Error, delito y poder

Como muchas cosas de la vida, hay entrevistas que uno termina de entender muchos años después de haberlas hecho.

Me ocurrió hace unos días viendo el documental de HBO sobre el ‘proceso 8.000’. Avancé por sus cuatro capítulos como en un largo tobogán de recuerdos y sensaciones. De repente apareció Fernando Botero Zea y aparecí yo, sentado frente a él en México, haciéndole preguntas sobre uno de los episodios más traumáticos de nuestra historia política reciente.

Era febrero de 2007. Botero llevaba 11 años sin conceder una entrevista de televisión en Colombia. Había sido gerente de la campaña presidencial de Ernesto Samper, su ministro de Defensa y protagonista central del ‘proceso 8.000’. Había pasado por la cárcel, abandonado el país y comenzado otra vida.

Recordé aquella tarde y sus revelaciones, algunas estremecedoras. Pero, sobre todo, volvió una sensación que me produjo entonces y que hoy me impresiona todavía más: estaba frente a un hombre que había tenido muchísimo poder y que estaba decidido a recoger del piso los destrozos causados por sus decisiones.

Al iniciar la conversación le pregunté por la verdad, como concepto. Como lo que todos los colombianos queríamos y necesitábamos saber. Y el primer paso fue impactante porque Botero comenzó por corregir a Botero.

Dijo que en su famosa entrevista con Yamid Amat, en enero de 1996, había fallado. Que le faltó valor para asumir plenamente la responsabilidad de sus actos. Recordó que había tenido miedo. Dejar pasar de largo su propia responsabilidad fue uno de los motivos que permitieron que Ernesto Samper se mantuviera en la presidencia, cuando estaba a punto de caer.

La conversación se hizo más personal, más profunda, cuando le pregunté cómo un hombre con su educación, su familia y todas las oportunidades que había tenido había terminado traicionando los principios con los que había crecido. Habló de una “ambición ciega”, del “apego al poder”, de una “obsesión por el poder”. Y utilizó finalmente una palabra particularmente dura para hablar de sí mismo: “vergüenza”.

Eso fue lo que más me impresionó. Botero no estaba pidiendo absolución y su versión tampoco pretendía convertirse, por el solo hecho de contarla frente a una cámara, en la verdad definitiva sobre el ‘proceso 8.000’.  Claramente ese no era su propósito. Hizo acusaciones muy delicadas contra otras personas. Pero esos señalamientos no eran la intención fundamental de su declaración. El centro de todo era él mismo: cuando se refería a sus propias decisiones pasaba algo diferente;  y  se detenía para explicar de muchas formas cómo alguien llega a cruzar una línea que sabe que no debería cruzar. Era una declaración pública, pero al mismo tiempo una reflexión definitiva sobre sí mismo.

Su relato de ese momento era impresionante. Entre la primera y la segunda vuelta presidencial de 1994, según contó, salió de la sede de la campaña en un automóvil con Ernesto Samper. Iban hacia un almuerzo para recaudar fondos cuando, según su versión, Samper le dijo: “Oye Fer, va a tocar aceptar el dinero de esa gente”. “Esa gente”, explicó Botero, era la expresión con la que ambos se referían al cartel de Cali.

Le hice entonces una pregunta elemental: ¿por qué no lo rechazó? No buscó una excusa. Dijo que había entendido exactamente lo que iba a pasar, que lo había aceptado y que no había hecho nada para impedirlo. “A partir de ese momento ya empecé a operar dentro de esa línea”.

Quizás allí  aparece una de las manifestaciones más inquietantes sobre el efecto del poder en las personas. Los grandes derrumbes éticos casi nunca comiezan con personas que desconocen la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Empiezan casi siempre con aquellas que saben perfectamente que algo está mal, pero encuentran una razón suficientemente importante para hacerlo de todas maneras: salvar una campaña, ganar una elección, preservar un gobierno, evitar que lleguen “los otros”. O lograr un cargo, ejercer el poder, sobresalir.

Una vez cruzada la primera línea, viene la siguiente. Y así sucesivamente. Botero contó que cuando conoció los ‘narcocasetes’ comprendió la dimensión del desastre: “literalmente se me acabó la vida”. Poco después, según su relato, durante una reunión en casa de Santiago Medina, los de su círculo le dijeron: “Mierda, nos agarraron”.

Y comenzó otra etapa. Ya no se trataba simplemente de haber tomado una mala decisión, sino de sobrevivir a sus consecuencias. Botero contó que la estrategia de la que hizo parte fue “echar a Medina a los lobos”: aislar al tesorero de la campaña para que, si las irregularidades salían a la luz, aparecieran como responsabilidad suya y no de quienes estaban por encima.

Ese mecanismo ingenuo de desviar la primera piedra del derrumbe tampoco ha envejecido.

Pensé en eso esta semana escuchando a Juliana Guerrero, la joven protegida de Petro.

Guerrero acaba de recibir una condena por fraude procesal después de admitir ante la justicia las acciones de engaño relacionadas con sus títulos académicos. Pidió perdón, y habló de un error. Después anunció que regresará a la vida pública. Eso sí, no pagará un día de cárcel.

Está claro que no son comparables el ‘proceso 8.000’ con una falsificación de diplomas. Evidentemente no lo son. Tampoco porque —aunque hay serios indicios—  no existe evidencia que permita atribuirle por ahora  al presidente Petro responsabilidad por acción u omisión en los hechos por los que Guerrero fue condenada.

La comparación es diferente. Cuando Botero habló conmigo, 11 años después del ‘proceso 8.000’, no se limitó a decir que se había equivocado. Reconstruyó la cadena de decisiones. Explicó qué había hecho él y por qué lo había hecho. Señaló hacia arriba y hacia abajo. Según su versión, Samper tomó la decisión inicial; él aceptó operar dentro de esa línea y, cuando todo comenzó a derrumbarse, participó en la estrategia de “echar a Medina a los lobos”. Acusó a otros, sí. Pero no utilizó esas acusaciones para absolverse a sí mismo.

Sentada en un sillón, descalza —con una camándula entre los dedos— y con asistentes que le pasan su Ipad, Juliana Guerrero ha reconocido su conducta. Pero en la explicación que ha dado no aparece por ningún lado el poder político que la rodeó, la impulsó y terminó llevándola hasta las puertas de un ministerio. Ni mucho menos  los detalles de cómo operó. Como si no hubiera existido, como si no fuera parte fundamental de la cadena de abusos que debe quedar expuesta después de un proceso como este.

No aparecen ni el presidente Petro ni Benedetti, sus mentores, quienes la protegieron y la defendieron en público frente a las denuncias, las advertencias de los propios funcionarios del Gobierno y las evidencias publicadas por la prensa.

Eso no demuestra responsabilidad jurídica del presidente. Pero sí deja cojeando la historia y poniendo la lupa sobre la responsabilidad política del jefe de Estado. ¿Cómo llegó Guerrero hasta allí? ¿Quiénes la promovieron? ¿Cómo funcionó el sistema de poder que convirtió en pocos años a una joven dirigente regional en candidata a ocupar uno de los cargos más importantes del Gobierno? ¿Por qué razón le fueron encargadas tareas secretas? ¿Por qué viajaba con su familia en vuelos de la Policía? ¿Cuál es el alcance de las denucias sobre sus intentos de gestionar contratos a cambio de dinero? ¿Por qué su voz era determinante en la Casa de Nariño? ¿De dónde y por qué acumuló un poder desproporcionado para su edad y posición?

No se trata de exigirle  a Juliana que acuse a alguien. Pero lo que quedó faltando es algo diferente y necesario: quien pretende regresar a la vida pública después de haber sido desleal con el país, tiene que estar dispuesto a explicar no solamente lo que hizo, sino también el detalle de la historia política —o personal— que lo llevó hasta allí.

Botero hizo algo particularmente difícil aquella tarde en México: señaló responsabilidades ajenas mientras reconocía todo el tiempo la propia. Eso no lo absolvió. Pero frente a mí estaba un hombre que ya no tenía una campaña que ganar, ni un ministerio que conservar, ni una carrera que salvar. Su declaración no le iba a facilitar el regreso a nada de lo que lo que había perdido.

Juliana Guerrero tiene 23 años y quiere reconstruir su vida pública y tiene derecho a intentarlo, cuando jurídicamente pueda hacerlo. Pero hay una diferencia entre admitir un hecho y contar toda la historia. Y en este caso, evidentemente no ha ocurrido.

La aceptación de Juliana Guerrero hace parte de un acuerdo judicial que le permite cerrar el proceso en condiciones muy favorables. Eso no permite juzgar la sinceridad de su arrepentimiento, pero sí apunta a una diferencia profunda: una cosa es que reconocer la responsabilidad, cuando ya no hay nada que salvar, sirve para despejar el futuro. Otra cosa muy distinta es hacerlo cuando ya no hay nada que salvar.