El martes, el ministro de Justicia, Iván Cancino, anticipó que el Gobierno prepara una ley de sometimiento para las estructuras armadas ilegales. Aclaró que no se entenderá como una negociación, sino como una oferta del Estado: los grupos podrán acogerse o no a unas condiciones previamente establecidas que incluirán, por ejemplo, que no habrá excarcelaciones ni reconocimiento político de ningún tipo. “El trato diferenciado no podrá traducirse en impunidad”, dijo Cancino.
El Gobierno acompañará esta política con una ofensiva contra las economías que financian a esas organizaciones —minería y cultivos ilícitos, contrabando y lavado de activos, ojalá sobre todo el lavado de activos— y estudia catalogar a varias de ellas como grupos terroristas. Cancino también mencionó el respeto a las decisiones de la Corte Constitucional y los compromisos con las víctimas y la JEP, y no descartó posibles reformas a esa jurisdicción. De hecho, ya hay un proyecto presentado por el senador Enrique Gómez con una intención clara: ahogarla financieramente mediante el recorte de 100.000 millones de pesos en recursos.
Puedo anticipar algunos puntos que traerá ese proyecto de sometimiento, que tendrá que pasar por el Congreso antes de convertirse en una realidad jurídica. Lo primero es que el Código Penal no es suficiente. Explico: una persona vinculada a un grupo ilegal y responsable de 20 homicidios tendría que pagar, según el Código Penal, treinta o más años de cárcel. En esas condiciones, ninguno de los máximos responsables se desmovilizaría. O sería improbable.
Algunos podrán someterse al Código Penal, pero a otros les irá mejor con la ley de sometimiento, que hay que actualizar porque vence el 4 de noviembre. El Gobierno considera necesario tener una nueva versión para no quedarse sin piso jurídico. Pongamos un ejemplo práctico: una persona responsable de múltiples homicidios, si se somete, podría recibir hasta el 60 por ciento de rebaja de la pena, sin que esta pueda ser inferior a ocho años de cárcel. Así, frente a una condena de 60 años, podría terminar pagando 24.
Ahora, ¿esto es atractivo para los grupos criminales y los grupos armados organizados? Depende. Después de varias conversaciones con distintas fuentes, esto es lo que encontré: una oferta de sometimiento pura y simple no resuelve el conflicto, porque solo seduciría a bandas urbanas cuyo menú típico —concierto agravado, lavado, enriquecimiento ilícito y extorsión— ya obtiene hasta el 50 por ciento de rebaja mediante preacuerdos de la Ley 906. Para ellas, “someterse” es un descuento que el sistema ya vende por otra ventanilla.
En cambio, el ELN, las disidencias y el EGC, es decir, el Ejército Gaitanista, no se mueven con ese tarifario porque sus hechos cruzan el Derecho Internacional Humanitario. La Ley 1908 de 2018 —que llegó a ofrecer rebajas de hasta el 50 por ciento, y del 30 por ciento en crímenes atroces— lo demostró al no producir sometimientos colectivos: el preacuerdo individual era más barato y previsible.
Y aquí aparece una pregunta clave: para los delitos atroces, cuando obtengan el 60 por ciento de reducción, ¿mantendrán también las redenciones de pena por trabajo, estudio y trabajo social? Si la respuesta del Gobierno es no, seguramente será difícil conseguir que algunos de los máximos responsables se sometan de manera individual. Vamos ahora a lo que, anticipo, será el tema más complejo de todos: los bienes, la plata, el billete. El proyecto que presentó el Gobierno Petro, firmado por el desprestigiado Luis Eduardo Montealegre, hablaba del 12 por ciento así: “la posibilidad de conservar hasta un 12 por ciento de los bienes entregados, a título individual, previa autorización judicial y dentro del marco de los procedimientos establecidos por la ley”. Mi sospecha informada es que el Gobierno de Abelardo de la Espriella no quiere dejar ni el 12 por ciento, ni el 5 por ciento, ni el 1 por ciento.
El contraargumento es que resulta necesario dejarles un porcentaje de los bienes porque de algo tienen que vivir y, si no se les deja ese “algo”, la necesidad puede llevarlos a rearmarse. De hecho, puedo confirmar que el EGC tiene una propuesta en materia de bienes: quienes se acojan y entreguen la totalidad del patrimonio vinculado a actividades ilícitas —incluidos bienes a nombre de terceros, empresas, dinero o criptoactivos— podrían quedarse con el 20 por ciento del valor neto de esos bienes, una vez saneados y monetizados, para su reincorporación y sostenimiento. El 80 por ciento restante iría al Fondo Nacional de Reparación Integral a las Víctimas. El Estado, además, mantendría la facultad de perseguir cualquier patrimonio oculto.
Esta discusión apenas comienza, pero será clave para el Gobierno por dos razones demostrativas: probar que la nueva estrategia —que en realidad no es nueva; el garrote fue, por ejemplo, la estrategia de Uribe— funcionará mejor que la fallida Paz Total, incluso en materia de desmovilización y entrega, y que, además, mejorará la seguridad de los colombianos.
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