Los líos del contrato para la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Medellín

En pocos días será adjudicado un millonario contrato para la construcción de la primera fase del nuevo Palacio de Justicia de Medellín. Esto posiblemente sucederá a pesar de las denuncias que ya están en conocimiento de la Fiscalía.

El pasado 12 de noviembre, a través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro anunció la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Medellín. La obra que cuenta con un presupuesto de 161.511 millones de pesos se llevará a cabo en un lote de 4.266 metros cuadrados en el sector de la Alpujarra, en pleno corazón de Medellín.

El proyecto contempla la construcción de dos bloques, uno para las secretarías y atención a ciudadanos y otro con salas de audiencias, auditorio, y otras dependencias.

La obra está a cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (Anim) entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El nuevo palacio será ejecutado con recursos correspondientes a vigencias futuras de los años 2023,2024,2025,2026, según quedó definido en un acuerdo de cooperación firmado entre la Anim y el Consejo Superior de la Judicatura en 2022.

Pues bien, la administración del patrimonio autónomo para la ejecución de este proyecto está a cargo de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria, entidad que además de manejar los recursos, se encarga de seleccionar al contratista.

Paradójicamente, en un proceso para la construcción de un edificio en donde se impartirá justicia ya hay denuncias por presuntos actos de corrupción.

El pasado 8 de mayo, el abogado Javier Mayorga, apoderado del Consorcio Tribunales 2024, uno de los interesados en el proceso, le solicitó a la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría ocuparse del proceso.

Según lo argumentado por el jurista, durante la selección se pudieron haber cometido una seguidilla de delitos en contra de la administración pública.

Las presuntas irregularidades tendrían que ver con que integrantes del comité evaluador habrían habilitado la participación de un interesado que, según el denunciante, no cumplía con los requisitos.

Según la denuncia, Prabyc Ingenieros, sociedad que hace parte del Consorcio Tribunales Antioquia 2024, se presentó sin que tuviera el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente. Los denunciantes también alegaron que había otro tipo de incongruencias en la información suministrada por dicho consorcio.

Hace apenas dos días, los evaluadores designados por la Fiduciaria y la Anim presentaron la evaluación final de las propuestas.

El único oferente habilitado fue justamente el Consorcio Tribunales Antioquia 2024 con una puntuación de 98,4 sobre 100.

El comité evaluador desestimó las observaciones hechas por los denunciantes y otros interesados.

Curiosamente, en otros procesos adelantados por la misma fiduciaria, proponentes resultaron descalificados por inconsistencias con el RUP.

Esta columna se comunicó con Nicolás Corso Salamanca, director general de la Anim. Corso dijo que desconocía la existencia de la denuncia y agregó que el proceso ha sido público y todas las decisiones tomadas han sido debidamente publicadas.

Corso es un viejo colaborador del presidente Gustavo Petro. Durante su alcaldía fue gerente de Metrovivienda y suscribió un convenio para la construcción de 700 viviendas de interés prioritario en Usme. Pero esas viviendas hoy no existen, dicho convenio fue firmado inicialmente con la Asociación Simón Bolívar, y posteriormente cedido a la Corporación Gestión y Desarrollo, en ese entonces representada por Mery Janneth Gutiérrez, cuyo nombramiento como ministra de las TIC, fue descartado por el presidente Gustavo Petro al inicio de su mandato.

La Fiscalía solicitó al juez que conoce el caso de Corso precluir la investigación en su contra.