra los guardias que participen en las redes de extorsión carcelaria. Porque ya son verdaderas redes, voraces y bien dateadas, de las cuales el guardia penitenciario es eslabón fundamental. 

Urge entonces utilizar la superioridad tecnológica del gobierno, los inhibidores de señales, la interceptación agresiva de mensajes, en fin, todo el aparataje técnico y jurídico del Estado necesario para desmantelar, de raíz y sin inhibiciones, unas mafias extorsivas que expolian a los colombianos que trabajan y producen. Es indignante que un pequeño comerciante o productor agrícola tenga que entregarles el treinta por ciento de sus ingresos a estos criminales armados de celulares con bases de datos sobre millones de personas. 

El presidente Abelardo dijo que aislará a los grandes capos de la extorsión en buques de la Armada Nacional en alta mar, donde no tendrían posibilidades de comunicarse. Pueda ser que esta medida, por estrambótica que parezca, produzca resultados porque hasta ahora muy poco se ha logrado contra un flagelo que hace décadas agobia a los colombianos de bien. Pero siempre hay una primera vez.   

P. S. 1: Prohibir bombardeos aéreos sobre zonas bajo dominio guerrillero o paramilitar sería despojar al Estado de su más eficaz instrumento contrainsurgente. Y pretender que la fuerza pública tenga un censo exacto de cuántos menores de edad o civiles desarmados hay en esas zonas es poco menos que absurdo. Como lo es no entender que medidas como estas incentivan el reclutamiento de menores para convertirlos en “escudos humanos”. 

P. S. 2: El presidente Trump ha vetado el acceso a la Casa Blanca de CNN, Politico y otra agencia noticiosa por un cubrimiento periodístico que considera desfavorable a su gestión. Una medida sin precedentes. Ni siquiera Richard Nixon, que nunca dejó de pelear con los medios, llegó tan lejos. Habrá que ver si la Corte Suprema se lo permite. 

P. S. 3: Hacen falta Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo en Blu Radio. La falta de presupuesto que adujo la emisora para desvincularlas no convence a nadie. Se parece a los “motivos administrativos” que mencionó RCN para suspender días después al caricaturista Vladdo. Ninguno de los tres era de la cuerda del presidente Abelardo. ¿Blanco es y frito se come?