El nuevo sistema de salud del Magisterio: un cambio necesario, pero lleno de riesgos

Durante años, los profesores colombianos han sufrido las carencias de un precario servicio de salud. En Bogotá, obtener una cita con un médico general puede llevar hasta 15 días, con un especialista tres semanas, y para una cirugía, incluso un año. En otras regiones del país, la situación es aún más desafiante.

En teoría, los profesores deberían disfrutar de un servicio de salud excepcional, sin cuotas moderadoras, sin listas de espera prolongadas, con citas médicas disponibles en un máximo de 24 horas, y acceso a especialistas en tan solo 10 días. Sin embargo, a pesar de que el valor de la unidad per cápita por servicio es 1.64 veces mayor que el de un usuario bajo la Ley 100, la realidad ha distado mucho de estas expectativas.

El servicio ha sido deficiente durante años, con unos pocos operadores que se han beneficiado de licitaciones millonarias y una serie de errores en la prestación del servicio que han dado lugar a demandas igualmente millonarias, casi siempre perdidas por el Estado.

A finales de junio del año pasado, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) enfrentaba 79,151 demandas activas, con pretensiones económicas que ascendían a 5.8 billones de pesos, lo que lo posicionaba como la segunda entidad con más demandas en su contra. Entre diciembre y enero, Fiduprevisora firmó contratos de transacción con nueve operadores de salud del Magisterio para evitar demandas, superando el billón de pesos.

El 26 de febrero pasado, el Consejo Directivo del Fomag aprobó el pago de 1.1 billones de pesos con recursos de los rendimientos financieros del Fomag, para cubrir faltantes en la prestación de servicios de salud. Sin embargo, cinco integrantes del Comité Ejecutivo de Fecode aseguraron en una carta que se reconoció este pago a los prestadores de salud sin la debida sustentación documental por parte de Fiduprevisora.

Estos hechos evidencian los millonarios pleitos que rodean al Fomag y las diferencias tanto dentro de Fecode como en el Gobierno en cuanto al manejo del Fondo. Estas diferencias también se han reflejado en la entrada en operación del nuevo modelo de salud del magisterio.

A finales del año pasado, el Fomag preparaba una nueva invitación pública para la prestación de los servicios de salud de los profesores, pero el proceso fue cancelado debido a la falta de pluralidad de oferentes. En ese momento se anunció un plan de transición para cambiar el modelo de salud del magisterio, que se implementó el pasado 1 de mayo, generando incertidumbre entre los profesores sobre las condiciones en las que seguirían recibiendo el servicio.

La propuesta presentada por el Gobierno ha sido objeto de amplias discusiones, y la premura del proceso ha generado dudas en diferentes sectores. La Procuraduría ha descrito el proceso como improvisado, y en el mismo gobierno hay sectores conscientes de los enormes desafíos que conlleva el proceso.

El cambio en el modelo de salud del magisterio ha sido una luz de esperanza para los profesores que requieren un mejor servicio. Sin embargo, es crucial abordar los desafíos que implica esta transición, como contar con personal capacitado, establecer nuevas instituciones prestadoras de salud, coordinar eficientemente entre las entidades involucradas y garantizar la continuidad de los tratamientos médicos para evitar una mayor carga de enfermedades y mortalidad.

El miércoles pasado, muchos profesores aún no sabían dónde recibirían los servicios médicos. Ese mismo día, en la página del Fomag, se publicaron los canales de atención a los que podían acudir los maestros, eso se hizo después de mediodía. La intención es buena y el cambio en el modelo es necesario, pero hay aspectos que deben ser abordados con mayor planificación y cuidado, especialmente cuando se trata de la vida de tantos pacientes.