A pesar de los esfuerzos del Gobierno que busca iniciar su administración corriendo y creando confianza en su liderazgo, la situación fiscal continúa siendo muy crítica y no es claro que se logre manejar sin un recorte muy grande de los gastos de funcionamiento y el empleo oficial. Tampoco se sabe cómo reaccionarán los mercados a la solicitud que ha hecho el Gobierno para aumentar su endeudamiento externo y cómo va a aumentar su endeudamiento local. También se ha comprometido a no subir impuestos y a suprimir el impuesto al patrimonio o a la riqueza.
Este último propósito no parece ser viable porque el Gobierno enfrenta una situación de carencia de fuentes de financiación y tendrá que usar todos los conocimientos disponibles, todas las fuentes y mucha imaginación para tratar de salir airoso de la coyuntura en la que se encuentra. Y la ciudadanía también le hace frente a una situación extraña en la que un Gobierno que no ha sido el responsable de una crisis fiscal es el que tiene que enfrentarla y sacar al país de una encrucijada que ofrece complejas dificultades y pocas opciones de mitigar las graves consecuencias de haber llegado al punto en el que nos hallamos.
Quizás ayude a entender el problema y sus posibles soluciones si uno pregunta cuáles son las alternativas y qué escenarios futuros son posibles con las limitaciones que existen.
Se ha dicho, por ejemplo, que una de las alternativas es aumentar la inversión privada recreando las condiciones favorables que han existido en el pasado. También se habla de la necesidad de aumentar el crecimiento económico porque si crece el PIB se disminuyen los efectos negativos de déficits que inducen sobresaltos y riesgos de mayor turbulencia.
Sin embargo, el problema es que las condiciones que prevalecen no son aptas para atraer inversión. En comparación con 2022, al terminar el Gobierno de Duque, hoy se necesita 37 por ciento más inversión para subir el PIB en un punto porcentual.
Otra recomendación es incrementar las exportaciones. Pero tampoco va a funcionar, porque las exportaciones están sufriendo con la devaluación. Floricultores experimentados y tradicionalmente exitosos están aterrados porque si el peso sigue revaluándose frente al dólar de Estados Unidos y al euro, van a dejar de ser viables en pocos meses, y tendrán que despedir una buena parte de su planta de personal. Se trata de más de 200.000 empleados formales, el 60 por ciento de los cuales son mujeres, muchas de ellas cabezas de hogar.
Hay una salida que puede contribuir a generar recursos para pagar deuda y/o detener la posible caída de importaciones estratégicas que son parte de la cadena de abastecimiento de los sectores productivos, insumos como abonos o maquinaria, tecnología y asesoría especializada, por ejemplo. Se trata del anuncio que ha hecho la ministra de Minas. Ella informa que va a promover la inversión en la producción de petróleo, carbón y —me imagino— gas natural, cuyos precios se han disparado y nos podrían sacar del apuro. Lo triste es que si tomamos exclusivamente ese camino corremos el riesgo de que nos suceda lo que comenzó a pasar al final del siglo XX: el aumento de las exportaciones de energéticos creó una situación parecida al ‘mal holandés’, que consiste en que las exportaciones energéticas, que son las más viables y las que posiblemente podrían contribuir más pronto a generar ingresos fiscales, también causarán presiones de revaluación del peso. Y la revaluación podría sacar de los mercados externos a otras exportaciones colombianas que tendrían éxito si el peso no estuviera sobrevalorado.
Una de las razones por las cuales esto sucede, es que el sistema de protección no arancelaria que se erigió sigilosamente contra la apertura de los noventa ofrece hoy un inexplicable nivel de sobreprotección que destruye las oportunidades de exportar otros productos, incluyendo a los que tienen ventajas comparativas naturales, como las flores. Son Medidas No Arancelarias (MNA) que retrasan, dificultan y hasta impiden importar.
Este tipo de protección al comercio internacional es equivalente a más del 100 por ciento del valor de las importaciones que reciben esa protección, y es plata que el Gobierno deja de recaudar (ver mi artículo de hace dos semanas en este medio).
Si el mismo nivel de protección se ofreciera con aranceles se cobrarían recursos que podrían contribuir a aliviar la situación fiscal por lo menos en algo más de un punto del PIB (en Colombia solo pagan arancel alrededor del 25 o 30 por ciento de los bienes que se importan) y mitigaría el efecto de ‘mal holandés’ que podría causar el aumento de exportaciones de petróleo, el carbón y el gas.
Permitir que un esquema de alta protección al comercio internacional conviva con una bonanza petrolera puede crear condiciones muy negativas para la producción nacional y debilitar su competitividad. Esta es una razón que se podría agregar para afirmar que no tiene sentido mantener un sistema de protección tan alta para productos a los que se les otorga dicha protección “a la medida”. Esto debería dar lugar a reformar las políticas de protección al comercio internacional.
(Continua)
Lea los comentarios
