Quizás para entender lo que está sucediendo con las finanzas nacionales y con el debate del presupuesto para 2027, lo más práctico sea tomar como ejemplo lo que está aconteciendo en dos sectores específicos: el de la salud y el eléctrico.
Los pasivos represados del Gobierno para con las entidades prestadoras de servicios médicos (hospitales y clínicas) es superior a los 30 billones de pesos. Las EPS son las correas de transmisión que unen el desmanejo y la irresponsabilidad del Gobierno Petro con la dura realidad de la realidad fiscal que vivimos.
La nueva ministra de Salud —con buen juicio— ha dicho que con 10 billones de pesos que le asignen a su despacho en el presupuesto del año entrante podría estabilizar el sistema de salud: no curarlo de sus dolencias estructurales, pero, al menos, y de la misma manera que cuando a un paciente que ha sufrido un grave accidente se le conduce a una UCI, su paso por las urgencias puede salvarle la vida y prepararlo para cirugías mayores.
Ahora bien: el problema es que esos 10 billones no aparecen en el presupuesto de la vigencia 2027 que actualmente discute el Congreso.
De la misma manera que no aparecen los cerca de 1,2 billones que se necesitan para medio estabilizar el sistema eléctrico y ponerlo en condiciones de pagar a las generadoras al menos una parte de los subsidios debidos que han venido atendiendo con su propia caja a los usuarios de los estratos 1,2 y 3.
Razón por la cual las comercializadoras están al borde del colapso. Y el país —sobre todo la costa Caribe— frente a la posibilidad de un racionamiento. Causado, de nuevo hay que decirlo, por el desmanejo del Gobierno Petro.
Ahora bien: todos estos gastos —y otros muchos que no dan espera— están buscando aterrizar afanosamente en el presupuesto de 2027. Y evitar así que la salud entre en estado comatoso y el país en racionamiento eléctrico.
Al mismo tiempo, todos los colegas del ministro de Hacienda, al unísono, lo mismo que muchas entidades del sector público, han puesto el grito en el cielo durante las audiencias en las comisiones económicas que están teniendo lugar. Dicen que con las apropiaciones que se les han asignado en el presupuesto del año entrante no podrán sobrevivir.
Grave encrucijada para el ministro de Hacienda. Da la impresión en este debate presupuestal de ser un san Sebastián lanceado con solicitudes de más y más gasto sectorial por todo lado. Pero sin capacidad de respuesta. Los márgenes para hacer un ajuste profundo en el gasto como amerita la calamitosa situación recibida son inexistentes.
¿Qué hacer entonces?
Una primera medida sería elevar fuertemente los impuestos para, con su recaudo, atender los nuevos gastos que están apareciendo. Buena parte de los cuales (incluido el servicio de la deuda en el año entrante) la administración Petro había escondido debajo del tapete. El Gobierno, sin embargo, rehúsa esta posibilidad. Considera con buen juicio que no es el momento para elevar la tributación en Colombia.
La otra posibilidad sería reducir gastos superfluos para atender con esta economía los prioritarios. De hecho, el Gobierno ha anunciado un recorte del 1 por ciento del PIB en el presupuesto de 2026. Lo que correspondería a cerca de 21 billones de pesos. Para abrirle así espacio presupuestal a gastos prioritarios, como los de la UCI para la salud y para medio ponerse al día en el pago de los subsidios eléctricos.
Hasta el momento, este repetido propósito de recortar cerca de un punto del PIB en el 2026 en gastos de funcionamiento no ha podido pasar de ser anuncios. Se comprende la dificultad política para implementar de esta medida. Pero no es menos cierto que se requiere apremiantemente para darle seriedad al ajuste fiscal del país. Para el 2027, el Gobierno ha anunciado también un ajuste de cerca de dos puntos del PIB, que representan cerca de 40 billones de pesos, en una gran ley que reformaría toda la estructura del gasto público. Esta ley está también en construcción al momento.
Así las cosas, va quedando solamente el aumento del endeudamiento como camino para financiar las necesidades inmediatas del gasto que el Gobierno Petro había escondido. O que las nuevas afugias como el terremoto han puesto sobre la mesa.
POSDATA. Ganó el Gobierno el primer round presupuestal al lograr que las comisiones económicas aprobaran un ‘monto’ del presupuesto para la vigencia del año entrante por 635 billones de pesos. Ahora sigue el segundo round, mucho más difícil: ¿cómo se financiarán los 60 billones que son el desequilibrio de la vigencia del 2027? Este segundo round tiene como plazo hasta la medianoche del 20 de octubre para definirse: ¿Con más deuda? ¿Con más impuestos? ¿Con menor gasto? ¿O con una mezcla de los tres anteriores?
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