El 23 de agosto escribí una columna titulada ‘El regreso de la fumigación aérea’. Contaba que el entonces candidato Abelardo de la Espriella había prometido en campaña regresar a la fumigación contra cultivos de uso ilícito, promesa que luego ratificaría en su posesión, y que desde la primera semana de gobierno el Consejo Nacional de Estupefacientes avanzaba en un plan piloto para probar la sustancia glufosinato de amonio, un herbicida que, según la clasificación citada de la OMS, tiene una categoría de peligrosidad aguda mayor que el glifosato. Las pruebas serían con aeronaves tripuladas y en cualquier caso requerirían conceptos y autorizaciones del Instituto Nacional de Salud (INS), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el ICA y la Aerocivil.
Ese herbicida, añadía en la columna, fue restringido por la Unión Europea desde 2013 después de concluir que no podía descartarse un alto riesgo para mamíferos y artrópodos no objetivo. No solo eso, narraba que el glufosinato había sido probado por la Policía en un plan piloto, en 2016, en el Huila, Nariño, y San Luis, Tolima, justo después de suspenderse las fumigaciones con glifosato. Una de las personas que más conoció ese proceso es el ingeniero agrónomo Miguel Tunjano, especialista en planeación ambiental y políticas públicas y, por si fuera poco, coronel retirado de la Policía con experiencia en la lucha contra el narcotráfico. El coronel participó en 2016 en esa evaluación de alternativas al glifosato, junto con representantes de la embajada de Estados Unidos, el ICA, el Ministerio de Ambiente y la Policía.
Hace unas horas hablé con él, y le pregunté por su experiencia con el producto glufosinato de amonio y su opinión profesional sobre el plan piloto que el Gobierno comenzará en los próximos días. Según Tunjano, que habla con la propiedad de quien domina el tema, las pruebas determinaron que para controlar la planta de coca se requerían dosis cercanas a ocho litros por hectárea, el glifosato se usaba en una proporción de diez litros por hectárea. El problema, me explicó luego, “es que se trata de un herbicida de contacto y no sistémico: no elimina la planta desde la raíz y obligaría a repetir la aspersión aproximadamente cada cuatro meses, mientras que el glifosato puede hacerse cada año”.
El coronel Tunjano asegura que en ese entonces no se recomendó avanzar con el plan de manejo ambiental, entre otras razones por las restricciones que enfrentaba el producto en Europa, y advierte, lo que está efectivamente soportado en la evidencia, que el glufosinato presenta mayores riesgos para la salud que el glifosato. Tunjano, para que quede claro, no descarta la aspersión aérea como parte de una estrategia más amplia contra los cultivos ilícitos, pero insiste en que su uso requeriría un plan de manejo ambiental y recuerda otra enorme dificultad: según sus cálculos, inicialmente solo podría utilizarse sobre cerca del 30 por ciento de los cultivos de coca del país, pues el resto estaría en zonas con restricciones ambientales o sujetas a consultas previas con más de 130 comunidades. Un proceso que sería, si no imposible, muy largo. Podrían pasar los cuatro años sin que se lograra, experiencia que ya vivió el Gobierno de Iván Duque.
Si en Colombia, según las cifras que conocemos, hay alrededor de 261.000 hectáreas de coca. Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz y ex director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, también cree que el Gobierno De la Espriella escogió “la ruta más absurda, larga y difícilmente exitosa” para revivir la aspersión aérea, porque está apostando por una molécula como el glufosinato cuando los estudios, procedimientos y avances regulatorios existentes se hicieron alrededor del glifosato. Recuerda, igual que el coronel Tunjano, que en 2021 uno de los principales obstáculos fue que no se cumplieron los niveles de participación exigidos para el Plan de Manejo Ambiental.
Flórez plantea una pregunta todavía más importante: aun si el Gobierno logra superar todos los obstáculos, ¿dónde va a fumigar? Según sus cálculos, al cruzar las restricciones legales, jurisprudenciales y operativas, la aspersión podría aplicarse apenas sobre unas 30.000 hectáreas, que seguramente terminarán desplazándose hacia zonas protegidas. Ojo, Flórez no propone renunciar a la aspersión: argumenta que puede ser una herramienta útil combinada con otras y adaptada a cada territorio, pero que el glufosinato es menos efectivo, y más peligroso, que el glifosato. Todo parece indicar que el Gobierno solo quiere la foto con el regreso de la fumigación aérea. Así no sirva para nada.
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