Es entendible que el fin oficial de la Paz Total genere el aplauso de una buena parte de colombianos, incluido el de muchos que no votaron por Abelardo de la Espriella, pues es bien conocido el fracaso de esa política para reducir la violencia que padece el país por cuenta de las organizaciones criminales. Sin embargo, cabe preguntarse si la apuesta del presidente por la fuerza militar para combatir a los grupos armados ilegales producirá la seguridad que está demandando el país y sobre la cual ha sembrado tantas expectativas.
“La paz en la que cree este Gobierno es la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, ha dicho De la Espriella.
Pero una cosa es entusiasmar a la población con el discurso de mano dura ante el hartazgo generalizado con la Paz Total, y otra, mucho más desafiante e incierta, es lograr que esa política de seguridad se traduzca, efectivamente, en una reducción de la violencia que genera el crimen organizado.
Hasta ahora, lo que hemos visto es que, al tiempo que el Gobierno ha intensificado las operaciones ofensivas, las organizaciones criminales han arreciado sus atentados con drones y explosivos contra la fuerza pública.
Solo el día de la posesión presidencial, el Ministerio de Defensa reportó ocho ataques. Y desde entonces se han registrado atentados —con víctimas militares, policiales y civiles— en el Cauca, Huila, Bolívar, Cesar y Norte de Santander.
La explosión de un carro bomba el pasado 31 de agosto junto a la estación de Policía de Los Patios (Norte de Santander), atribuida al ELN, dejó un civil muerto y provocó heridas a varios más. Y un ataque de disidencias de las FARC con explosivos lanzados desde drones contra tropas del Ejército en Cajibío (Cauca) dejó con heridas graves a un civil.
Esa es la cuestión. ¿Podrá De la Espriella garantizar la seguridad de los colombianos en medio de los ataques desproporcionados e indiscriminados con los cuales responde el crimen organizado a la acción de las Fuerzas Armadas?
¿Los bombardeos, las capturas, y demás ingredientes ofensivos de la nueva política de seguridad serán suficientes para desmantelar y debilitar con el tiempo a los grupos armados ilegales, hasta el punto de acabar la violencia que siguen padeciendo amplios sectores del país, especialmente rurales?
En últimas, es válido preguntarse cuál es la novedad en la política de seguridad ofensiva de De la Espriella, porque la de Iván Duque fue esa y durante su Gobierno comenzó el crecimiento de las bandas criminales, que luego se consolidó durante la Paz Total de Petro, hasta llegar a la cifra que tenemos hoy, de cerca de 29.000 personas en las agrupaciones ilegales, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El Gobierno comunica detalladamente las bajas, capturas y golpes contra los delincuentes, pero no hace lo mismo sobre las víctimas civiles en medio de la ofensiva del Estado y la respuesta de las disidencias y demás bandas. Es parte de su estrategia propagandística. Es más que obvio que De la Espriella es un presidente afecto a las puestas en escena y a las narrativas comunicacionales efectistas.
Tanto, que él mismo ha sido un apasionado comunicador de los operativos contra las bandas criminales. Incluso ha sido cruel y grotesco, como cuando caminó por entre 23 bolsas con cadáveres de supuestos integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ dados de baja en Miraflores (Guaviare).
Gracias a ese entusiasmo por informar sobre los golpes sabemos, por ejemplo, que durante su primer mes de mandato hubo tres bombardeos y que alias Bendito Menor —que delinquía en La Guajira— hace parte de cuatro “importantes” cabecillas dados de baja.
Contrasta el bombo que se hace de los resultados oficiales, con el bajo perfil que han tenido los daños que han sufrido los ciudadanos en varios de los ataques. Un patrón que, desafortunadamente, se ha repetido en los medios de comunicación tradicionales.
Es conocido que al crimen —categoría en la que no solo entran las disidencias de las FARC y las bandas, sino también el ELN— no le importa matar colombianos inocentes cuando se trata de desafiar al Estado. Y si el daño a los civiles aumenta, el aplauso de los colombianos a la priorización de la fuerza puede acabar.
Lo que quiere el país es vivir en paz y tranquilidad. Y, en ese sentido, cabe preguntarse si sepultar el diálogo para el sometimiento a la justicia de 99 integrantes de la disidencia identificada como Comandos de Frontera —que estaban ya concentrados en el Putumayo para iniciar su reincorporación— se traducirá en más inseguridad para los habitantes de esa zona del país, pues daban por hecho que se habían quitado de encima, al menos, la violencia de un centenar de armados.
Al final, no se trata solo de dar un viraje frente a la fallida política de Paz Total, sino de demostrar que usar toda la fuerza del Estado contra los delincuentes les devolverá a los colombianos la seguridad que están esperando. Y es sobre esta promesa que gravitan muchas dudas.
NOTA: No hay que pasar por alto la muerte de seis menores de edad —identificados como tales por Medicina Legal— en las operaciones militares, lo que llevó a un juez a prohibir los bombardeos contra sitios en los que exista la posibilidad de presencia de menores. La experiencia muestra que las políticas de mano dura contra el crimen tienen como efecto colateral la violación de derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad. También muestra que, tarde o temprano, la mayoría de los gobernantes responsables de estos delitos acaban siendo investigados por la justicia.
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