El presidente Abelardo de la Espriella anuncia el regreso de las fumigaciones y detalla que lo hará con “nuevo y novedoso” herbicida. El anuncio contiene al menos tres mensajes soterrados. Por un lado, que su intención de desmontar el Acuerdo de Paz —que incluyó la suspensión de las fumigaciones— va en serio. Por el otro, que se valdrá de cualquier leguleyada —en este caso cambiar de herbicida— para burlar las decisiones de la Corte Constitucional y las exigencias en esta materia. Y tercero, que en su gobierno los intereses de Estados Unidos prevalecerán sobre los nacionales.
Puede ser que el producto con el que pretenden fumigar sea una novedad en el mercado, pero también es cierto que el método de aproximación al debate lo llevan utilizando 30 años. La historia de las fumigaciones en Colombia tuvo un preámbulo a finales del Gobierno de Belisario Betancur, en plena bonanza marimbera. En esos tiempos, representantes del Gobierno de los Estados Unidos propusieron adelantar un plan piloto de fumigación en la Sierra Nevada de Santa Marta y trajeron un producto del cual nunca se supo nada. Lo dispersó la Policía desde un helicóptero y la zona elegida fue la parte alta de la cuenca del río Frío, al noroccidente de la sierra. Allí, donde cayó el desconocido veneno, nunca volvió a crecer nada. Nada distinto a unos pajonales amarillentos que siguen siendo testigos de la “lucha contra las drogas” en su estado primitivo.
El segundo momento de las fumigaciones se produjo durante el Gobierno de César Gaviria, justo en la transición entre la Constitución de 1886 y la de 1991, y del Inderena al Ministerio de Ambiente y las autoridades ambientales que hoy conocemos. Por esa época, los carteles de Cali y Medellín habían incentivado la siembra de coca en Colombia y trasladaron al país toda la cadena de producción de la cocaína. Los procesos de erradicación forzada iban más lentos que la siembra, por lo que Gaviria, de la mano del Gobierno gringo, autorizó la fumigación con glifosato. Lo empezaron a lanzar sin mayores estudios ni precauciones, en un tiempo en el que no había licencias ambientales.
El glifosato se dispersó a la topa tolondra pero el foco de la guerra contra las drogas estaba puesto en la persecución a Pablo Escobar y los extraditables. Con la muerte de Escobar y la llegada de Ernesto Samper a la Presidencia, en medio del escándalo por la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña, la presión de Estados Unidos para que se desarrollara la política antidrogas como ellos decían fue aplastante, y terminó con la descertificación de Colombia y el arrinconamiento de Samper, que fue obligado a continuar las aspersiones.
En el Gobierno de Pastrana, y con el Plan Colombia a bordo, los gringos mantuvieron el dedo en el renglón con las fumigaciones. Pero cuando se avanzaba en el tercer año de mandato y ante la evidencia de que los cultivos no disminuían, el Gobierno norteamericano puso sobre la mesa una propuesta “novedosa” y audaz: aumentar las concentraciones de glifosato, incluir nuevos componentes y redoblar las aspersiones. Y fue justo ese momento que resulta similar al que vivimos hoy. Con el argumento de que las fumigaciones estaban surtiendo poco efecto, la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas hace una propuesta inesperada: además de fumigar con una dosis mayor de glifosato pidieron introducir un hongo, un tipo de Fusarium Oxysporum.
El Gobierno colombiano recibió la propuesta con reservas y le sacó el cuerpo. Pero entonces vino un método de presión que tuvo varias fases. Como el primer llamado para incorporar el nuevo producto sin reparos no fue afirmativo, se produjo el segundo acto de persuasión, mediante la embajada de Estados Unidos en Colombia, que explicó que las fumigaciones estaban siendo muy costosas, que solo eran efectivas en el 30 por ciento de los cultivos, por lo que se requería el aumento de la dosis de glifosato con “nuevos componentes”. El Gobierno contestó que se requería una certificación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y un concepto del Ministerio de Salud. La respuesta fue vista como un desafío.
Entonces empezó la tercera fase de presión. De urgencia se convocó a los funcionarios colombianos a reuniones del más alto nivel en Washington. Las reuniones fueron, primero, con el Departamento de Agricultura, y, después, con congresistas en el Capitolio. Para ese momento, el Gobierno ya conocía que el hongo del que hablaban era transgénico y podría llegar a tener serias consecuencias para los ecosistemas del país. Los encuentros en Estados Unidos dejaron en claro dos cosas: lo del hongo no era una sugerencia; y, dos, que detrás de la novedosa propuesta había una partida de 60 millones de dólares y un laboratorio privado en Montana (Estados Unidos) que lo estaba produciendo y necesitaba un lugar para las pruebas piloto.
La idea del hongo y las nuevas concentraciones de glifosato tuvieron intensos debates en el Congreso, y como el Ministerio de Ambiente se negaba a autorizar la introducción del Fusarium y las nuevas concentraciones de glifosato en fumigaciones, buscaron apoyo en otro lado. Inesperadamente, el ICA (encargado de la certificación de este tipo de productos) emitió un concepto según el cual las nuevas mezclas no representaban riesgos tóxicos, pero nunca mostró los estudios que soportaban la afirmación. Al final, la autorización del aumento de las fumigaciones con glifosato y la introducción del hongo no llegó en la era Pastrana.
En 2002, ya con Uribe presidente, se autorizó la nueva mezcla en las fumigaciones. Del Fusarium que se tenía planeado usar en el Putumayo no se volvió a saber nada, y nunca se supo si lo utilizaron o no en Colombia. Lo que sí se sabe es que se usó en Perú con nefastas consecuencias para quienes fueron expuestos al hongo. También hay algunos ambientalistas malpensados que aseguran que el Fusarium se usó y es el responsable de la enfermedad de la pudrición del cogollo que ataca a la palma africana.
Con Uribe y sus dos mandatos, la guerra contra las drogas siguió su curso y fue con Santos, después de la firma del Acuerdo de Paz, que se suspendieron las fumigaciones aéreas; de paso, la Corte Constitucional estableció unos requisitos y parámetros para el uso del glifosato. Duque trató de burlarlas, pero no tuvo éxito, y ahora Abelardo cree que por cambiar el herbicida podrá saltarse olímpicamente la jurisprudencia constitucional. Con un agravante: han pasado 30 años de esta historia; los cultivos de coca antes que retroceder se han multiplicado; los fabricantes de los herbicidas se han hecho inmensamente ricos; nuestros suelos, indígenas y campesinos cada vez más pobres; y poco o nada se supo del Fusarium y su uso. Ahora llegan con una nueva solución, pero la historia demuestra que detrás de una novedosa “propuesta” en este campo, siempre hay un empresario trasnacional frotándose las manos.
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