Desde 1994, incluso antes de que terminara el Gobierno de Gaviria, los gremios económicos, con apoyo de funcionarios públicos, comenzaron a socavar la estructura de protección basada en aranceles. Esta ya venía modernizándose antes de ese Gobierno, pero tuvo una transformación radical entre 1990 y 1994. En ese período se eliminaron la mayoría de las prohibiciones a la importación, desapareció la licencia previa y se redujeron el arancel promedio y la dispersión de las tarifas arancelarias. Todo esto se hizo públicamente, pese a la fuerte oposición de la burocracia oficial encargada del régimen de protección al comercio internacional, de políticos liberales dentro y fuera del Gobierno, y una parte importante de la opinión pública aún hoy sostiene que la apertura destruyó el aparato productivo industrial y agrícola.
Esta narrativa, en gran medida incorrecta y exagerada, se originó en los sectores menos productivos y más vulnerables a la liberalización del comercio.
Varios economistas entre los que se destacan Jorge García García y su equipo, y Juan José Echavarría con el suyo, trabajando como investigadores en el Banco de la República, han concluido que las políticas que en su conjunto se conocen como ‘la Apertura’ si tuvieron efecto en los primeros años del periodo presidencial, después de haber llegado la protección al sector productivo a su nivel más alto.
Al final del periodo de Gaviria empezó a perder fuerza el ímpetu aperturista y fue necesario echar para atrás moderadamente por razones electorales, creo yo. Algunos sectores, sobre todo agropecuarios, obtuvieron mayores niveles de protección. Pero en términos generales, la protección —medida por índices de protección del comercio internacional— continuó siendo inferior a la histórica sobre todo en comparación con la que se recibió en 1990 del anterior Gobierno.
Infortunadamente, este retroceso no se hizo de manera abierta mediante aumentos de aranceles, sino con la imposición discreta de barreras no arancelarias a las importaciones. Esta práctica continuó durante los gobiernos de Samper y Pastrana, con pleno conocimiento de los ministerios de Comercio Exterior y de Agricultura, y con la complicidad de funcionarios de la burocracia andina.
Nos sorprendieron años más tarde con el anuncio de que Colombia es uno de los países más protegidos del mundo y que ‘la Apertura’ se desmontó prácticamente a escondidas con Medidas No Arancelarias (MNA). Jorge García García revela en una presentación basada en sus estudios con el Banco de la Republica que el arancel equivalente que daría el mismo nivel de protección que se deriva de las MNA ha sido superior a 100 por ciento del valor de los bienes importados desde 1995!! (Comercio exterior en Colombia política, instituciones. Costos, y resultados. Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena. Junio 2020)
Son sumas considerables que se han dejado sobre las mesas de negociación con los gremios, probablemente en beneficio de sus afiliados. Al mismo tiempo, el Gobierno dejó de recaudar los recursos que habría obtenido con un régimen de protección basado en aranceles capaz de ofrecer un nivel equivalente de protección. En promedio, el valor de ese arancel equivalente habría superado cada año el de las importaciones afectadas.
Durante los últimos diez años, las importaciones colombianas han oscilado anualmente entre el 20 por ciento y el 22 por ciento del PIB. No creo que la cifra revelada por García García se refiera a la totalidad de las importaciones, pero podría estar en un rango del 0,4 por ciento al 1 por ciento del PIB, una magnitud comparable a lo que permitirían recaudar una o dos reformas tributarias y que podría ayudar a reducir el déficit cercano al 10 por ciento del PIB que enfrentamos por cuenta de Petro y del terremoto y al que el Gobierno le va a aplicar recortes del orden del 1 por ciento que quizás no contribuyan plenamente a manejar la crisis.
Valdría la pena que los que son expertos en los temas de protección, de finanzas públicas y de comercio fueran contratados o asignados por el Gobierno y el Banco de la Republica a analizar el tema y estimar si es conveniente rebajar las MNA y reemplazarlas por un arancel que otorgue el mismo nivel de protección que se rebaja.
En una conversación telefónica le pregunté a Jorge García si sería posible sustituir parcialmente las MNA, reducirlas y compensar esa rebaja con un aumento del arancel equivalente o con una sobretasa de emergencia a las importaciones. Respondió que, en su opinión, podría ser viable, aunque no podía asegurarlo. Esa es una pregunta que deberán resolver los expertos designados para analizar el tema.
Debo advertir que elevar en un cien por ciento los aranceles es algo que yo no recomendaría, y me sorprende que la economía se ha comportado más o menos bien a pesar de la sobreprotección que brindan las MNA. Ellas, a pesar de tener un efecto fiscal importante, no han sido discutidas ni aprobadas por el Congreso. Pero debe haber un nivel de ajuste temporal si se rebajan y reemplazan las MNA durante los próximos seis años para financiar exclusivamente reconstrucción y para generar crecimiento adicional incluyente.
Después veremos cómo rebajar las MNA a un nivel de protección que no afecte el desarrollo de nuevas exportaciones y con ello el crecimiento de la economía, también indispensable para reducir el déficit como porcentaje del PIB.
Lea los comentarios
